Partidos Políticos

La oposición registra más de 3.000 preguntas al Gobierno

La resaca del «caso Ábalos» PP y Cs reclaman una comisión de investigación y que el ministro de Transportes y Marlaska expliquen la cita con la «dos» de Maduro

Tercera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez
Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, en el Congreso /EFEMariscalEFE

Un marcaje duro al nuevo Gobierno de coalición. Es lo que le espera al Ejecutivo en el Congreso y en el Senado en el caso de cumplir con los 1.400 deseados días en los que Pedro Sánchez ha estimado que pretende situarse al frente de La Moncloa. Para empezar, la oposición está cargando contra Pedro Sánchez por el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana. Así, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al jefe del Ejecutivo que comparezca en el Congreso y en sede parlamentaria europea y pide el «cese de inmediato» del ministro. Vox y Ciudadanos se han sumado a las críticas y reclamado la «comparecencia inmediata» de Ábalos. Los populares han presentado además una petición de comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que han llamado «el caso Ábalos». Tanto PP como Cs pedirán además una comisión de investigación por este asunto.

Los grupos de la Cámara Baja ya han presentado casi un total de 3.000 preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita en los primeros 50 días desde que arrancara la legislatura el pasado 3 de diciembre –en la web del Congreso aparecen registradas 2.846, pero según los cálculos proporcionados por los partidos las cifras podrían ascender ya a 3.000 al producirse un desfase temporal desde que se registran hasta que el Congreso las publica–. En la legislatura fallida resultaron un total de 5.420 preguntas en apenas 126 días, mientras que en la última legislatura de Mariano Rajoy (2016-2019), se contabilizaron un total de 45.798 cuestiones en 956 días. Preguntar por escrito al Gobierno es una de las herramientas de las que dispone la Cámara Baja para que los diputados puedan ejercer la función de control al Gobierno.

Ante la hoja de ruta marcada por La Moncloa de arremeter contra PP, Ciudadanos y Vox, y que ya ha hecho púbica azuzando con la guerra ideológica con la polémica del «pin parental» en Murcia, la oposición librará una batalla dura en el Congreso con el objetivo de someter a un control contundente al Ejecutivo Sánchez-Iglesias. De estas casi 3.000 preguntas el PP ha presentado un total de 1.919 cuestiones y, por otro lado, hasta 1.201 dirigidas directamente a la corporación RTVE, un total de 3.120. Cs aborda un total de 105 interrogaciones incluyendo las dirigidas el ente público, mientras que el grupo parlamentario Vox ha registrado ya hasta 500.

De entre las preguntas, las más recientes, el PP se plantea si tras la declaración del vicepresidente Pablo Iglesias asegurando que la justicia española había resultado «humillada» por el TJUE, «¿es esta la actitud de respeto que va a tener el vicepresidente con los otros poderes del Estado?», o si apoya el Gobierno las «opiniones vertidas por su vicepresidente apoyando tácita y explícitamente a condenados por graves delitos contra el Estado».

Se cuestionan también si «será norma habitual que la ministra de Igualdad sea sustituida por otro miembro del Gobierno» en los actos presididos por los Reyes. Los populares quieren saber si el Gobierno investigó la filtración del informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras. Otra de ellas está dirigida a Iglesias sobre si sigue manteniendo que Tezanos debe dimitir o ser cesado. Preguntan a Sánchez sobre «cuándo hará caso al criterio que mantenían sus socios de coalición sobre el señor Tezanos». Centran también preguntas en materia política migratoria, sobre las condiciones laborales, educativas y económicas de los migrantes del «Aquarius», por ejemplo. Cs pone la atención en la diferencia en las previsiones de déficit público proporcionados por el Banco de España y las enviadas a Bruselas por el Gobierno en funciones o, en clave catalana, por las «posibles medidas del Gobierno para impedir que prófugos de la justicia puedan concurrir a los procesos electorales». Vox dirige algunas de sus preguntas al coste del traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos a Mingorrubio, o una batería de preguntas sobre los 16 menores tutelados por el IMAS víctimas de redes de prostitución a cambio de droga, dinero y regalos. También sobre cifras de reingresos de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía o el número de agentes que integran la Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la Guardia Civil en Navarra.

Desde ERC y Bildu han registrado ya más de 200 interpelaciones en el Congreso y en el Senado precisamente después de haber facilitado con su abstención la investidura de Sánchez. La mayoría de ellas relacionadas con la «represión» ejercida por la Policía y Guardia Civil en Cataluña tras la sentencia del «procés», se interesan por las condecoraciones a ambos cuerpos y por «cómo saben que todos han hecho méritos para conseguir la condecoración» si ello depende «del rango, de la violencia ejercida o de otro concepto», además de las orientadas sobre las detenciones de los CDR. Otro centenar de preguntas corresponden al resto de grupos, en clave más territorial.

El Gobierno deberá realizar la contestación por escrito al primero medio millar de las preguntas de Sus Señorías el 12 de febrero como tarde, pues existe un plazo de 40 días, entre el primer plazo y la prórroga, según se refleja en el artículo 190 del reglamento.