Un testigo pertinente, obligado a ser veraz

La anunciada citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare en la llamada «comisión Koldo» del Senado no prejuzga conducta alguna y sí tiene una legitimación clara, más allá de la pugna partidista, en la avalancha de noticias sobre extraños manejos de dinero en metálico en el ámbito de la Secretaría General del PSOE, con sede en la madrileña calle de Ferraz, y que deberían ser aclaradas a la mayor brevedad posible, incluso, si no responden a una tipificación penal. Se nos dirá que el jefe del Ejecutivo puede ser emplazado en otros escenarios, como en el Congreso o en una comparecencia con los medios de comunicación, pero lo cierto es que Pedro Sánchez no se caracteriza por la concisión y la pertinencia de sus respuestas públicas a preguntas públicas, más bien tiende a irse por las ramas o a entrar en debates acusatorios con el interlocutor, cuando, por el contrario, en la citada comisión parlamentaria tendrá que ajustarse a lo preguntado y con la obligación de ser veraz en sus respuestas. Insistimos en que no se infiere culpabilidad alguna de los comparecientes, sino el deseo de que el líder socialista, con una ascendencia y autoridad orgánica sobre la formación de la que no han gozado sus antecesores, explique las dudas que han surgido sobre la financiación del partido y el inusual manejo de dinero en metálico, y no en pequeñas cantidades. Al fin y al cabo, dos de su más recientes secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, no sólo están investigados penalmente por malversación de fondos públicos y otras corruptelas, sino que figuran, presuntamente, como destinatarios de unos sobres que parecen surgidos de otras épocas, ya muy lejanas, cuando ni estaban en servicio los modernos instrumentos bancarios de transferencias pecuniarias entre cuestas corrientes ni se habían puesto en marcha tantas medidas de prevención de pagos en metálico, sin recibos comprobables por las autoridades tributarias y policiales, para luchar contra la evasión fiscales y las bandas del crimen organizado. Conviene que alguien con responsabilidad responda de las crecientes sospechas, una vez que entre los dirigentes del partido se recurren a falsas excusas, caso del portavoz Patxi López, que no hacen más que extender la confusión. Por su puesto, puede el inquilino de La Moncloa mantener su actitud sobrada y retadora -ese «ánimo, Alberto»- y aferrarse al comodín de la conspiración antigubernamental, pero no creemos que sea lo que esperan los ciudadanos de este país de sus representantes institucionales. Porque, al final, como ha ocurrido, dicho sea de paso, con la personación como entidad perjudicada de la Universidad Complutense en el caso de Begoña Gómez, la realidad judicial, también política, se va abriendo paso pese a todos los obstáculos que el poder de un gobierno, que es mucho, va interponiendo por el camino.