El caso Mediador no admite cierres en falso

No parece que los dirigente del PSOE sean conscientes del potencial daño político y electoral del último caso de corrupción que les afecta. No sólo porque la mayoría de sus portavoces ministeriales se hayan acogido al comodín de señalar al Partido Popular como epítome de corruptos, cantinela de difícil digestión para una opinión pública últimamente curtida en los Eres, sino porque la descripción de los hechos del sumario judicial, unida a las declaraciones inculpatorias de quien acusado de delitos que suman más de 20 años de cárcel ya no tiene nada que perder, retratan unas prácticas que nos retrotraen a otros episodios de la historia reciente socialista igual de escabrosos y con el denominador común de la venta de favores en la concesión de contratos y subvenciones públicas a empresarios venales, cierto, pero, también, a otros emprendedores a quienes «se estrangulaba» en las vías administrativas y burocráticas para invitarles a pasar por caja.

Hablamos de una trama de la que apenas asoma judicialmente una parte de la cabeza, pero que –siempre a expensas de lo que pueda probar la instrucción judicial, asistida con entusiasmo perfectamente descriptible por una Fiscalía que no ha pedido prisión preventiva para el ex diputado socialista considerado como artífice del negocio–, se extiende más allá de las Canarias y en ámbitos tan regulados administrativamente como las energías renovables y las nuevas tecnologías aeronáuticas.

Terrenos, como el urbanismo, en los que la burocracia y las cautelas abonan la arbitrariedad y animan a los «conseguidores» de turno a enlazar con los gestores de lo público. Lo de menos es el «estilo», más bochornoso o más sofisticado, de un modus operandi viejo como el mundo y que hubiera aconsejado a los supuestos adalides de la pulcritud y la transparencia un poco de mesura ante los casos ajenos, mientras crecían los propios.

Pero una vez utilizada la corrupción, supuesta o cierta, como arma arrojadiza contra el adversario; una vez instrumentalizados los procedimientos judiciales para obtener ventaja política en las urnas, sería caer en angelismos por parte del PSOE si creyera que todo el asunto va a morir con la entrega del acta por parte del diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias, «Tito Berni». No parece que vaya a ser así, entre otras razones, porque parece probado que por las cenas pasaron otros diputados socialistas, con influencias por su participación en comisiones del Congreso relacionadas con la energía y, por lo tanto, con las políticas de subvención de fuentes renovables. Por supuesto, prima la presunción de inocencia en absolutamente todos los casos, por más que la dirección socialista se haya apresurado a condenar al diputado Fuentes Curbelo, que participó en la comisión de Hacienda, en cuento estalló el escándalo, en lo que tiene todos los visos de un intento de cierre en falso del problema.