El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado hoy a la juez que investiga si cometió un delito de prevaricación al autorizar la manifestación del 8-M que cuando permitió la concentración feminista “no había ninguna elemento ni recomendación que me llevara a prohibir un derecho fundamental como es el de manifestación”.

En su declaración ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, José Manuel Franco ha defendido que su actuación fue siempre “de acuerdo a la ley” y “con arreglo a las noticias que se iban teniendo de las opiniones de los expertos sanitarios”.

“En absoluto podemos ser responsables del 8-M”, ha subrayado antes de incidir en que en esas fechas “se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no estaban amparados por derechos fundamentales”.

Tras hora y media de comparecencia judicial en los juzgados de Plaza de Castilla, el delegado del Gobierno en Madrid ha asegurado a los periodistas que en todo caso ni siquiera está acreditado que esa concentración contribuyera a aumentar los contagios -en referencia al aumento del número de casos registrado el 9 de marzo-, dado que los síntomas del coronavirus, ha recordado, se manifiestan dos semanas después.

Franco ha dejado claro que confía en la labor judicial. “Siempre he creído y sigo creyendo en la Justicia”, ha recalcado. Esgri‪miendo ese respeto por la función jurisdiccional, el investigado ha declinado valorar la opinión de la Abogacía del Estado de que Rodríguez-Medel está instruyendo una causa general contra el Gobierno, aunque, matizó, “tengo mi opinión”.

Del mismo modo, mostró su “gran respeto por la Guardia Civil”, que considera en sus informes que conocía la gravedad de la pandemia en las fechas anteriores al 8-M y que debió prohibir todas las concentraciones masivas posteriores al 5 de marzo. “No puedo estar de acuerdo con el informe”, se ha limitado a decir.

“He intentado cumplir con mis obligaciones como ciudadano y como delegado del Gobierno de colaborar con la Justicia”, ha añadido antes de lamentar que "hoy no estemos hablando “de las medidas para salir de la crisis” como el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno.

El delegado gubernamental no ha querido valorar si conocía el informe del pasado 28 de febrero del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno que incluía información general sobre las medidas preventivas básicas ante el coronavirus, que fue remitido a todo el personal el 2 de marzo y que recomendaba mantener una distancia social de al menos un metro.

Además de Franco, hoy también declaran ante la juez, en su caso como testigos, Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno; Luis María Sanz, jefe de gabinete del delegado; y José Luis Correas, director de Seguridad Ciudadana de la institución.

Entre el 5 y el 14 de marzo, la Delegación del Gobierno recibió 177 peticiones de reuniones o manifestaciones, de las que se autorizaron 130. Finalmente, 35 fueron desconvocadas -26 de ellas por la crisis sanitaria del coronavirus- y otras ocho no se llegaron a celebrar. Catorce de esas protestas desconvocadas se anularon por los propios promotores y otras doce a instancias de la Delegación del Gobierno, mediante llamadas telefónicas de las que no consta registro alguno.

Entre las concentraciones no autorizadas figura una que pretendía celebrar una asociación de agricultores y ganaderos el 14 de marzo frente al domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) y cuyo permiso se denegó esgrimiendo el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria.

Tanto la Guardia Civil como el forense adscrito al juzgado consideran que la Delegación del Gobierno era consciente desde finales de febrero de la gravedad de la pandemia, por lo que el 8-M no se debería haber celebrado, como ninguna otra concentración masiva posterior al 5 de marzo (entre ellas el mitin de Vox en Vistalegre).

Según se recoge en el último informe forense, el 28 de febrero en la Delegación “se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del peligro que entrañaba para los ciudadanos”, pese a lo cual no se instó a los convocantes de concentraciones “que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban".

En esa misma línea, la Guardia Civil considera en el informe que provocó el cese del coronel Pérez de los Cobos que la Delegación del Gobierno “tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma”, pues disponía de “datos objetivos suficientes” desde la primera semana de marzo.