Guardia Civil

Interior abonará el tercer tramo de subida salarial de las FSE con efectos 1 de enero

Justifica el veto a la ILP a que supeditaba la política presupuestaria a la de las autonomías

Informe sobre personas desaparecidas correspondiente a 2019
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska EFE/Emilio NaranjoEmilio NaranjoEFE

El Gobierno abonará el tercer tramo de la subida salarial de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado con efectos retroactivos de 1 de enero de este año, una vez acuerdo el procedimiento con los sindicatos, según fuentes del Ministerio del Interior.

Recuerda este departamento que ya puso en marcha en 2018 el acuerdo de equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. Y que para llevarlo a cabo se ha hecho un esfuerzo económico por un importe total de 807 millones de euros.

“Este importe total se articula en tres tramos, de los que se han hecho efectivos dos y que los agentes ya cobran en sus nóminas, el primero a partir de la nómina de octubre de 2018 y el segundo a partir de la de enero de 2019, por un importe total de 560 millones de euros. El tercer tramo se abonará en los próximos meses con efectos retroactivos de 1 de enero, pero está pendiente de que los representantes de los profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acuerden el porcentaje para cada cuerpo”, agregan.

Se subraya que cuando se abone el tercer tramo de la equiparación salarial, los agentes de cada uno de los cuerpos cobrarán de media un 20 % una media más al mes que en 2017.

Sobre la no aceptación a trámite de una iniciativa legislativa popular, se dice que se ha vetado porque la equiparación salarial ya está en marcha, pero también porque la supondría supeditar la política retributiva del Estado a los gobiernos autonómicos y locales: “pretende ligar el sueldo de Policía y Guardia Civil a cualquier futura subida salarial de los cuerpos policiales no solo autonómicos sino también locales. Esto significaría que los presupuestos y la política retributiva del Estado quedarían ligados a cualquier decisión de los gobiernos autonómicos o de cualquier municipio”.