Con ocurrencias no se construyen viviendas

La propuesta de la izquierda radical para transformar en indefinidos los contratos de arrendamiento de viviendas, por cierto, un remedo de la «renta antigua» del régimen franquista que convirtió el mercado de alquiler inmobiliario en un sector residual y favoreció con el -paso del tiempo toda clase de abusos, es una ocurrencia más de un gobierno incapaz de hacer frente al problema de la vivienda, fundamentalmente, porque le embarga una ideología que demoniza el negocio de la construcción como si fuera una actividad meramente especulativa e inmoral y no una industria como cualquier otra.

Nos hallamos, además, ante una manera de gestionar los desafíos públicos que sólo mira al cortísimo plazo y que fía en la propaganda más que en la previsora planificación la supervivencia del Ejecutivo. Así, mientras su presidente, Pedro Sánchez, no ha hecho otra cosa que anunciar grandes proyectos inmobiliarios, con números tan variables como en las nubes, la comunidad de Madrid, por poner un ejemplo especialmente molesto para el equipo gubernamental, ha levantado 10.775 viviendas protegidas en dos años y sigue adelante con nuevas promociones de alquiler asequible para jóvenes.

La palmaria realidad es que el mercado inmobiliario español presenta déficits propiciados no solo por la evolución al alza de una población de origen inmigrante que no deja de crecer, sino por las trabas burocráticas de todo tipo, las limitaciones de las leyes del suelo y la absoluta indiferencia de unos gobernantes que sólo han reaccionado cuando la situación se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles en todos los estudios de opinión pública. Por supuesto, no toda la culpa es del actual gobierno, como demuestra un estudio somero de las vicisitudes de los grandes proyectos urbanísticos, con retrasos que se miden en décadas, al tiempo que se multiplicaba la judicialización del mercado inmobiliario en nombre del medio ambiente o de la lucha contra una especulación que sólo existía en muchos casos en los prejuicios de los demandantes.

Y llegados a una situación casi imposible, con una izquierda gobernante que considera un «éxito histórico» que más de dos millones de trabajadores accedan a un salario mínimo que ni siquiera permite alquilar un piso de dos habitaciones en cualquier ciudad emergente, se legisla desde el populismo más pedestre, con fórmulas de control de precios que no sólo han venido fracasando allí donde se han aplicado, sino que suponen trasladar la responsabilidad sobre los hombros de los propietarios de viviendas, caracterizados como especuladores sin conciencia. Ciertamente, no es con ocurrencias como se construyen las viviendas que España necesita. Hace falta voluntad política y, sobre todo, diálogo entre las administraciones concernidas, aunque al Gobierno no le guste el PP.