Pobreza en España, silencios cómplices

Sin duda, el dato más llamativo que proporciona el último informe sobre la pobreza en España es el que da cuenta de que 1,4 millones de personas con educación superior se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, es decir, el doble de los que había en 2008, pero esta realidad, con ser significativa, palidece ante el hecho de que una de cada tres personas en situación de pobreza tiene un empleo remunerado que no le da para vivir. Retrata a un mercado laboral precarizado, con bajos salarios, en el que ha hecho estragos la inflación, sí, pero sobre todo el encarecimiento de la vivienda, que obliga a dedicar el 39,1 por ciento de los ingresos entre los hogares más desfavorecidos.

Hay más datos desalentadores en un país en el que la mitad de sus habitantes no llegan a final de mes o en el que más de cuatro millones de personas sobreviven con ingresos inferiores a 560 euros mensuales por unidad de consumo, pero asombra el silencio cómplice de las organizaciones políticas, sindicatos y agentes económicos vinculados a las izquierdas ante una situación social que nos retrotrae a los peores momentos de la crisis financiera internacional de 2008.

Contrasta este silencio con el estallido de las campañas de denuncia que sufrió el gobierno de Mariano Rajoy y, ciertamente, se echan en falta esas «mareas» de empleados públicos de la Sanidad o la Educación que protestaban en calles y plazas contra las políticas económicas y sociales de un gobierno de centro derecha, abocado a reconducir la situación de quiebra de las instituciones financieras del Estado.

Pero si desde la supuesta superioridad moral de la izquierda está institucionalizada la política del doble rasero, lo que está sucediendo con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez es la elevación a una de las bellas artes de esa doble vara de medir. Como hoy publica LA RAZÓN, el gobierno «de progreso» ha remitido a la Unión Europea un plan presupuestario en que se congelan las partidas dedicadas a la Sanidad, pese a la situación de las listas de espera –la peor en toda la historia reciente–, la Educación y la protección medioambiental, mientras se reducen las de Protección Social, Seguridad y Orden Público, y Vivienda.

Se congelan, hay que insistir en ello, unas partidas que ya estaban infravaloradas en el presente ejercicio, mientras la propaganda gubernamental hacía las loas del «escudo social» y de otras medidas progresistas que nada aportan a las necesidades del común de la población. Se mire por donde se mire, la realidad es la de un gobierno muy incompetente, salvo a la hora de extraer recursos fiscales a quienes generan la riqueza. Un gobierno que goza de la bula de quienes, por el contrario, siempre encuentran una excusa para exigir a los políticos del centro derecha más y más gasto público. Pero esos silencios cómplices no ocultan la realidad que padece en sus carnes buena parte del cuerpo social.