Policías y guardias civiles protestan ante el Congreso contra el veto de PSOE y Podemos a debatir la equiparación

Policías y Guardias Civiles se sienten traicionados. Primero les apoyaron pero ahora han dado una vuelta de tuerca a sus reclamaciones y han vetado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la asociación Jusapol presentó en el Congreso tras recoger más de 500.000 firmas por la equiparación salarial.

Esta mañana, los agentes se manifestaron a las puertas de la Cámara Baja pero, en un momento rebasaron el cordón de seguridad que sus otros compañeros policías de servicio habían dispuesto para mantener a los agentes que se manifestaban alejados del Congreso. Sin embargo, finalmente lograron desplazarse hasta la puerta de los Leones, frente a la escalinata. Allí fueron recibidos por los diputados de Vox Javier Ortega Smith o Macarena Olona, o por la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas que salió a saludarles.

Los agentes se concentraron a primera hora para alzar la voz contra el veto impuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para la equiparación salarial y “real” de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Iniciativa Legislativa llegó a ser tomada en consideración en 2018 por el Pleno del Congreso, sin embargo ahora el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha decidido vetar su tramitación parlamentaria, con lo que ya no volverá a debatirse. El Ejecutivo tiene la potestad de “vetar” aquellas normas que considera que su desarrollo puede ser “insostenible” y éste es el caso. Se amparan en que, al tratar de igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, en las que cada administración tiene sus competencias en esta materia, sería “insostenible”.

Interior insiste en los 807 millones

Interior se escuda en que ya está llevando a cabo el acuerdo sobre equiparación salarial que se firmó con los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles representativas cuando gobernaba el PP; entonces Jusapol no tenía ninguna representación en los consejos de Policía ni Guardia Civil ya que prácticamente acababa de constituirse; no así ahora en la que están representados de manera mayoritaria a través del sindicato Jupol que cuenta con la mayoría de miembros en el consejo de la Policía. De aquel acuerdo ya sólo queda por ejecutar el tercer y último tramo. “Ya se está haciendo un esfuerzo muy grande que supone una subida de media del 20 por ciento ”, indican desde el departamento de Grande-Marlaska; algo que él mismo indicó en la comisión de Interior que se llevaría a cabo.

Fuentes del ministerio de Interior indican que para llevar a cabo la equiparación salarial acordada se está haciendo un “esfuerzo económico por un importe total de 807 millones de euros”. Subrayan que un caso es el proceso de equiparación y otro la ILP y subrayan que se ha vetado la ILP “porque la equiparación ya está en marcha” pero también “porque la ILP supondría supeditar la política retributiva del Estado a los gobiernos autonómicos y locales” ligando así el sueldo de los agentes a cualquier futura subida salarial de los cuerpos policiales lo que “significaría que los presupuestos y la política retributiva del Estado quedarían ligados a cualquier decisión de los gobiernos” autonómicos y locales.

Sin embargo, los policías y guardias civiles que hoy se manifestaban ante las puertas del Congreso destacan que la equiparación salarial que se acordó entonces no era “real” con respecto al sueldo que perciben los Mossos d`Esquadra. Y es que, el pacto presupuestado en 2018 se supeditó a una auditoría que confirmaría que los 807 millones eran la cifra exacta de equiparación, algo que se quedó en el aire. Por ello, Jusapol ha seguido insistiendo en que lo acordado entonces no era la verdadera equiparación.

Rechazo de la Mesa

Mientras tanto, dentro de la Cámara Baja, la Mesa del Congreso aceptaba “la disconformidad” del Gobierno con la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que pide la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los agentes de los cuerpos policiales autonómicos. El veto del Ejecutivo fue acordado en la Mesa donde el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría (seis representantes de nueve).

La vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, del PP, denunció al término de la reunión que “no se puede vetar al Parlamento” el debate de una iniciativa como la de la equiparación salarial y defendió la posibilidad de que los grupos, una vez aceptada la toma en consideración, presenten las enmiendas que estimen oportunas.

