Julio Valdeón: No caminaban sobre las aguas

La sentencia de los ERE, la primera de varias que esperan en la pocilga de las panoja a cambio de lealtades, ha levantado la tapa de los sesos al argumento de la superioridad moral. Los socialistas andaluces no caminaban sobre las aguas ni eran ajenos a la cultura del guinde. Pusieron en pie una estructura digna del caciquismo del XIX, untaron a las bases y los gorillas, recaudaron apoyos por manduca, se hicieron fuertes en San Telmo con el dinero público. Hubo juergas con putas, historias de cocaína dignas de una novela de Bret Easton Ellis, sultanes que recibían en el bar, entre las máquinas tragaperras y los cubatas de ginebra o whisky, empresas favorecidas, votos cautivos. Los arquitectos del emporio disponían de escolástica al respecto. La hoy vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, consejera de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2004, con ocasión de una entrevista de hace quince años, ya había explicado que «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie». En su apuesta por sí mismos los mandarines, reyes del olivo, la dehesa y las buganvillas, no repararon en gastos ni tuvieron problema en expropiar una cantidad que en las viejas pesetas supera los cien mil millones. La juez Mercedes Alaya apuntaba a una trama sistémica de corrupción, diseñada por el gobierno de Andalucía para comprar favores, tapar bocas y dominar la poltrona con la faraónica intención de eternizarse. Más que un campo de juego democrático o una competencia por el poder legitimada en las urnas aspiraban a reinar en un ecosistema de pringue absolutista. Su anhelo esencial pasaba por fundar una dinastía egipcia. A Menmaatra Sethy, más conocido como Seti I, le sucedería Usermaatra Setepenra, Ramsés II para los amigos, y así hasta que el los cocodrilos del Nilo criasen pelo o el dios Amón decretase que el Sol no viaje más con Nut durante la noche con la intención de renacer al alba. Normal que Alaya recibiera un aluvión de hostias desde la artillería reclutada para la causa. No olviden aquella columna inolvidable donde una célebre novelista, señora de la horca, dudaba de la magistrada en atención a detalles tan sospechosos como su cutis bien cuidado o su encomiable capacidad para llegar cada mañana a la puerta de los juzgados sin arrastrar la lengua o lucir ojeras malvas. Aquellos trabajos de killer apestaban a operaciones de control de daños caiga quien caiga. Existían precedentes: al juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, lo dejaron tirado muchos de sus colegas y falleció de un infarto a la edad de 72 años, después de soportar todas las calumnias imaginables y dimitir como juez del Tribunal Supremo. En el afán por hacer cestos de votos y retribuir a los soldados el caso recuerda los usos de aquella Cosa Nostra que en la Sicilia posterior a la II Guerra Mundial conspiró para que la orquesta roja no rozase el poder y los democratacristianos fueran emperadores plenipotenciarios del chiringuito. A la sentencia le han seguido acusaciones cruzadas, letanías desde la orilla del PP a cuenta de quién robó más, respuestas sobre la teórica bondad de un saqueo que no tenía como objeto comprar óleos sino urnas. Pero yo tengo mis dudas: en cuanto a la salud del sistema parece más letal un latrocinio que lejos de enriquecer al chorizo de turno, resumido en el hombre que esquiaba en Suiza y escuchó susurrar a varios presidentes, tuvo por objeto dopar a un partido, adulterar la competencia, calcinar un parlamento y jibarizar rivales. Antes que resolver quién robó con más finezza toca asumir las culpas. Ahí fuera acecha con el cuchillo en la boca el batallón de calumniadores, populistas varios, enemigos de un país situado en el puesto 13 del Global State of Democracy 2019.