Una asociación de jueces abre la puerta a habilitar agosto para evitar el colapso por el coronavirus

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) reclama al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “altura de miras” para adaptarse a la situación generada por la pandemia del coronavirus, una situación de crisis que, afirman en relación al plan de choque que va a impulsar el órgano de gobierno de los jueces, “no puede ser afrontada con medidas meramente coyunturales o de parcheo”.

JpD pide una ampliación del número de jueces y más medios materiales, agilizar plazos procesales y reducir trámites innecesarios, e incluso habilitar el mes de agosto, para hacer frente a la previsible sobrecarga de trabajo por la crisis del Covid-19. Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han rechazado habilitar el mes de agosto.

La asociación progresista asegura en una nota hecha pública hoy que el mejor plan de choque consiste en dotar a la Administración de Justicia “de medios suficientes y recursos acordes con sus necesidades”. Una dotación presupuestaria extraordinaria de todas las administraciones públicas implicadas, añade, “podría mejorar la respuesta judicial, superando la endémica precariedad de este servicio público, que no resiste comparación con las dotaciones que otros reciben”.

Respecto a la necesidad de ampliar la planta judicial, JpD hace hincapié en que la mayoría de juzgados y tribunales “padece un nivel de exigencia que supera módulos razonables”. Y recuerda que tanto la estadística judicial como los datos que ofrecen el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las comunidades autónomas revelan una “extendida sobrecarga de trabajo, que urge paliar con el incremento del número de jueces y de juzgados”.

Por otro lado, la asociación incide en la importancia de que el plan de choque que se ponga en marcha en Justicia contribuya a solucionar los problemas siempre “con absoluto y estricto respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía”. De ahí que cuestione “todas las medidas que tienden a limitar la posibilidad de acceso a los recursos, de solicitud de medios de prueba, de recorte de alegaciones, o las que pretenden introducir dificultades para el ejercicio de acciones, como las pretendidas exigencias de acudir previamente a fórmulas preceptivas y no voluntarias de arreglo extrajudicial, con la excepción recogida en las propuestas en el ámbito de familia”.

JpD asegura que traslada su opinión al CGPJ, en todas aquellas cuestiones que se le requieren, “con ánimo constructivo” y reconoce que muchas de las medidas propuestas en el plan de choque “son razonables” y que otras “mejorarían con algunos cambios”. “Pero queremos advertir, también, que seremos críticos, y llamaremos a la movilización de las profesiones jurídicas y de los ciudadanos si con la excusa de este plan de choque se pretenden disminuir las garantías que asegura nuestra norma fundamental, las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular el de tutela judicial efectiva sin trabas, limitación de alegaciones o medios probatorios y amplio acceso a los recursos”.

Para esta asociación hay que apostar por agilizar plazos procesales y concentrar las actuaciones judiciales, buscando alternativas como la mediación y la conciliación. Además, propone extender los efectos de los pleitos que van a ser masivos, dictar sentencias "in voce" (inmediatamente tras la celebración de la vista) en determinados procedimientos a fin de flexibilizar las cargas de trabajo de los órganos judiciales, reducir trámites procesales innecesarios e incluso habilitar el mes de agosto.

Para JpD resulta especialmente preocupante “el aluvión de demandas previstas en las jurisdicciones social y mercantil, ya de por si saturadas por el impacto de la última crisis financiera”. Para intentar afrontar esta sobrecarga en el orden social aboga por impulsar medidas de “agilización de la justicia para mejorar el servicio a las personas trabajadoras y a los beneficiarios de la Seguridad Social, que en buena parte van a ser quienes van a tener que soportar los perniciosos efectos económicos y sociales derivados del Covid-19”.