La Justicia apuesta por el Pacto

Magistrados, fiscales, abogados y profesores de Derecho coinciden de forma prácticamente unánime en la necesidad de «aprovechar» la crisis derivada de la pandemia para lograr un gran pacto

Pacto por la justiciaLa Razón (nombre del dueño)

Estos expertos esperan que este entendimiento pueda servir también para reeditar un nuevo Pacto de Estado por la Justicia, para que ésta quede al margen de la lucha política y aporte soluciones a la sociedad.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía

Es imprescindible que en un Pacto de Estado se encuentre la adecuación de la Justicia a las necesidades de la ciudadanía y los profesionales del derecho, seguramente la última gran reforma pendiente desde nuestra Transición. Lo que sucede en el mundo de la Justicia nos afecta directamente a todos y es fundamental para convertir en realidad los compromisos de reconstrucción tras la pandemia global.

En el caso de la Justicia y su reforma siempre se ha acometido con una mirada cortoplacista de la política. Sabemos construir acuerdos como ocurrió con los Pactos de la Moncloa, o el que nos integró en Europa, o el Pacto de Toledo, o contra el Yihadismo, o el más reciente contra la Violencia de Género. Es más necesario que nunca que el Pacto de Estado tenga entre sus pilares conseguir una Justicia del siglo XXI, cercana a la ciudadanía y que no viva alejada a la realidad a la que sirve; porque sin Justicia nada funciona

Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura

Desde la Justicia venimos reclamando un Pacto de Estado desde hace muchos años. Sin éxito. La pandemia del Covid-19 solo ha venido a evidenciar, una vez más, la carencia crónica de medios personales y materiales, las deficientes infraestructuras judiciales, la ausencia de políticas reales de innovación tecnológica, una organización territorial desfasada, una legislación procesal poco eficaz y un reparto competencial presidido por el ansía colonizadora del poder político de turno.

Hoy, cuando nuestro país atraviesa uno de los momentos más difíciles, sino el peor, de los vividos en los últimos ochenta años, la Justicia es uno de los pilares esenciales para lograr la recuperación social y económica. Pero no mi Justicia, ni tu Justicia, sino una Justicia que actúe como un verdadero servicio público, que pueda dar respuesta ágil y eficaz a las demandas de los ciudadanos y, al propio tiempo, desempeñar su función constitucional como un poder del Estado. Esta Justicia solo se puede construir sobre un consenso lo suficientemente amplio que asegure que, con independencia de quien gobierne, la Justicia sea de verdad una prioridad.

Raimundo Prado, magistrado del TSJ de Extremadura y ex portavoz de Francisco de Vitoria

Preguntándome sobre la Justicia en España , suelo acudir a la cita de un refrán popular, ese que dice que «Nadie se acuerda de Santa Bárbara..». Pues bien, el problema es que ahora la Santa también se halla confinada. Debemos ser los españoles quienes de manera perentoria nos protejamos frente a la tormenta. No es fácil. Lo que no se ha resuelto en décadas pese a las advertencias que desde diversos sectores profesionales hicimos solicitando una Justicia más eficaz y mejor dotada, seguramente no va a resolverse en un par de meses con la utilización de esa figura legal milagrosa denominada Decreto Ley. Resulta evidente que todos los sectores implicados en Justicia cediendo, debemos llegar a un acuerdo de mínimos que los políticos acepten. Lo que está claro en todo caso, es que, sin medios, Santa Bárbara no hará milagros.