La decisión de la Mesa suprime justamente ese paso: que no se debata en el pleno la toma en consideración de la ILP.

Jusapol ve el veto como “el chantaje del independentismo radical”. La asociación para la Justicia Salarial y Policial aseguró que lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es “abandonar” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Jusapol y su sindicado policial (Jupol) y su asociación de guardias civiles (Jucil) han anunciado una campaña de movilizaciones “más efectivas y contundentes” contra esta decisión que “consolida el desprecio” del Gobierno hacia ellos.

Ante esto, Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Congreso inste al Gobierno a solicitar un nuevo informe a una consultora externa conocimiento de la materia y en cuyo encargo se especifique, de manera indubidata, que su análisis no tiene que ceñirse a los 807 millones acordados como cantidad inicial sino que debe dar una valoración libre e independiente. Además pide que se incluya la cantidad que se estime necesaria para que exista una “verdadera remuneración igualitaria” y que así se incluya en los Presupuestos de 2020. Los naranjas solicitan además que se tomen las medidas necesarias para que los 90 agentes de la Guardia Civil dependientes del Ministerio del Interior que aún no han recibido la subida pactada hasta ahora correspondiente a niguno de los tramos reciban ya, al menos, la retribución correspondiente. Asimismo, solicitan ejecutar la subida ya realizada y las que se deriven de la consecución de “la equiparación salarial real sobre el Complemento Específico General, suponiendo que quede excluido el personal en segunda actividad”. Y por último que se retire el veto a la ILP para que pueda ser tramitada en el Parlamento.

Hace años, PSOE y Podemos protestaban por los vetos

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma. Así, la Mesa que dominaban PP y Ciudadanos aceptaba los vetos del Gobierno de Mariano Rajoy, mientras PSOE y Unidas Podemos les acusaban de bloquear las iniciativas de oposición, y ahora la situación parece haber dado la vuelta.

La diputada de Vox, Macarena Olona consideró que “el Gobierno ha hecho un uso fraudulento e ilegal de su potestad de veto” y pidió rechazarlo y desde el PP ya han adelantado que no piensan respaldar el escrito del Ejecutivo pues consideran que la ILP merece la oportunidad de debatirse, aunque pueda ser enmendada después. Por contra, todo apunta a que socialistas y ‘morados’, que ahora tienen mayoría en la Mesa, darán por buenos los argumentos del Gobierno.

Diferencias entre partidos en 2018

En noviembre de 2018, el PSOE y el PP sí aceptaron en el Congreso que se tramitara la ILP presentada por Jusapol, aunque matizaron que lo hacían por respeto a las 550.000 firmas ciudadanas que respaldaban la propuesta y ya anunciaron enmiendas para no invadir competencias autonómicas y preservar el acuerdo firmado con los sindicatos y asociaciones entonces más representativos, pacto que Jusapol siempre ha rechazado. El PSOE defendió entonces que la propuesta original era “contraria a preceptos constitucionales” y “abría diferencias entre funcionarios del Estado” que también cobran sus sueldos dependiendo del criterio de las administraciones autonómicas y locales. El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue uno de los mayores defensores de la ILP de Jusapol y hasta la hizo suya, al entender que era buena para la “integridad salarial pero también la física”, poniendo fin a la discriminación del hasta el 30% en detrimento de los funcionarios de la Policía y la Guardia Civil que “luchan contra el terrorismo, la corrupción y frenaron un intento de golpe de Estado en Cataluña”. Unidas Podemos también aceptó la tramitación, mientras que los partidos nacionalistas e independentistas evitaron respaldarla denunciando invasión de competencias.. En julio de 2019, el Ministerio del Interior comunicó que se plantaba en los 807 millones en tres años (2018-2020) del acuerdo de equiparación salarial entre policías, tras entregar a los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil el informe de la consultora externa que analizaba si la cifra comprometida era suficiente o se tenía que recalcular al alza. Este informe fue objeto de protestas y, además, entre ambos Cuerpos han surgido diferencias por el reparto del dinero.