La sala II del supremo celebrará un pleno para estudiar el 17 de septiembre el recurso interpuesto por Quim Torra contra la condena a 18 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, al negarse a retirar los lazos amarillos de edificios públicos como le había ordenado la Junta Electoral Central. Si el el Tribunal Supremo confirmara la sentencia llevaría aparejado de forma inmediata que Torra tendría que abandonar la presidencia de la Generalitat, como ya adelantó LA RAZÓN. Lo que todavía no se conoce es quién será el ponente de la resolucion, ya que Miguel Colmenero, a quien correspondía, presentó su abstención al haber formado parte de la Junta Electoral que realizó tales requerimientos a Quim Torra.

El 19 de diciembre del pasado año, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, era condenado a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28 de abril. En la sentencia se recogía su «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» al no acatar las resoluciones de la Junta, en una clara muestra de «voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca» de contravenir los mandatos de la autoridad electoral, de lo que el president hizo «alarde público».

Esa sentencia llevó implícita no sólo la condena en sí misma, sino que derivó en que la Junta Electoral Central le retirase su acta de diputado en el Parlament, decisión confirmada por el Tribunal Supremo. Se plantó el debate entonces de si podía o no continuar como president de la Generalitat, algo que se ha resuelto por la vía de los hechos.

En un principio, la pretensión de la Sala que preside Manuel Marchena tenía previsto celebrar la vista del recurso antes de la vacaciones estivales –aunque esta año del 11 al 30 de agosto será hábil–. Estas previsiones, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, quedaron totalmente desfasadas por la paralización señalada y por el carácter de que no es una causa con preso que requiera un pronunciamiento más rápido.

Si el Supremo confirmase la condena, Torra tendrá que dejar el cargo de president de la Generalitat de forma inmediata, con todas la marejada política que conllevaría de forma inmediata.

Torra recurrió su condena el pasado mes de febrero al entender que se perseguía con ella era es apartarle «ilegal e ilegítimamente» del cargo y constituye una «palmaria persecución política». En su recurso alega hasta un total de once derechos fundamentales que se habrían vulnerado con su condena, entre ellos los relativos a la presunción de inocencia, libertad de expresión y derecho a un juez imparcial.