El paraguas de la UE, como último recurso

La proposición de ley de amnistía, desde su mismo preámbulo, plantea serias dudas de legalidad a la luz de la jurisprudencia acumulada por los tribunales españoles y, también, por dictámenes emitidos en el ámbito gubernamental, señalando la «clara» inconstitucionalidad de tal medida de gracia como, sin ir más lejos, se concluía en el informe del Ministerio de Justicia con respecto a los indultos de Oriol Junqueras y demás condenados por el Supremo.

Se cuenta, además, con el proceso de tramitación parlamentaria, que incluye el paso de la ley por el Senado, que, gracias a la reforma de su Reglamento, permitirá examinar con detenimiento y en profundidad el contenido de una proposición que el PSOE, aunque sería mejor decir el Gobierno, pretende liquidar por el procedimiento de urgencia, pese a su trascendencia política y social.

Y, por supuesto, está la última aduana de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse sobre una ley que exige dos reformas complementarias, una del Código Penal, que no contempla la posibilidad de una amnistía, y no por omisión, y otra, del reglamento del Tribunal de Cuentas, lo que refuerza la presunción de inconstitucionalidad de la norma.

Es a partir de este punto cuando cabe preguntarse por qué se ha instalado en la ciudadanía, en la oposición y en la mayoría de los estamentos judiciales y de la Administración Pública la sensación de que la suerte está echada y de que nada de lo que se aborde desde las instituciones nacionales podrá impedir que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, abone el pago de su reelección.

Y la respuesta, desalentadora, hay que buscarla en la actual composición del Tribunal Constitucional, con una mayoría «progresista» y con varios de sus magistrados vinculados de antiguo al PSOE. Esa es la realidad que percibe la opinión pública y que no es posible disimular. De ahí, que instintivamente, todos los ojos se hayan vuelto hacia el escudo protector de la Unión Europea, como último recurso de defensa de un modelo democrático occidental que si algo debe garantizar es la separación de poderes. Y cuando decimos «todos los ojos», incluimos al Gobierno, que se ha apresurado a enviar su argumentario a Bruselas, consciente de lo endeble de su posición.

No vamos a desgranar en este momento las causas razonables que aconsejan pedir el amparo europeo, análogas a las que se expusieron en los casos de Polonia, Rumanía y Hungría, porque lo que importa señalar es que la oposición española, encabezada por el PP, cuenta con el apoyo del Partido Popular Europeo, la formación con mayor peso en Estrasburgo, y que siempre ha mantenido posiciones inequívocas cuando ha estado en juego la independencia de la Justicia y de los tribunales, principal garantía de las libertades públicas.