Fiscalía prolonga la suspensión de inspecciones en residencias pese al centenar de investigaciones penales

Apenas 24 horas después de informar de que las investigaciones penales a residencias superan el centenar, la Fiscalía ha ratificado hoy la suspensión de las inspecciones presenciales de fiscales a centros de mayores. Así lo ha acordado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un decreto en el que desgrana los primeros pasos de la desescalada en el Ministerio Público para los próximos tres meses. En ese documento, también se mantienen “temporalmente en suspenso” las visitas a “residencias de personas con discapacidad, centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, o cualesquiera otras visitas de similar naturaleza, salvo que resulten absolutamente imprescindibles”. También quedan suspendidas las juntas de fiscales “hasta que las condiciones sanitarias lo permitan”.

Según ha precisado la Fiscalía posteriormente en un nota pública, las visitas a residencias siguen suspendidas “sin perjuicio de la posible utilización de medios telemáticos”. “Las circunstancias sanitarias y el quehacer ordinario de las residencias de la tercera edad aconsejan que se procure no interferir en la gestión de estos centros”, subraya. “Sin perjuicio de ello, en los supuestos en que sea preciso llevar a cabo estas visitas o inspecciones, lo cual puede resultar imprescindible en las diligencias de investigación, el decreto establece que se lleven a cabo”, resalta.

La resolución dibuja un nuevo escenario para los representantes del Ministerio Público tras la entrada en vigor del decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. En el mismo se establece como “prioridad” evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, así como potenciar el uso de medios telemáticos, “en especial las videoconferencias y el teletrabajo”, para evitar que los fiscales acudan presencialmente a su puesto de trabajo.

Con esa premisa, se estipula que su presencia en las salas de vista “será la estrictamente imprescindible, y estará condicionada fundamentalmente a la disponibilidad de los medios técnicos necesarios”. Del mismo modo, su permanencia en las dependencias de las distintas sedes de la Fiscalía “se limitará en tiempo y número a lo estrictamente necesario”. En todo caso, señala la fiscal general, los fiscales jefes “deberán garantizar que la incorporación se realice, en todo caso, por turnos y cuidando al máximo las distancias de seguridad establecidas”.

El despacho de asuntos, establece el decreto, “se realizará de manera telemática en cuanto fuere posible”, restringiéndose la atención al público y optando preferentemente por la vía telefónica o a través del correo electrónico.

El orden de la incorporación presencial a las fiscalías "vendrá determinado por las necesidades del servicio", se determina, al mismo tiempo que se encarga a los fiscales jefes que, una vez analizados "los espacios de su sede y la situación de sus plantillas", precisen "el número máximo de fiscales y personal auxiliar que puede incorporarse presencialmente de manera gradual".

Delgado ha acordado igualmente que se evite la presencia física de los fiscales “vulnerables por edad”, de las fiscales embarazadas y de quienes padezcan “diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, hepática o renal crónicas, cáncer o inmunodeficiencia”. Una medida que también alcanza a los fiscales “con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes” y que se vean afectados por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada.

Eso sí, para garantizar un reparto equitativo de las cargas de trabajo, estos fiscales en situaciones de vulnerabilidad o con necesidad de conciliación "deberán asumir funciones que no conlleven su presencia física en las sedes" pero que contribuyan a ese distribución equilibrada de tareas.

Plan de riesgos de contagio

La Fiscalía General del Estado también informa de que ha encargado la elaboración de un plan de contingencia "que identifique el riesgo de exposición al coronavirus de las diferentes actividades que se desarrollan en los centros de trabajo".

En esa resolución se insta a reforzar las plantillas “en la atención a los asuntos civiles”, sobre todo al haberse habilitado un nuevo procedimiento, especial y sumario, en esta materia.

El decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, del pasado 28 de abril, persigue, por un lado, "procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma" cuando se produzca el levantamiento de la medida y, por otro, hacer frente al aumento de la litigiosidad que se originará.

En esa norma, recuerda la Fiscalía, se resalta “la singular importancia de incluir medidas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales”.