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18-O, el fin del procés: Junqueras no quiere otra DUI y Torra descarta elecciones

Después de la huelga general ERC, CUP y JxCAT seguirán en su pelea ante el 10-N.

  • Joaquim Torra saluda ayer en el Palau de la Generalitat a miembros de su Govern que acudieron a la declaración institucional tras hacerse pública la sentencia. Foto: Shooting
    Joaquim Torra saluda ayer en el Palau de la Generalitat a miembros de su Govern que acudieron a la declaración institucional tras hacerse pública la sentencia. Foto: Shooting

Tiempo de lectura 5 min.

15 de octubre de 2019. 14:43h

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Toni Bolaño 15/10/2019

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia y el independentismo, como no podía ser de otra manera, ha salido a la calle para protestar contra un auto que consideran un «ejemplo de la represión de la Ñ», como se refieren a España. El plato fuerte de la protesta se plasmará el próximo viernes con una huelga general convocada, varias columnas que llegaran a Barcelona desde diferentes puntos de Cataluña, huelga estudiantil y actividad febril de todas las organizaciones «civiles» independentistas. Hasta el viernes, el goteo de acciones «no violentas» con cortes de carreteras y vías de comunicación, además de manifestaciones y concentraciones por todas las comarcas catalanas.

Hasta ese momento, el independentismo cerrará filas contra el adversario –en las redes sociales más que adversario es enemigo– y contra la sentencia que consideran «desmesurada», «totalmente injusta» realizada por un tribunal que no ha «respetado los derechos de los acusados» ni «la presunción de inocencia». Las reacciones siguen un guión preestablecido que el presidente Torra se encargó de concretar: causa general contra el independentismo, rechazo a la sentencia y ataque a Cataluña porque es un ataque de la ley contra la democracia, con la petición final que marcará el debate político: «Amnistía para todos los represaliados».

Las movilizaciones previstas por el conjunto del independentismo se mantendrán hasta el viernes, pero todos los actores soberanistas saben que el viernes acaba el procés, que Artur Mas empezó en 2012, y se abre un nuevo escenario político. Torra marcó la pauta en su discurso: movilización, petición de amnistía –desapareciendo del diccionario independentista la petición de indulto–, solicitud de una reunión con el Rey y con el presidente del Gobierno, y desaparición de la palabra desobediencia y el olvido del «camino a la República», algo habitual en sus alocuciones.

A partir del viernes y ante una convocatoria electoral, las tres formaciones políticas ERC, CUP y JxC, fijarán sus posiciones y la unidad quedará como una entelequia a la que sólo se recurrirá para hablar de los presos, que con la sentencia pueden en unos pocos meses estar en libertad acogiéndose a alguno de los preceptos penitenciarios. Porque la sentencia del Tribunal Supremo, ha tenido una virtud. Con la sentencia, el «procés» ha muerto y el independentismo se agolpa a un nuevo escenario político.

Por eso, con la vista puesta en estas elecciones empiezan a tomarse posiciones. ERC no oculta su preocupación por la reactivación de la euroorden de detención para los seis fugados, sobre todo, la de Puigdemont. Los republicanos consideran que una posible detención del ex presidente catalán podría convertirlo en «un mártir», lo que enturbiaría la contienda electoral.

ERC ha renovado su cúpula directiva ante la más que previsible sentencia que inhabilitara, como así ha sido, a los líderes implicados en el 1-O, para hacer frente a este cambio de escenario. Cosa que no ha hecho Junts per Catalunya. Ni Puigdemont ni Torra son los líderes que necesita el independentismo de derechas que queda descolocado tras la sentencia porque no tiene ni líderes en España ni fuera de España. Por eso, Junts per Catalunya apuesta por la confrontación con el Estado, aunque más parece una táctica discursiva que de hechos. Torra ha renegado de la desobediencia y ha pasado la pelota del rechazo institucional a la sentencia al Parlament, bajo la presidencia del republicano Roger Torrent. ERC, por su parte, está marcando una hoja de ruta pragmática para hacerse con la dirección del movimiento independentista que la historia reciente siempre le ha negado. Pere Aragonés, actual vicepresidente del Gobierno, se ha mantenido al margen de las algaradas de Torra y ha frenado, siempre, la escala de provocaciones. Aragonés, junto con el núcleo duro de Oriol Junqueras, quiere un presidente republicano al frente de la Generalitat para gobernar «mientras trabajamos por alcanzar la República». Un camino que los republicanos no quieren hacer con una Declaración Unilateral porque «la sociedad catalana está dividida y una parte no puede imponerse a la otra», y porque han constatado la soledad en Europa a la reivindicación independentista.

A estas dos opciones se suma una tercera, la CUP, que en estrategia y objetivos tiene unidad de criterio con JxC. Ambas formaciones, con el respaldo de la Asamblea Nacional Catalana y los propios CDR, además de movimientos «anti partidos», que campan a sus anchas en las redes sociales criminalizando a los dirigentes republicanos. Estos sectores «anti partidos» tendrán su protagonismo en esta semana, sobre todo, si la reacción supera los límites de lo permitido en materia de seguridad.

Del resultado de las elecciones del 10-N se vislumbrará cual es el panorama en Cataluña. Una nueva victoria de los republicanos enfriará el entusiasmo de Torra para convocar elecciones. Sin embargo, Torra tiene difícil evitarlas sino consigue aprobar los presupuestos. Para ello, depende casi única y exclusivamente de la CUP que podría dar su voto afirmativo a cambio de tensar más la cuerda con el Estado, cosa que no parece probable. Las miradas también se dirigen a los Comunes de Ada Colau que se tientan la ropa ante una cita electoral al que no llegan en su mejor momento.

De momento, Torra y Puigdemont cierran todas las puertas a una nueva convocatoria electoral. Su formación va renqueante, no hay líder sobre la mesa y la unidad entre los diferentes sectores sólo se mantiene por el propio Puigdemont, aunque el PDeCAT cada día muestra de forma más evidente su rechazo, aunque, de momento, acata sus decisiones. En el bando constitucional, todos se aprestan a un adelanto electoral. Socialistas y Populares porque aspiran a romper la hegemonía de Ciudadanos del año 2017 que, en caída libre, puede quedar noqueado ante unas nuevas elecciones. Además, el impacto de las generales en el futuro de Ciudadanos en Cataluña puede ser demoledor si como apuntan las encuestas Albert Rivera tiene un sonoro voto de castigo. Quizás como dijo ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, estamos ante los últimos estertores del procés, pero que nadie se equivoque, no del independentismo que continuará amasando mayorías. Solo la ruptura del independentismo puede abrir un nuevo escenario en Cataluña.

Un escenario que pasa por la alianza de los que defienden la convivencia y el diálogo –socialistas y republicanos– y que abogan por dejar de lado el enfrentamiento. La última encuesta de LA RAZÓN daba a esta opción la mayoría absoluta que tendría consistencia además si se sumaran los Comunes.

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