Con el eco aún presente de la dura sesión de control al Gobierno vivida el miércoles –especialmente por la ofensiva de la oposición contra el ministro Marlaska y el encontronazo entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias después de que la portavoz popular calificase de «terrorista» al padre del vicepresidente segundo–, la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social para hacer frente a las consecuencias de la pandemia se contagió ayer de ese clima bronco.

Fue el propio Iglesias el primero en comparecer en la jornada de este jueves y esbozó la hoja de ruta que, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, defiende para el escenario post Covid-19. Acudió a la comisión como miembro del Gobierno de coalición, aunque ello no le impidió defender medidas que exceden el acuerdo suscrito con el presidente Sánchez y presentar propuestas que, al menos hasta la fecha, son exclusivas de Unidas Podemos.

Cerco a la oposición: Vox es golpista; y el PP, corresponsable

Al margen de las medidas que impulsará desde el Consejo de Ministros, Iglesias trazó una estrategia de confrontación con los dos principales grupos de la oposición. El momento de mayor tensión se vivió entre Iglesias y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Tras calificar de «interlocutor» a Puigdemont, el líder de Podemos se mostró dispuesto a negociar con Santiago Abascal y con el propio Espinosa de los Monteros. Acto seguido, sin embargo, aseguró que estos dos diputados de Vox «parecen» querer dar un golpe de Estado. «Voy a ser todavía más preciso. Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven, porque para eso, además de de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse». Espinosa de los Monteros abandonó la comisión tras calificar de «vergüenza» lo sucedido. Con respecto al PP, Iglesias trató de corresponsabilizar a esta formación de lo sucedido en los últimos meses con motivo de la Covid-19. Puso encima de la mesa los recortes de 7.000 millones en la Sanidad Pública, las privatizaciones y la precarización los profesionales sanitarios e invitó a los representantes populares a pedir disculpas por ello en la comisión.

Nuevos impuestos

A juicio de Iglesias, «es un enorme consenso en nuestro país que es necesario reconstruir la Justicia Fiscal y dotarnos de instrumentos de recaudación eficaces, tal y como marca la Constitución, que nos permitan sostener el escudo social y reconstruir la economía». En este contexto, apuesta por «dejar atrás las amnistías fiscales a los defraudadores, la progresiva supresión de impuestos a los más ricos y los privilegios fiscales que permiten a las grandes empresas y al sector financiero aportar menos de lo que les correspondería». Por todo ello, defendió la necesidad de aprobar una Tasa de Reconstrucción. Este Impuesto a las Grandes Fortunas tendría como objetivo «que los que más tienen puedan arrimar el hombro y disponer de mecanismos para expresar su solidaridad con su patria aportando recursos para reconstruir los servicios públicos y los derechos de todos», en lo que Iglesias defendió como un ejercicio de «patriotismo». Un impuesto que, sin embargo, el presidente Sánchez no apoya.

Intervención del mercado

«La vivienda, que ha sido la trinchera desde la que la gente ha resistido al virus, es un derecho fundamental que los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar», aseguró Iglesias. Defendió medidas adoptadas por el Gobierno en esta crisis, como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional así como las ayudas y quitas a los alquileres. Sin embargo, destacó que el principal problema en este terreno sigue estando en el acceso a la vivienda: «Estos días, el propio Banco de España ha dicho algo que desde mi formación política llevamos diciendo mucho tiempo y que figura en el programa de Gobierno que suscribimos el PSOE y Unidas Podemos, y es que es urgente intervenir en el mercado de la vivienda». Los de Iglesias buscarán que esta comisión sirva para que «todas las fuerzas políticas y todos los actores institucionales y sociales nos comprometamos para asumir el mandato constitucional y hacer políticas públicas que garanticen que en España nunca más hay familias que se ven privadas de la posibilidad de acceder a una vivienda digna».

Puerta abierta a nacionalizar

Fue muy crítico con los procesos de deslocalización industrial: «Nunca más puede volver a suceder que España no tenga la capacidad de proveer a nuestro sistema sanitario de materiales básicos, como respiradores o equipos de protección individual». Lo que propone a este respecto es que el país no tenga que depender «de mercados globales especulativos», porque «eso no es ya solo un problema de soberanía, es una amenaza para la seguridad de la gente». Por lo tanto, planteó como «tarea fundamental» de la reconstrucción económica y social traducir también ese consenso y trabajar para reforzar nuestra industria. En este terreno, precisó que «los instrumentos jurídicos» para llevar a cabo nacionalizaciones «están ahí». No hizo una encendida defensa de esta estrategia aunque abrió la puerta a acometerlas: «Son perfectamente posibles con la Constitución». Alertó, no obstante, a no caer errores del pasado –mencionó Bankia– al «nacionalizar pérdidas para privatizar después los beneficios».

Residencias privadas

«No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, recortando, privatizando y condenando a los profesionales de los cuidados a la más absoluta precariedad», señaló respecto a lo sucedido en las residencias de mayores. En este sentido Podemos ya anunció que defenderá en esta comisión su propuesta para limitar la presencia de empresas privadas en este sector. Para evitar que esto se repita, Iglesias insistió en la necesidad de reforzar el sistema de Dependencia.

Tumbar la reforma laboral

Iglesias puso en valor el trabajo realizado en esta crisis por los profesionales sanitarios, pero también por los trabajadores de los servicios sociales, transportistas, limpiadores, reponedoras, reparadores... Calificó su trabajo como «esencial» a pesar de que «trabajan en unas condiciones de precariedad intolerables para la cuarta economía de la zona euro». Y añadió: «Deberíamos comprometernos en esta Comisión con la hoja de ruta que ha marcado la ministra de Trabajo y que tiene que ver con luchar contra la precariedad y reconstruir, en el marco del diálogo social, los derechos laborales que quedaron arrasados como resultado de la Reforma Laboral» aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012.