Coronavirus

La nueva amenaza para los colegios concertados: la “ventanilla única”

La Administración toma el control de la admisión de alumnos en algunas autonomías. Temor al desvío de estudiantes de centros concertados a públicos

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Se abre el plazo para solicitar colegio (en la mayoría de las autonomías en la segunda quincena de mayo y la primera de junio), y con ello una nueva amenaza para los colegios concertados: la «ventanilla única». En pleno estado de alarma, algunas comunidades autónomas están organizando el proceso de admisión de alumnos de manera telemática, han tomado el control del proceso de admisión de alumnos frente a los colegios. Así, este año los padres tienen la opción de solicitar plaza a través de una web habilitada por la Administración educativa, han abierto una «ventanilla única» para tramitar el proceso.

Eso evita acudir al colegio a entregar de manera presencial la documentación necesaria a la espera de saber si el menor será admitido en el centro el próximo curso académico. Esto ocurre o se está planteando hacer en Extremadura, Asturias, Comunidad Valenciana y Navarra y ha puesto en alerta a los colegios concertados ante el temor de que esta práctica se extienda. ¿Por qué? El problema reside en que la solicitud no pasaría por las manos del colegio, que ya no se encargaría, como hasta ahora, de la baremación del alumnado que solicita plaza en su centro. La Administración sería ahora la que se encargaría de tramitar el proceso y la Inspección supervisaría que las normas se aplican correctamente, que asumiría el papel de la llamada comisión de escolarización, compuesta por representantes de los centros, profesorado y los padres.

¿Qué peligros tiene? «La Administración asume competencias que no le corresponden, que son de los colegios y puede haber una posible desviación de alumnos de la escuela concertada a la pública, hay una mayor opacidad en el proceso y esto puede tener como consecuencia que, unido a que hay menos nacimientos, repercuta en la pérdida de clases o líneas de concierto; con esta medida vemos peligrar nuestros centros», lamenta Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, que cuenta con 2.000 centros educativos de toda España en los que estudian más de 1.200.000 alumnos. Centeno cree que pedir plaza para un hijo en un colegio «es una actividad esencial, igual que se permite ir a la gente a comprar o salir a pasear, ¿por qué no se le va a permitir ir a solicitar plaza a un colegio?».

Joaquín Manso, asesor jurídico de Escuelas Católicas en Asturias, cree que esta medida iría contra el artículo 86.3 de la LOE, que expone que «las familias podrán presentar al centro en el que deseen escolarizar a sus hijos las solicitudes de admisión que, en todo caso, deberán ser tramitadas». Es más, cree que todo es consecuencia de la orden ministerial que regula el tercer trimestre del curso que «deja libertada las autonomías para no aplicar normas contenidas en decretos o incluso en una ley orgánica (LOE) y que concierne a competencias estatales de carácter exclusivo vulnerando principios constitucionales básicos con el pretexto de la situación extraordinaria que vivimos». Así, el centro se convertiría en «un simple sujeto pasivo que se limita a recibir instancias que le remita la consejería sin tener conocimiento de ellas más que a posteriori y se elimina cualquier vínculo con los padres”. Desde su punto de vista, el temor es que “este sea un primer paso para propiciar que en algún momento se plantee una distribución planificada del alumnado».

“El cambio vulnera la libertad de los padres”

El cambio en el procedimiento de admisión de alumnos «facilita la orientación del alumno por parte de la Administración hacia el centro que ella misma considere, lo que vulneraría la libertad fundamental de los padres, la libertad de enseñanza que se ejercita de forma primordial en la elección de centro», dice Daniel Turiel, director del colegio FEC Santo Ángel de Oviedo. Su deseo ahora es que la nueva situación “no sea motivo para sustraer un derecho fundamental de los padres porque las experiencias pasadas unidas a este nuevo procedimiento intervenido y controlado por la Administración nos dibuja un panorama nada tranquilizador”.