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La Xunta aprueba el complemento de 218 euros a las pensiones no contributivas

Unos 37.000 gallegos que no pudieron cotizar a la seguridad social percibirán esta prestación, que consolida la subida del 5,8% que ya se aplicó el año pasado

Dos jubilados pasean por un parque de Moratalaz (Madrid)
Galicia es una de las pocas comunidades autónomas que mantuvo de manera ininterrumpida este complemento durante los últimos 16 años.David JarLa Razon

El consello de la Xunta ha aprobado en su sesión de hoy el pago del complemento extraordinario de las pensiones no contributivas.

El anuncio, realizado por el presidente Alfonso Rueda en su comparecencia ante los medios, supondrá que alrededor de 37.000 personas que perciben en Galicia una pensión no contributiva recibirán el complemento extraordinario de la Administración autonómico.

El objetivo de dicho complemento es mejorar la capacidad adquisitiva de aquellos gallegos que no pudieron cotizar a la seguridad social.

De este modo, según ha precisado Rueda, el Gobierno gallego aportará a estas personas una ayuda extraordinaria de 218 euros, “abonado de oficio” en un único pago anual que recibirán de manera automática en sus cuentas bancarias sin necesidad de que lo soliciten y sin llevar a cabo ningún trámite adicional.

Rueda ha apuntado que la Administración autonómica destina algo más de 8 millones de euros a este complemento, que está dirigido a beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, del fondo nacional de asistencia social y del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Además, el presidente gallego ha destacado que “se consolida” el incremento del 5,8 % en la cuantía de este complemento que ya se aplicó el año pasado, y se adelantara de nuevo su pago al mes de febrero, ya que anteriormente estas ayudas se pagaban a finales de cada año.

Rueda ha puesto en valor que Galicia es una de las “pocas comunidades autónomas” que mantuvo “de manera ininterrumpida” durante los últimos 16 años esta ayuda extraordinaria que no es obligatoria, pues son los propios ejecutivos autonómicos los que deciden su aplicación.