Una plataforma judicial considera un “grosero acto ilegal” si De los Cobos fue cesado por no dar cuenta a Interior del informe del 8-M

Consideran ese hecho como un “aviso” de lo que puede suceder si se otorga la invetigación a los fiscales,"cuya cúpula designa el Poder Ejecutivo"

El cese del coronel de la Guardia Civil Diego de los Cobos continúa levantando ampollas en el mundo judicial, no por el cese en sí mismo sino por lo que puede haber detrás de ello, el no haber informado a Interior del contenido del informe relacionado con la manifestación feminista del 8-M y la pandemia del coronavirus. Las distintas asociaciones judiciales y fiscales criticaron muy duramente esa decisión a la vez que algunas solicitaban el reingreso inmediato del oficial a su puesto. Ahora ha sido la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, formaba por más de un centenar de jueces, magistrados, abogados del Estado y otros juristas, de diversas tendencias y miembros a la vez de distintas asociaciones, los que han recriminado también al ministro Marlaska esa decisión.

Esta plataforma, que preside en funciones la abogada del Estado Elisa de la Nuez –tras haber dejado el cargo el ex vocal y magistrado Agustín Azparren- y Jesús Villegas –juez decano de Guadalaja- destaca que tanto De los Cobos como sus subordinados no hicieron más que cumplir con su “obligación legal de guardar reserva de la evolución y del resultado de las concretas investigaciones que les han sido encomendadas” por la juez Carmen Rodriguez-Medel, a cuyas órdenes actúan.

En este sentido, destaca esta plataforma judicial, sin evaluar el contenido de dicho informe, dado que pertenece al material probatorio de una causa que está en fase de investigación, si el cese de De los Cobos hubiese estado motivado por la negativa a informar del contenido de esa pesquisas, “la destitución constituiría tanto una conducta política inmoral que nos retrotrae a la época del despotismo tiránico, como un grosero acto ilegal, que incurre en desviación de poder, pero cuyas graves repercusiones en otros órdenes jurídicos, incluso en el penal, el Gobierno no debería descartar”. Y, además, “sería un descarado aviso a navegantes para todos aquellos que no se plieguen a la política criminal del gobierno”.

Además, consideran que lo sucedido puede ser un aviso a tener en cuenta en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha retomado el Ministerio de Justicia y donde se prevé que la investigación pase a mano de los fiscales, “cuya cúpula es actualmente designada por el Poder Ejecutivo”.

Por ello, sostiene esta plataforma judicial, “si escandalosa es la remoción de un alto mando de la policía judicial, sería destructivo para el Estado de Derecho que un fiscal instructor pudiera ser removido por investigar a quien el Gobierno no quiere que se investigue o un fiscal instructor pueda recibir órdenes de investigar o no del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, eventualidad que con arreglo a su vigente Estatuto Orgánico hoy es posible”.