Hasta 6.000 euros de sanción por fraude en el ingreso mínimo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya es oficial. El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación de esta nueva prestación, que pretende dar cobertura económica a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas. A todo lo ya conocido se le sumaron dos grandes novedades: las multas y sanciones que se impondrán a los que cometan fraude en sus solicitudes y la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan hacerse cargo de su gestión a partir de 2021.

El objetivo es evitar que se formen posibles bolsas de economía sumergida a partir de la concesión de esta renta y se amplía la responsabilidad a todo el núcleo familiar y otros «cooperadores necesarios» que hubieran dado apoyo o cobertura al supuesto fraude. El texto también explicita el tipo de sanciones que se podrán imponer y su tipología, distribuidas en tres niveles: leves, graves y muy graves. En el caso de las leves, que incluye no proporcionar la documentación e información precisa o ésta sea falsa en alguno de los datos aportados, se sancionará con un apercibimiento de la persona infractora y se solicitará que en un plazo establecido se subsane esta deficiencia.

Respecto a las graves, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) establece diversos supuestos, que se centran la ausencia de la documentación requerida, no comunicar cambios relevantes de situación laboral o económica o incumplir con la obligación de participar en las estrategias de inclusión laboral o en las condiciones para compatibilizar el IMV con otros ingresos. Todos estos incumplimientos se sancionarán con «la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses». Cuando estas infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, «la sanción consistirá en el deber de reingresar tres mensualidades de la prestación» –lo que conllevaría la devolución de una cantidad entre 1.384,5 euros, con la prestación mínima, y 3.045,9 euros en la máxima–.

Cuando las infracciones sean muy graves, se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta seis meses y cuando las infracciones diesen lugar «a la completa extinción del derecho» habrá que devolver seis mensualidades de la prestación –es decir, que una familia con dos hijos tendría que devolver 6.091,8 euros–. Se establece como infracción muy grave, por ejemplo, ocultar documentación o información que resulte fundamental para determinar que la percepción de la cuantía indebida haya sido superior al 50% de la que correspondería. También se considera muy grave el hecho de no comunicar cambios de residencia o desplazamientos al extranjero sin comunicación previa. Si el INSS detectara una reiteración incumplimientos normativos se decretaría una conculcación de todos los derechos a esta prestación por un espacio de cinco años.

Por otro lado, el BOE abre la puerta a que en 2021 se pueda ceder la gestión de la renta mínima a las comunidades autónomas, más allá de País Vasco y Navarra, cuyas haciendas forales podrán hacerlo desde su entrada en vigor. La precisión trae cuenta del malestar generado en la última conferencia de presidentes por el trato preferencial que se da a algunas autonomías respecto a otras, como prebenda por su apoyo al Ejecutivo. El Gobierno pactó la semana pasada con el PNV, a cambio de su voto favorable a la sexta prórroga del estado de alarma, la cesión a País Vasco y Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Este hecho provocó un conato de rebelión en la citada reunión del domingo, por lo que barones –tanto de PP como de PSOE– consideraron una «discriminación» y que ha obligado al Ejecutivo a replantearse su estrategia, ante amenazas incluso de recurso ante el Tribunal Constitucional.

La rectificación BOE apareció recogida de la siguiente manera: «El Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con las comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital». Esto supone un viraje respecto a lo que defendió el propio presidente en su ya habitual rueda de prensa del fin de semana. «El Ingreso Mínimo Vital es una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social y, en consecuencia, eso garantiza la igualdad de derechos en todo el conjunto del país. Estamos estableciendo unos parámetros muy semejantes para todos los ciudadanos y en consecuencia se garantiza esa igualdad de derechos», dijo el presidente.

La cuantía de la renta será de entre 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas. El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales y se ha concedido un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar la medida en 2020.