La Audiencia estudia el jueves si deja en libertad bajo fianza a tres CDR como pide la Fiscalía

La Audiencia Nacional revisará el próximo jueves la prisión de cuatro de los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por delitos de terrorismo. Y lo hará por primera vez con una petición de la Fiscalía de que tres de ellos -Eduard Garzón, Xavier Buigas y Guillem Xavier Duch- salgan en libertad bajo fianza de 9.000 euros, a lo que se opone la acusación popular que ejerce Acvot, la asociación catalana de víctimas del terrorismo. La Sección Segunda revisará también la medida de prisión provisional de otro de los integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), Alexis Codina, pero en su caso la Fiscalía se opondrá a su puesta en libertad, pues la investigación le vincula directamente con la adquisición, fabricación y puesta a prueba de material explosivo. La Audiencia anuló la orden de prisión de todos ellos, más la de otro de los detenidos, Germinal Tomás (cuya libertad también rechaza el Ministerio Público), al no haberse facilitado a sus defensas información esencial de la causa y de los indicios contra ellos en el momento de acordar la medida, lo que obligó a repetir las correspondientes vistillas, en las que se acordó de nuevo la prisión sin fianza, ahora recurrida.

Como ya anunció Acvot, la acusación popular ha presentado alegaciones para oponerse a la libertad tanto de Garzón, Buigas y Duch como de Codina. En los escritos remitidos a la Audiencia Nacional, los letrados José María e Ignacio Fuster Fabra recalcan que las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión no han cambiado e incluso en su opinión “se han agravado” tras la reciente petición de libertad de los siete miembros de los CDR en prisión por parte del Parlament. Además, añaden, “esta organización criminal y comités de defensa de la república con fines terroristas siguen en activo y cuentan con apoyo exterior, tanto económico como institucional”.

Para la acusación los delitos que se les imputan -pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos- son “de extrema gravedad” y suponen además “una gran alarma social”, persistiendo igualmente tanto el riesgo de fuga como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Para Acvot, la cuantía de la fianza que propone el fiscal es “una cantidad insignificante” para conjurar esos riesgos y la medida de prisión -dirigida a garantizar la instrucción y a evitar la comisión de nuevos actos terroristas, subraya- “en ningún caso puede ser sustituida” por una fianza. “La desproporción y falta de rigor”, se queja, “es evidente".

Por un lado, hacen hincapié los letrados, los integrantes de los CDR en prisión no han abandonado su pretensión de “ejecutar” sus planes supuestamente delictivos. Y, por otro, advierte del riesgo de que se produzcan nuevamente “episodios de violencia o tumultos” como los que sucedieron a la notificación de la sentencia del juicio del “procés”.

Además, la acusación llama la atención sobre el hecho de que “en otros casos relacionados con el movimiento independentista se han fijado fianzas muy superiores”, y recuerda los 150.000 euros impuestos a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

Y respecto al argumento que esgrime la Fiscalía de que estos tres miembros de los CDR cuya libertad bajo fianza apoya no tuvieron contacto con los componentes explosivos, Acvot replica que los hechos que se les atribuyen no fueron ejecutados “de forma aislada e individual”, sino que se enmarcan en “un plan con reparto de papeles” pues todos ellos “forman parte de una organización criminal”.

Respecto a Garzón, la acusación popular subraya que "es el segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal y quien supuestamente “impulsa la coordinación de acciones”. De Buigas destaca que era el encargado de “planificar, desarrollar y dar los pasos necesarios para llevar a efecto el asalto al Parlament” que planeaba el ERT como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. De Duch hace hincapié en que era un miembro “especialmente activo” y que habría acompañado a otro de los detenidos, Jordi Ros, “a comprar material necesario para la fabricación” del material explosivo con el que planeaban llevar a cabo acciones de sabotaje. En cuanto a Codina, la acusación popular recuerda que como presunto integrante del “núcleo productor” su participación consistió en “la elaboración en su domicilio en unión de otras personas del compuesto denominado termita, entre otras sustancias explosivas e incendiarias”, que según los agentes de los Tedax “estaba lista para ser utilizada”. Por si fuera poco, añade, habría participado “en la localización de los objetivos para llevar a cabo acciones violentas contra instalaciones críticas como torres eléctricas”.