Los barones marcan a Casado una oposición “con sentido de gobierno”

La decisión de Pedro Sánchez de poner al frente de la Fiscalía General del Estado a su ex ministra de Justicia Dolores Delgado dinamita cualquier posibilidad de acercamiento entre Gobierno y PP en materia judicial o para otras cuestiones pendientes como la renovación del Poder Judicial.

El líder popular, Pablo Casado, anunció ayer que recurrirá esta designación ante el Supremo porque vulnera el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que consagra la independencia del máximo responsable de este órgano. En concreto, los artículos 7 y 59. Pero al mismo tiempo esta decisión de Sánchez, que dejó en «shock» a la carrera judicial, ayudó también a blindar el apoyo del PP a la estrategia de oposición de Casado.

La Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, le dio su respaldo para implementar una firme oposición contra el Gobierno de Sánchez, sin tregua ni cien días de cortesía porque consideran que su pacto con ERC es en sí mismo una amenaza para el interés de los españoles. Casado convenció en la Junta Directiva con el tono de su discurso y también con el perfil veterano de los elegidos para sustituir a Isabel García Tejerina y a Rafael Catalá en la dirección del PP. Elvira Rodríguez y Enrique López ocuparán la vicesecretaría de Acción Sectorial y la Secretaría de Justicia e Interior.

Los barones almorzaron después con Casado, como ya es tradición, y en este foro más reservado también hubo coincidencia en el respaldo a una política de oposición con sentido de Estado, firme y contundente, pero que mida las fuerzas teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez «hará lo que sea» para aguantar, dos o tres años si consigue aprobar los Presupuestos, y la mayoría se decanta porque lo conseguirá. Los dirigentes territoriales avisaron contra el error de hacerle el juego a Sánchez y caer en la radicalidad.

Casado también escuchó la reflexión de sus barones sobre la necesidad de adecuar la oposición a un calendario a medio plazo, que no queme todas las naves de partida, y que respete además políticas transversales como el ecologismo, la violencia de género o la lucha contra la despoblación. Es decir, que se actúe «con racionalidad» y sin dejarse arrastrar por los impulsos de Vox en estas cuestiones de carácter más social.

La Junta Directiva quedó marcada por el «dedazo» de Sánchez en la Fiscalía y por la respuesta del PP contra una decisión que también ha sublevado a la carrera judicial. En el principal partido de la oposición interpretan que esta injerencia en la separación de poderes tiene como objetivo avanzar en la exigencia de ERC de desactivar el «procés». A su juicio, la negociación con ERC y, por ende, la Legislatura de Sánchez se sostienen «en esta cesión democrática, en la desactivación de los tribunales, y para ello el presidente del Gobierno se ha asegurado un hilo directo en las decisiones de la Fiscalía, tan directo que será él quien las tome». «Sánchez se ha quedado con el control de todas las decisiones judiciales sobre el secesionismo para terminar de anular la respuesta judicial al golpe de Estado del 1-O», sentencian en la dirección popular.

A partir de este análisis, no hay matiz posible en cuanto a la negativa del PP a ceder cuotas de poder en el reparto de cargos judiciales, entendiendo, dicen, que su posición sirve de dique para preservar la «profanación» de todas las instancias judiciales al servicio de esta «desactivación de los tribunales que Sánchez ha prometido a ERC».

Casado aseguró ayer ante la dirección de su partido que utilizará todos los mecanismos a su alcance contra un nombramiento que tiene como objetivo ayudar a que el separatismo no cumpla la ley.

«Al menos Sánchez podría tener cierto escrúpulo y pudor a la hora de monopolizar el Estado de Derecho conforme a su pacto con los independentistas», defendió el líder del PP.

Casado también confirmó la decisión, como ayer informó este periódico, de promover una reforma de la Ley Electoral para que los prófugos de la Generalitat no puedan ser electos, es decir, para evitar, por ejemplo, que Carles Puigdemont pueda ser candidato en las próximas elecciones autonómicas catalanas. Este martes llevará al Congreso esta propuesta de modificación urgente de la legislación actual.

El PP también solicitará la convocatoria de un Pleno en el Parlamento de Cataluña para que se elija al diputado que debe sustituir a Quim Torra tras su inhabilitación por la Junta Electoral Central (JEC), decisión que no ha suspendido cautelarmente el Tribunal Supremo como planteó Torra. Si el presidente del Parlamento catalán no convoca ese Pleno, le denunciarán por prevaricación porque, según defendió Casado ante la Junta Directiva Nacional, «el Estado de Derecho no puede supeditarse a ninguna mesa de negociación».

En su intervención a puerta abierta denunció que Delgado será la «ministra 23» del nuevo Gobierno y que no estará al servicio del interés general sino al servicio de los intereses de partido, como ya hizo durante su etapa como ministra de Justicia.