Un dique europeo contra la amnistía

La izquierda progresa con rapidez y sin escrúpulos en la construcción de una narrativa política y sociológica favorable a la amnistía de Carles Puigdemont y el resto de procesados por el golpe contra el orden constitucional en Cataluña. La maquinaria poderosísima de Moncloa ha dispuesto el argumentario y la estrategia y ha puesto en juego a todos los ministros en funciones y portavoces disponibles. La determinación es absoluta y la orden de Pedro Sánchez resulta tajante en el cumplimiento de las exigencias del prófugo de la Justicia para que sus imprescindibles votos se sumen al resto de los de Frankenstein y que el presidente del Gobierno amarre otra legislatura. Está armado un bloque en el que, por supuesto, hay que contemplar el papel protagonista e indispensable de la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional, que no vacilará en enmendar su propia doctrina sin pudor ni rubor alguno.

Llegados a este punto, y con las cartas encima de la mesa, a partir de la voluntad firme de Pedro Sánchez de utilizar cualquier medio para lograr su ambición, sin reparar en fundamentos constitucionales ni principios básicos del estado de derecho, esa ley del punto final para los delitos del procés, en la que la democracia capitula ante sus enemigos, parece descontada. Y, sin embargo, hemos defendido y defenderemos que ni la democracia ni los representantes de la soberanía nacional ni el mismísimo sujeto de esa soberanía, que somos todos, pueden caer en la resignación ni en el derrotismo en una hora crítica para la nación, que lo es para el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos.

Más allá de que el rodillo de Sánchez y Pumpido se aplicará sin contemplaciones, hay una vía para que el Tribunal Supremo y cualquier otro órgano jurisdiccional puedan rebatir los desmanes arbitrarios que se avecinan del intérprete supremo de la Carta Magna. Podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante una ley de amnistía que afecte a los procesados por el alto tribunal, así como elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría paralizar la aplicación del indulto colectivo, si bien este extremo está sujeto a controversia jurídica.

Lo que está claro es que Europa y sus normas, libres de la colonización y la politización de la izquierda española, emergen como un ámbito en el que al menos se dan las condiciones para un litigio mínimamente justo. No será sencillo que Bruselas trague con que la tabla rasa para los golpistas que urde el sanchismo respeta el Derecho de la UE, especialmente firme y exigente contra delitos de corrupción como el de la malversación, que forma parte del grupo de ilícitos incluidos en las causas sobre el procés. Bruselas está empeñada en fortalecer la persecución de esas conductas. La UE es uno de esos campos donde se juega la dignidad del estado, que se abre como una oportunidad de reponer el orden y la justicia contra aquellos pocos que quieren decidir la suerte de un patrimonio que es de todos.