Interior “premia” con el acercamiento al País Vasco al etarra que buscó una matanza en la estación de Chamartín en 2003

Lupiáñez Mintegui, condenado por secuestrar a una familia española en Francia, también ha sido "beneficiado". Desde que Sánchez es presidente 41 presos de ETA han sido acercados

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, continúa con el goteo de acercamientos de presos etarras a cárceles más próximas al País Vasco que donde cumplen condena actualmente. Si hace apenas once días, los “agraciados” eran Balbino Sáez Olarra - condenado a 108 años de prisión por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández-, Julián Achurra ‘Pototo’-condenado a 32 años de prisión por, entre otros delitos, ordenar y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro de Ortega Lara-, Asier Mardones –condenado a 74 años de prisión por un atentado contra a Ertaintza- y Asier Rodríguez López- -intentó asesinar a dos miembros de la Ertzaintza-, ahora son Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Joseba Lupiáñez Mintegui. Con esto traslados son ya 41 los presos de ETA que han visto su acercamiento a prisiones más cercanas a sus domicilios desde que Pedro Sánchez está en la presidencia del Gobierno, según señala la Asociacion de Víctimas del Terrorismo,

Garikoitz Arrarte, que será trasladado de la cárcel de Almería a la de Soria, lleva en prisión desde diciembre de 2003. Fue condenado a 2,775 años fue condenado en 2005 por la Audiencia Nacional por haber colocado una bomba compuesta por 28 kilos de dinamita Titadyne en el Intercity Irún- Madrid el día 24 de diciembre de 2003. El artefacto fue desactivado por artificieros en la estación de Burgos. La sentencia, que le condenó por 184 homicidios terroristas, señalaba que, aunque no hay pruebas de que ETA hubiera querido causar una masacre en la estación de Chamartín, ésta podría haberse producido.

La Junta de Tratamiento de la prisión de Soria propuso su progresión a segundo grado y el traslado a un centro penitenciario más próximo a su domicilio.

Por su parte, Lupiáñez Mintegui, que será trasladado del Centro Penitenciario de Topas al de Logroño, fue condenado en 2019 a 50 años de cárcel por secuestrar a una familia española en Francia. Tras robar la autocaravana a esta pareja y su hijo de 4 años, fue utilizada por los etarras responsables del atentado de la T4 para atentar contra una torre de red eléctrica de Castellón en 2007. Lleva en prisión desde diciembre de 2007. Extinguió su anterior condena, de 11 años y 11 meses de prisión, el 28 de octubre de 2019, en segundo grado por orden del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria.

Tras una nueva condena por los delitos de detención ilegal, robo y tenencia de explosivos, la Junta de Tratamiento de Topas ha propuesto una clasificación inicial en segundo grado que ha aprobado el Centro Directivo, junto con el traslado a la prisión de Logroño para el cumplimiento de la misma.

Tanto Arrarrte como Lupiáñez han aceptado la “legalidad penitenciaria”, según señala la Secretería General de Institucicones Penitenciarias. Sin embargo, la AVT constata que ninguno de ellos haya colaborado con la Justicia, requisito que se considera indispensable para “poder valorar su verdadero arrepentimiento y favorecer la reinserción de los presos etarras”.

Polìtica penitenciaria como “método de lucha”

La AVT considera que por parte del entorno de ETA y sus presos se está utilizando esta nueva política penitenciaria “como método de lucha, no sólo para ser trasladados a prisiones próximas al País Vasco, sino para conseguir su libertad, verdadero objetivo del colectivo de presos”. Este el el motivo por el que reclaman al Gobierno que “la reconsidere y diseñe una nueva política penitenciaria destinada a la reinserción de los presos que debe pasar necesariamente por su colaboración con la Justicia”.

Esta nueva política penitenciaria por parte del Ejecutivo,, con 41 acercamientos ya desde que Sánchez está al frente del Gobierno, es uno de los motivos ha llevado a la AVT a a no acudir al Congreso el próximo día 27 de para conmemorar el Día de las Víctimas del Terrorismo y, en su lugar, organizar uno paralelo.