La directora de la Benemérita traslada que no dimitirá

Se aguarda con expectación la próxima celebración, dentro de este mes, del Consejo Superior de la Guardia Civil que presidirá la directora general del Cuerpo, María Gámez y en el que, aunque el orden día no está establecido, será abordada la situación por la que atraviesa la Benemérita. La anterior sesión, el 7 de mayo pasado, fue presidida excepcionalmente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y, por las citadas circunstancias, no se puede descartar que vuelva a ocurrir lo mismo.

El Consejo Superior se reúne de forma periódica cada mes y está integrado por todos los generales del Instituto que se encuentran en activo. Aunque se trata de un órgano colegiado, asesor y consultivo, que tiene encomendadas, entre otras funciones, la realización de informes sobre asuntos de interés para el Cuerpo, la particular situación por la que atraviesa la Benemérita hace imprescindible que, bien por iniciativa de la directora o a preguntas de los generales, se aborde el asunto.

María Gámez, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Guardia Civil, trabaja normalmente en su despacho, no tiene ninguna intención de dimitir y, en ningún momento, se ha sentido desautorizada por Grande-Marlaska, pese a sus palabras el miércoles en el Parlamento en las que parecía descargar las responsabilidades del «caso Pérez de los Cobos» en ella y en el secretario de Estado del Ministerio.

En este Consejo Superior se «estrenarán» el nuevo director de Apoyo Operativo (DAO), general Salas; el del Mando de Operaciones, general Blázquez, y los que han ascendido recientemente, entre ellos Manuel Llamas y Ángel Alonso, que han obtenido el empleo de general de división.

El deseo en la Guardia Civil, según ha podido comprobar este periódico al consultar distintas fuentes de la Benemérita, es que las «aguas vuelvan a su cauce lo antes posible» y que el Cuerpo sea noticia por los servicios que presta y no por otras cuestiones. Es cierto que han sido suscitadas desde fuera, pero la han colocado en primera línea de actualidad. Además, esos asuntos han suscitado comentario «falsos y gratuitos», ajenos por completo a la realidad, como los relativos a la existencia de grupos golpistas o «policías patrióticas» dentro del instituto armado, que, desde luego, como rezan los carteles que están en todos sus cuarteles, es «patriótica» pero para servir a la Patria y a todos los españoles.

Son momentos en los que se debe actuar con prudencia y no agitar más las aguas de esta particular «tormenta perfecta», que se inició con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y con una accidentada sustitción a la que, por solidaridad con el coronel cesado, se negaron hasta tres mandos de la Benemérita.

Hay consenso general en que el mando cesado tiene todo el derecho a recurrir ante los tribunales la decisión que le apartó de la jefatura de dicha comandancia. «Una hoja de servicios como la de Pérez de los Cobos no puede tener un borrón provocado por quienes, según todos los indicios, actuaron de una manera precipitada, sin permitirle ejercer su derecho a defensa y, para colmo, acusarle veladamente de haber filtrado la noticia que dio lugar a todo este enredo», agregan.

El coronel dedica estos días, antes de incorporarse a su nuevo destino en la Inspección Central de Armas y Explosivos (ICAE), a ordenar todas las evidencias que tiene sobre lo ocurrido desde que se inició el proceso de su destitución, evidencias que serán aportadas en su momento al juez que se ocupe del caso.

En el círculo próximo a Pérez de los Cobos se asegura que dichas evidencias demostrarán que ha cumplido siempre con sus obligaciones, que dio las novedades oportunas, a través de la línea jerárquica, de las investigaciones que un juzgado de Madrid había abierto sobre las manifestaciones del 8-M (no sobre su contenido, que desconocía) y que su destitución, tras una serie de llamadas telefónicas en las que se pedían explicaciones sobre el informe y sobre la publicación de una noticia relativa al mismo, estaban fuera de todo lugar. Por si no eran pocas las evidencias reunidas por el coronel cesado, está el documento de la directora general de la Guardia Civil en el que se reconocía que se le había requerido dicha información.

LA RAZÓN ha tratado de conocer cómo fue el proceso de elaboración de dicho documento, que pone en evidencia, no sólo a la directora María Gámez, sino al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, pero ha sido imposible determinar esos detalles, sobre los que se guarda una absoluta reserva dentro del Cuerpo.

El documento, en una primera lectura, que es la que ha realizado todo el mundo, supone una especie de autoacusación de los responsables de Interior, elaborado por Gámez, que quizás quería decir algo distinto a lo que firmó. Pero lo escrito, escrito está.

El Consejo Superior que se reúne este mes sería el marco adecuado para que ésta y otras explicaciones necesarias sean conocidas por los generales de la Guardia Civil y, a través de los canales ordinarios, se las hagan llegar a sus subalternos con el fin de contribuir a esa normalización (no la nueva, sino la de siempre) que todos desean. Mantener un ambiente de opacidad, que los agentes de la Benemérita se enteren por los debates que protagonizan los políticos en el Parlamento o las noticias, a veces contradictorias, que se publican en la prensa, no es cauce habitual que se ha seguido en la Benemérita para dar a conocer determinadas circunstancias que eran de interés general para los integrantes de un Cuerpo que acaba de cumplir 176 años. Las propias asociaciones de la Benemérita protagonizan estos días una especie de debate público entre quienes defienden los intereses de los agentes y los que apoyan al actual Gobierno.