Cuando Marlaska sí defendía a los jueces

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó en buena medida las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que ponía en entredicho la independencia judicial a raíz de la condena a la diputada autonómica de Podemos Isa Serra. Para Marlaska, esas manifestaciones no supuso ninguna «falta de respeto a la independencia judicial» y que había que enmarcarlas dentro de la crítica que puede realizar cualquier ciudadano a una resolución judicial, por tanto, con independencia de que forme o no parte del Ejecutivo.

Sin embargo, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial –al que llegó avalado por el PP– e integrante de su Comisión Permanente, no parecía tener esa misma opinión respecto a las opiniones de los miembros del Gobierno sobre resoluciones judiciales. Más bien, sostenía un criterio bastante diferente al expresado en su respaldo a Iglesias. Así se puso de manifestó con las declaraciones del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá en las que cuestionaba al juez de la Audiencia de Navarra que dictó el voto particular de la sentencia de «La Manada», del que decía que todos sabían que tenía un «problema singular».

Ante estas manifestaciones de quien ocupaba en esos momentos la cartera de Justicia, así como la de otros miembros del entonces Gobierno, el 30 de abril de 2018, la Comisión Permanente del CGPJ, de la que formaba parte Grande-Marlaska, adoptó un acuerdo por unanimidad, en el que se apelaba a la «moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial «y que trabajan para lograr una Justicia de calidad».

De esa forma, en el acuerdo que suscribió con su respaldo, al mismo tiempo que afirmaba y reconocía la legitimidad de la crítica a las sentencias, hacía un llamamiento a la prudencia de los responsables públicos para que, con sus manifestaciones, no pusiesen en entredicho la credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos.

Entonces, cuando faltaba poco más de un mes para incorporarse al primer Gobierno de Pedro Sánchez, su criterio sobre las declaraciones de los miembros de un Ejecutivo respecto a resoluciones judiciales parecía muy distinto al de ahora.

Sobre esta cuestión, vocales del Consejo General del Poder Judicial consultados por LA RAZÓN expresaron una cierta sorpresa por este cambio de actitud en quien fue su compañero. Así, uno de ellos sostiene que «no parece coherente ni con lo que ha hecho y ha sido toda la vida, en el sentido de ser un juez defensor de la independencia del Poder Judicial, que ahora defienda lo que dijo Pablo Iglesias, que no es de recibo, porque no criticó una sentencia sino al Poder Judicial en su conjunto».

Pero además, desde el Consejo también existe el convencimiento de que si Marlaska formase parte del CGPJ y no del Gobierno habría respaldado el comunicado donde se denunciaba las manifestaciones del vicepresidente segundo del Gobierno. «Si lo hizo con Catalá es de imaginar que lo haría igualmente ahora, porque lo que ha dicho Iglesias es incluso mucho más grave de lo que dijo» Rafael Catalá, sostiene al respecto otro de los consejeros consultados. «Si alguna vez tuvo principios parece que los ha perdido», es la conclusión a la que llega.

En esta línea, otro de los vocales señaló que si entonces «el magistrado Grande-Marlaska» defendió a los jueces con las manifestaciones de Catalá, «ahora como ministro apoya a quienes desde el Gobierno minan la independencia judicial». En todo caso, sostiene este consejero, «quizás no sea una incongruencia y su posición haya sido siempre la misma: el voluble oportunismo político por encima de cualquier consideración acerca de la preservación de los principios consustanciales al Estado de Derecho».

También fue «significativo», el hecho de que apenas dos días antes de presentar su renuncia como vocal del CGPJ, el 29 de mayo de 2018, se posicionara junto a todos los vocales «progresista» del Consejo que respaldaban que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien había estado en servicios especiales en un tribunal internacional tras haber dictado la sentencia del «caso Gürtel», pudiera formar parte de la Sala que debía resolver sobre las medidas cautelares de los condenados. «Esto ya significaba algo», sostienen al respecto las fuentes consultadas.

El mencionado acuerdo se adoptó el día 27 de mayo, el 29 dimitió como vocal y el 7 de mayo tomo posesión de su cargo como ministro de Interior.