Una reforma judicial bajo legítima sospecha

El más elemental principio de precaución aconsejaría a un gobierno en la complicada situación judicial del actual Ejecutivo abstenerse a la hora de modificar las condiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales, so pena de que la opinión pública se vea sacudida por legítimas sospechas de parcialidad y sectarismo ideológico, nada menos que en la habilitación de los hombres y mujeres que deben administrar la Justicia en España y velar por la independencia de los tribunales. Más aún si cabe, cuando hablamos de un gobierno en minoría parlamentaria, forzosamente apoyado por unos socios nacionalistas de investidura que tienen cuentas particulares pendientes con la Judicatura y que nunca han ocultado su intención de crear un sistema judicial propio, segregado de los tribunales del Estado.

Sin embargo, no parece que la prudencia sea una de las virtudes que adorna al sanchismo y los mismos representantes gubernamentales que impulsan una campaña contra los jueces que instruyen los procedimientos penales que implican a distintas esferas del Gobierno, especialmente a La Moncloa, se disponen a abrir una gatera en el tasado sistema de acceso a una Judicatura que las izquierdas gobernantes han denostado por elitista, conservadora y privilegiada, ocultando deliberadamente que el sistema en uso se asienta en los pilares constitucionales de mérito y capacidad, también de igualdad, que deben regir en todo momento el acceso a la función pública.

Por supuesto, en la izquierda, la pulsión parasitadora del Poder Judicial, a través de la colocación por vías extraordinarias de funcionarios con supuesta adscripción partidista, no es nueva. Pero si en los albores de la Transición podía tener alguna justificación la figura del «cuarto turno» para equilibrar un cuadro judicial directamente heredado de la dictadura –cuadro, todo hay que decirlo, que aplicó escrupulosamente en su abrumadora mayoría las nuevas leyes de la democracia–, 47 años después de la entrada en vigor de la Constitución española y plenamente asentado el sistema judicial español carece de cualquier justificación. Menos aún, la habilitación como jueces profesionales de los juristas que actúan como sustitutos y que no han superado el exigente proceso de selección en vigor.

Como denuncian las principales asociaciones de jueces y fiscales, el nuevo procedimiento no solo no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales, sino que consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que abre la puerta a futuras convocatorias similares. Y, añadimos nosotros, traslada a la ciudadanía la preocupante sensación de que no se buscan buenos jueces, sino magistrados sin oposición «simpáticos» al Gobierno socialista.