Las querellas contra el Gobierno, en manos de la Fiscalía de Delgado

Luis Navaja, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 de la Fiscalía, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales –al igual que Dolores Delgado antes de ser nombrada ministra de Justicia– y con el mandato vencido desde hace ya meses, será quien tenga en sus manos la postura del Ministerio Público frente a las 51 denuncias y querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión ante la pandemia del coronavirus. De hecho, no se prevé que deje ese puesto hasta que el próximo mes de diciembre pase a la jubilación.

Dolores Delgado no intervendrá en esos dictámenes toda vez que perteneció Gobierno hasta semanas antes de su nombramiento en la cúspide del Ministerio Público, y pese a que no tuvo intervención en nada relacionado con el Covid el hecho de haber formado parte del Ejecutivo le impediría adoptar ninguna decisión que afecte a miembros del mismo, con algunos de los cuales llegó a compartir mesa en el Consejo de Ministros.

La postura de la Fiscalía será muy relevante para la decisión que adopte finalmente la Sala Penal del Tribunal respecto a las 36 denuncias y 15 querellas interpuestas contra el Gobierno en pleno o determinados ministros desde el 14 de marzo, fecha en que se activó el estado de alarma.

Antes de que la Sala que preside Manuel Marchena se pronuncie sobre esas acciones penales tendrá que informar la Fiscalía sobre la competencia para entender de esas acciones penales, su posible acumulación y fondo del asunto, es decir, si considera que deben admitirse a trámite o por contra inadmitirlas de plano. Cuando el Tribunal Supremo tenga esos informes en su poder, la Sala decidirá el curso que da a las mismas.

En cuanto a la competencia, no hay duda de que al tratarse de miembros del Gobierno la competencia corresponde al Tribunal Supremo. Cuestión distinta es el fondo, que será clave para la actuación posterior. Si la Fiscalía sostiene que no hay indicios de delito alguno, difícilmente el Supremo entraría a investigar, pero si sostiene que al menos hay base para investigar, la probabilidad de que la Sala Penal acuerde iniciar una investigación es más que probable, al igual que lo es que se proceda a la acumulación de algunas de esas denuncias y querellas, toda vez que en algunos casos los denunciados/querellados y los hechos imputados vienen a coincidir en no pocos supuestos.

Entre las denuncias y querellas se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox –todos ellos en calidad de acusación popular–pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular; así como una asociación de guardias civiles, colegios de enfermería, colectivos de médicos, policías municipales de Madrid, la asociación de Abogados Cristianos o las asociaciones vinculadas a la ultraderecha como Hogar Social o Hazteoir, e incluso de dos reclusos, que se dirigen directamente contra el ministro Marlaska.