El ex militar acusado del asesinato de Ellacuría: “Nunca hubo pretensión de hacerle daño”

Montano se desvincula de la muerte de los cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989 y asegura al tribunal que siempre pensó que había sido la guerrilla del FMLN

El ex militar salvadoreño Inocente Montano, durante la primera sesión del juicio por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989Pool Pool

El ex coronel salvadoreño Inocente Montano ha negado cualquier participación en el asesinato de Ignacio Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles en el país centroamericano en 1989. El que fuera viceministro de Seguridad Pública en El Salvador -para quien la Fiscalía pide una condena de 150 años de prisión- ha asegurado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que ni estuvo en la reunión en la que, supuestamente, el responsable de la Escuela Militar dio el 15 de noviembre de ese año la orden directa de asesinar a los jesuitas a una unidad del batallón Atlacatl, ni intentó a posteriori encubrir los crímenes.

“Siempre pensé que había sido el FMLN”, ha llegado a decir en referencia a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), enfrentada en esas fechas al Ejército tras más de una década de sangrienta guerra civil. Tras eludir cualquier responsabilidad en esos crímenes desgranando al tribunal un marasmo de mandos militares y competecias, el septuagenario ex militar resaltó que “el delito lo cometieron soldados, no policías, que eran los que dependían de mi persona”. Él mismo se había encargado minutos antes de diferenciar las atribuciones del ministerio de Defensa, de las que se encargaba el Ejército, de las de Seguridad Pública, que llevaba a cabo la Policía.

El único acusado -después de que el tribunal archivara la causa respecto al también ex militar René Mendoza- ha puesto especial énfasis en dejar claro que en la fecha de los asesinatos la seguridad del país “estaba comprometida” por los guerrilleros del FMLN y que el objetivo del Gobierno de Cristiani era “proteger al estado de la amenaza terrorista”. En ese contexto, ha asegurado, se produjo lo que calificó como “el lamentable incidente de la muerte de los padres”.

Durante su declaración -en la que solo contestó a las preguntas de su abogado-, Montano también se desmarcó de los registros (“cateos”) que se llevaron a cabo en la Universidad de Centro América (UCA) 48 horas antes de los asesinatos y que para la Fiscalía fueron “el preludio planeado” de esos crímenes. Esos registros, en los que no se hallaron armas, fueron ordenados -ha dicho- por el Estado Mayor al batallón Atlacatl porque “dijeron que había armamento del FMLN en la universidad, que lo tenían como un almacén”.

El día de los asesinatos sí ha reconocido que asistió a una reunión con el presidente Cristiani, pero ha subrayado que en la misma “no se ordenó matar a los jesuitas”, sino que el Alto Mando expuso que no se atrevía a atacar militarmente al FMLN en San Salvador porque “iba a ser una matanza terrible” para la población, por lo que el mandatario ordenó dejar “enfriar” la situación para evitar la repulsa internacional.

La Fiscalía, sin embargo, mantiene que participó en la “decisión, diseño o ejecución” de los asesinatos de los sacerdotes, a quienes consideraban “líderes intelectuales” de la guerrilla. Además de Ellacuría, fueron abatidos a tiros los sacerdotes Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno. En la matanza también fueron asesinados un sacerdote salvadoreño, Joaquín López, y la empleada de hogar de la residencia jesuita, Julia Elba, y su hija Celina.

Pero según ha explicado el ex coronel, lejos de sentir animadversión hacia el padre Ellacuría -uno de los referentes de la Teología de la Liberación-, el jesuita era “una de las personas más allegadas al presidente, a quien ayudó mucho en la consecución de los acuerdos de paz”. Él mismo, ha remarcado, no tenía “nada contra él ni contra los jesuitas”. “Convenció a muchos de los oficiales jóvenes que estaban estudiando en la UCA que era necesario hacer un cambio” para terminar con la dictadura militar del general Carlos Humberto Romero -ha recordado en referencia al sacerdote español-, lo que propició su derrocamiento y la convocatoria de elecciones que ganó Cristiani.

Y eso que, según ha reconocido, tanto el Gobierno como el Ejército eran conscientes de que Ellacuría se reunía también “con la cúpula de FMLN”, pese a lo cual “nunca hubo pretensión de hacerle ningún daño”. Según su versión de los hechos, no sabían a ciencia cierta que los jesuitas colaboraran con el FMLN “política o militarmente”, pese a que ha recordado que el sacerdote Jon Sobrino, “muy allegado a Ellacuría”, había sido fotografiado adiestrando a guerrilleros menores de edad.

En esa línea exculpatoria de cualquier responsabilidad por la matanza, el ex coronel ha negado que pretendiera encubrir los crímenes y ha resaltado que se mostró favorable a que se llevara a cabo "una investigación internacional" para intentar esclarecerlos. "Ni me llamaron a declarar", ha señalado respecto a la investigación que emprendió la Comisión de la Verdad.

Del mismo modo, ha esgrimido que de todo el Alto Mando militar de esa época "a nadie le dio visa la embajada de Estados Unidos salvo a mí y mi familia", cuando tras dejar el cargo en el Gobierno y ejercer como agregado militar salvadoreño en México, se fue a vivir a Estados Unidos, país desde el que fue extraditado a España por esta causa en 1989.

Montano ha reconocido su pertenencia a “La Tandona” -la facción militar que controlaba el Ejército y el Gobierno en esas fechas-, pero ha insistido en que “nunca nos metimos en problemas de terrorismo ni vulneramos las leyes”, pues formaban parte “de un gobierno legítimamente electo”. Sus decisiones las tomó siempre, ha insistido, con el propósito de “defender a la población y al estado democrático”.

Antes de su declaración, el abogado del ex coronel ha pedido sin éxito al tribunal que acordase la nulidad de la causa -por considerar que los hechos han prescrito y que el juicio no se puede celebrar en España- y ha reprochado a las acusaciones que pretendan “que una persona de las 15 que se denunciaron pase 150 años en la cárcel con 76 años y en silla de ruedas”.