Guardia Civil
Investigan las «filtraciones» en el despacho de Pérez de los Cobos
El procedimiento que se ha abierto podría terminar en un expediente disciplinario y consecuencias penales
J. M. Zuloaga - Madrid
La Guardia Civil ha abierto un procedimiento interno de investigación para determinar si la filtración de dos informes sobre las manifestaciones del 8-M, realizados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Madrid, pudo salir de dicha unidad, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita.
Se trata de un procedimiento habitual en estos casos, cuando se producen filtraciones, y es la propia Comandancia, al frente de la que se encuentra el teniente coronel David Blanes, la que ordena la investigación. Consiste, básicamente, en auditar los ordenadores de los agentes de la Comandancia que hayan podido tener acceso a los informes y determinar si se los hicieron llegar a terceros.
En este caso, se abriría un expediente disciplinario, con posibles consecuencias judiciales, ya que la magistrada que lleva el caso ordenó expresamente que no se facilitara a nadie información sobre la marcha de las diligencias.
Entre los ordenadores que están siendo auditados figura el del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, que estuvo al frente de la Comandancia hasta que fue cesado por el Ministerio del Interior, departamento del que se ha acusado, de forma velada, al mando de la Benemérita como posible «filtrador» de los informes.
Las citadas fuentes han señalado que ven poco probable que alguien filtre documentos desde su ordenador oficial y recuerdan que los informes, además de en poder de sus autores, los agentes de la UOPJ, estaban en manos de otras personas ajenas a la Guardia Civil. La investigación interna no afecta a otros asuntos concernientes a la gestión de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia; en la actualidad, está destinado, en comisión de servicios, en la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE).
Entre las últimas gestiones del mando destituido se incluye la orden relacionada con el supermercado donde fue grabado el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias comprando durante la crisis del coronavirus. En concreto, se difundió un vídeo en el que se proferían insultos y se veía al líder de Podemos comprando sin llevar la mascarilla. Como jefe de la Comandancia, Pérez de los Cobos pidió a la empresa de seguridad de la tienda que se preservaran las imágenes por si se derivaban responsabilidades penales, informa Ep.
La investigación de las «filtraciones» es algo habitual en las Fuerzas de Seguridad, sobre todo si se trata de documentos que han sido entregados a un juzgado o que se encuentran en proceso de elaboración. Cuando se entiende que con su difusión de ha podido perjudicar investigaciones en marcha, las pesquisas adquieren un tono más resolutivo. En el caso que nos ocupa, los informe de la UOPJ ponían de manifiesto que la delegación del Gobierno de Madrid y el Ministerio de Sanidad contaban con información previa a la autorización de las manifestaciones del 8-M, que alertaba de la gravedad de la pandemia que se avecinaba.
La primera noticia, que no filtración de un documento concreto, sobre la existencia de las investigaciones fue lo que irritó en Presidencia del Gobierno, que se pusieron en contacto con el Ministerio del Interior para saber qué es lo que ocurría. A partir de ese momento, se sucedieron los hechos de forma vertiginosa hasta llegar a la destitución de Pérez de los Cobos.
Resulta extraño, según las fuentes consultadas por este periódico, que la noticia de la existencia de la investigación causara tanto revuelo cuando el propio Pérez de los Cobos había dado la novedad, hasta en dos ocasiones, de que las pesquisas se habían iniciado (no de su contenido, que desconocía).
El primer documento, después de iniciarse esta particular «tormenta», no tardó en estar en manos de casi todos los medios de comunicación, para, a renglón seguido, aparecer una especie de contrainforme en el que se cuestionaban algunos aspectos del primero.
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