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD)

En estas difíciles semanas, sanitarios, policías, militares, transportistas, empleados de supermercados, entre otros, están dando lo mejor de sí mismos para protegernos contra este maldito virus. Son el orgullo de nuestra sociedad y todo un ejemplo a seguir cuando cese la crisis sanitaria y se produzca la tan deseada vuelta a la normalidad. Al igual que ellos, representantes políticos, jueces, fiscales, letrados, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales tendremos que arrimar el hombro para hacer frente a la situación de colapso en que se encontrará nuestra ya sobrecargada administración de Justicia. Sacrificio, esfuerzo, consenso y unidad deben ser algo más que meras palabras para reflotar este imprescindible servicio público. Y, lo que es más importante, ante esta terrible crisis sanitaria, económica y social, es nuestra obligación defender los derechos de los más vulnerables así como de los afectados económicamente por el Covid-19, garantizando su acceso a la Justicia.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Fco. Javier Ruiz Paredes, José María Alonso, José María Fuster-Fabra, Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Pablo Salvador Coderch y Santiago González Varas La Razón

Concepción Rodríguez González del Real, presidenta de Foro Judicial Independiente

El momento histórico es diferente desafortunadamente. Ojalá existiera el espíritu del setenta y ocho. Entran en juego otros parámetro como la integridad territorial de nuestro país que haría imposible un marco político favorable. En todo caso, si pediría un consenso para fortalecer los mecanismos de control indispensables en todo Estado social, democrático y de derecho. Especialmente, un poder Judicial fuerte e independiente del legislativo, dotado de medios suficientes para poder prestar un adecuado servicio a los ciudadanos y poder cumplir la función que la Constitución le asigna como contrapeso de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Un poder judicial que dé una respuesta a la altura de las muchísimas reclamaciones que van a presentar los ciudadanos. Más democracia y más separación de poderes y garantías para los ciudadanos.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales

En 1977 en una situación complicada para España política y económicamente, los partidos políticos acordaron por consenso diversas medidas para impulsar la modernización del país y alcanzar la democracia.

En la situación generada por la pandemia Covid-19 la necesidad de consenso de las fuerzas políticas para la recuperación mediante medidas económicas, sociales y sanitarias parece hoy indispensable.

En el ámbito de la Justicia constatamos la deficitaria situación de una justicia decimonónica, necesitada de reformas estructurales y legislativas que atribuyan la investigación penal al fiscal, asimilándonos a los países del entorno, que impidan indeseadas injerencias del poder político en la Justicia, modificando la forma de designación del Fiscal General, estableciendo un mandato y cese que le desvincule del Gobierno, limitando su poder con contrapesos, blindando a los fiscales, dotándola de medios modernos que permitan el trabajo online en condiciones de efectividad con un sistema común para toda España.

José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid

España necesita urgentemente que se alcance un pacto de Estado. No para mutualizar los errores que se han podido cometer en la gestión de la crisis ni para perpetuar las disputas de poder. Hemos de mirar adelante, sin pestañear. A través de un acuerdo de amplia base deberían generarse ideas fuertes y líneas de actuación potentes, a todos los niveles, para amortiguar en el menor tiempo posible los devastadores efectos, empezando por los sociales y económicos, de la pandemia.

Ese consenso transversal debe trascender a los partidos políticos para contar con el concurso de la sociedad civil y las principales instituciones y organizaciones profesionales del país. Y ahí, la Abogacía va a reivindicar un papel esencial, el que nos corresponde en esta tarea de reconstrucción, por ser lo que somos: una pieza fundamental para el correcto engranaje del Estado de Derecho.

Pablo Salvador Coderch, catedrático emérito de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra

España es un país tan antiguo como difícil, pero 19.000 muertos después, urge un pacto de Estado para superar la pandemia y sus consecuencias humanas, sociales y económicas.

Mi primera opción es un gobierno de concentración. Caben todos o casi. Nunca olvidaríamos a quienes no supieran estar a la altura y se quedaran al margen: la pandemia no distingue banderías.

No hay ningún Winston Churchill a la vista, pero hay políticos capaces. Ahora darán, justa, su medida y también nos acordaremos.

En defecto de concentración, caben pactos políticos acordes con la emergencia: acuerden, primero, la gestión de la pandemia a uno o dos años vista: salida progresiva del confinamiento, tests crecientemente masivos y reincorporación de los inmunizados a la vida social y económica. Acuerden, segundo, el reparto de las cargas y el relanzamiento de la economía. Aquí su horizonte ha de ser de cuatro o cinco años. Suerte.

Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, profesor titular de Derecho Constitucional de la Complutense

El consenso fue la clave de la Transición Política española. Este consenso, pese a las reticencias iniciales, se fraguó gracias a la generosidad de una gran mayoría de las fuerzas políticas y sociales.

En la actualidad es necesario reeditar ese consenso para afrontar no solo la crisis económica que ya está provocando la pandemia, también para reestructurar el Estado y, por tanto también las comunidades autónomas. El desbarajuste que los ciudadanos perciben y las veladas acusaciones entre el Gobierno y las autonomías reflejan un problema estructural de España. Hay que lograr un Estado más eficiente y eficaz.

Todas las fuerzas políticas y sociales deberían ser escuchadas. Debería contarse con todas aquellas que estuvieran en disposición de colaborar lealmente en este proyecto común. Deberían aparcarse todas las acciones meramente propagandísticas y apostarse por el diálogo franco. Y ese diálogo no es sincero cuando no se ha contactado con la oposición en 10 días. Se trata de diálogo como instrumento no como fin, como una pose propagandística que es como parece entenderlo nuestro presidente de Gobierno.

Es posible que ese consenso pudiera derivar en un Gobierno de Concentración con 5 ó 3 fuerzas políticas de ámbito nacional, pero en todo caso, liderados por una personalidad que tuviera un amplio apoyo y escapara del partidismo cortoplacista al que estamos acostumbrados.

Santiago González Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante

Hay dos retos: «público-privado» y «unidad y autonomías». Por un lado, tiene sentido hablar de «pacto entre los constitucionalistas», que afecta a lo primero. Va a quedar frustración tras el coronavirus, ya que se espera que el fin de éste cambie muchas cosas, pero los agentes continúan… y los comunistas no conseguirán implantar su modelo ideal ni los demás erradicar el comunismo. El segundo pacto sería ambicionar una solución para arreglar el otro coronavirus de España, que son los separatismos. Sería la hora de un ultimátum: o bien un punto de encuentro cediendo todos para dar estabilidad para siempre. O bien es el momento de dejar fuera a nacionalistas, de evitar que la confrontación PP-PSOE debilite al final al Estado, de no gastar en embajadas y hacerlo en Sanidad, de no seguir otorgando prebendas para mantenerse temporalmente en el poder.

José María Fuster-Fabra, abogado y profesor de la Universidad de Barcelona y de la Univ. Abad Oliba

Ante la crisis sanitaria y económica, es necesario que todos arrimemos el hombro. Unos pactos de futuro que no sean estrictamente políticos, sino que incluyan agentes sociales, trabajadores, empresarios autónomos, sociedad civil en general. Pero unos pactos que exijan la lealtad de todos aquellos que participen, sobre la base de que el interés general está por encima de los intereses particulares. Unos pactos en los que se excluyan, o autoexcluyan, quienes en lugar de buscar consolidar y recuperar la sociedad en la que vivimos, pretendan destruirla en sus valores esenciales. Unos pactos que ayuden a levantar y solidificar ese Estado de Derecho que ha dado a España un periodo de gran prosperidad.

Francisco Javier Ruiz Paredes, profesor del Máster en Acceso a la Abogacía de la Universidad de Nebrija

Se me pide opinión sobre la necesidad de pactos para superar la crisis social generalizada que seguirá a la propiamente sanitaria que nos ha traído el Covid-19, y me viene a la cabeza la recomendación que, curso tras curso, hago a los alumnos que se preparan para su carrera jurídica, principalmente como abogados: independencia en las decisiones, lealtad para con los clientes y honestidad en la prestación de un servicio esencial para construir una sociedad cada vez más justa. En estos momentos ese es el pacto que pido a nuestros dirigentes políticos, a todos, lealtad, honestidad y mucha independencia en sus decisiones. Que no caigan en el vicio de intentar aplicar ideologías en este momento de trascendencia histórica.

Es momento de velar por el interés público general, respetando el particular, fuera ideologías, se impone el pragmatismo, se trata de superar las secuelas del Covid-19.