Sánchez cambiaría a la Fiscal General como gesto a ERC

Los condenados del «procés» han entrados de lleno en la negociación entre ERC y PSOE de cara a una próxima investidura de Pedro Sánchez y por ello exigen que la Fiscalía no recurra la clasificación en grado que deben realizar esta semana los Servicios Penitenciarios. En este escenario juega un papel relevante la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, quien en todo momento ha mantenido una actitud de firmeza en esta causa y respaldado en todo momento a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la acusación pública en toda la instrucción y posteriormente el enjuiciamiento. De hecho, la Fiscalía se ha opuesto a la práctica totalidad de reclamaciones de los acusados, desde las peticiones de libertad de los acusados que concurrían a las elecciones hasta la de retrasar la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras –que tendrá lugar el próximo día 19– y, en su caso, el alcance de la misma.

La primera cuestión complicada a la que se va a tener que enfrentar el Ministerio Público será cuando los Servicios Penitenciarios clasifiquen a los condenados por esa causa. Si es en segundo grado ordinario no se planteará problema alguno; que sí puede surgir, en cambio, si se les otorga directamente el tercer grado o se les clasifica en segundo grado pero con aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciarios, que les permitiría en la práctica disfrutar de las mismas condiciones que si estuviesen en tercer grado.

En esas circunstancias, la postura del Ministerio Fiscal en coherencia con la mantenida hasta ahora debería ser la de recurrir cualquier clasificación que suponga un trato de favor a presos que han sido condenados a penas muy elevadas para los nueve principales acusados, entre nueve y tres años de prisión. Y es que no se puede olvidar que la Fiscalía reclamó, sin éxito por su parte, que se estableciese en sentencia que los condenados no pudiesen acceder al tercer grado haber cumplido la mitad de la pena impuesta, algo que no sucederá hasta dentro de dos años para aquellos condenados a nueve, y de otros cinco en el caso de Oriol Junqueras. Además de mantener el delito de rebelión frente a las voces del Gobierno que apelaban a una modificación por el delito de sedición, como hizo la Abogacía del Estado.

Y aquí entraría en juego una de las «presiones» de ERC al PSOE, que pasarían por sustituir a Segarra, cuya independencia ha sido puesta en valor por todos los fiscales y asociaciones, por otro que no tuviese unos planteamientos tan rígidos en este procedimiento; un fiscal que estuviese más «en sintonía» con los »gestos» que reclaman los independentistas. Todo ello porque, además, cada seis meses como máximo se debe hacer una nueva evaluación de los internos y adecuar su clasificación; pero ese plazo es de máximo, es decir, que nada impide que se pueda hacer en dos meses o cuando se estime oportuno. Por tanto, la figura del fiscal general es clave no solo ahora, sino en posteriores clasificaciones, permisos, etc.

En este punto, cabe recordar cómo en plena campaña preelectoral Pedro Sánchez llegó a manifestar que la Fiscalía depende del Gobierno. Fue en una entrevista en RNE cuando, a raíz de la situación de Puigdemont, el periodista le preguntó: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?», Preguntas que el propio periodista contestó con «del Gobierno», a lo que Sánchez apostilló: «Pues ya está». Poco después, el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno se vio en la necesidad de reconocer que no había estado muy acertado, pero esa idea quedó muy marcada en el mundo de la Fiscalía y en el político.

Pero, a la vez, esto choca con el calendario. No es previsible que se pueda producir ese cambio al frente de la Fiscalía General del Estado, algo que en fuentes fiscales dan por prácticamente seguro, hasta la formación del nuevo Gobierno, con lo que las decisiones penitenciarias citadas tendrán el «filtro» de un Ministerio Fiscal dirigido por María José Segarra, con lo que ello significa vista su trayectoria.

El Ejecutivo sí podría haberla destituido cuando cesó el Gobierno y entró en funciones. De hecho, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que dejará el cargo «cuando cese el Gobierno que le hubiese propuesto». En ese caso, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, habría quedado al frente de la Fiscalía. Pero, una vez que ello no ocurrió, solo podría ser cesada si se diese una de las circunstancias recogidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo nada previsible, salvo que decidiese dimitir de su cargo. Un Ejecutivo en funciones, según las fuentes fiscales consultadas, «no puede cesarla, y ni siquiera si no está en funciones. Solo puede dejar el cargo si se cumplen algunas de las circunstancias previstas o cuando cese definitivamente el Gobierno que la nombró».

Si no sucede ninguna de esas opciones, Segarra continuará al frente de la Fiscalía General hasta, al menos, lo formación del nuevo Ejecutivo. Legalmente podría ser renovada por otro mandato, toda vez que no lleva dos años al frente de la Fiscalía, pero esa opción es poco factible en estos momentos. ERC no está por la labor de que de siga en ese cargo porque sabe lo que ello significa y por ese motivo aboga por un cambio de nombre y de rumbo en las actuaciones. Decisiones recientes como ordenar que se investigase al presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, por desobedecer al TC, no fueron nada bien acogidas por los republicanos independentistas catalanes. Más bien al contrario. Y como esa, otras.

Todo ello viene a señalar un más que probable cambio al frente de la Fiscalía al poco tiempo de que Sánchez sea investido presidente.