La Unión Europea y el laberinto del artículo 7 del TUE

Polonia y Hungría son los dos únicos países del club comunitario que se han enfrentado a la apertura del artículo 7 debido a su deriva autoritaria. En el caso de Varsovia, fue el ejecutivo comunitario el que decidió dar este paso en diciembre de 2017 mientras que Budapest se ha tenido que enfrentar al mismo expediente desde septiembre de 2018, aunque en esta ocasión fue a instancias del Parlamento Europeo (con la abstención del Partido Popular español que se desligó del voto mayoritario de su familia política).

El artículo 7 siempre ha sido conocido en los pasillos comunitarios como el “botón nuclear” cuyo poder coercitivo reside precisamente en no tener que ser pulsado. La mera activación de este proceso por parte del ejecutivo comunitario, presidido entonces por Jean Claude Juncker, supuso un antes y un después en la historia del club. Hasta entonces, la apertura de numerosos expedientes de menor rango contra Varsovia por ataques a la libertad judicial no habían dado ningún resultado.

El hecho de que la Eurocámara decidiera seguir el mismo camino en el caso de Budapest, a pesar de la pertenencia del primer ministro Viktor Orban al Partido Popular Europeo, también supuso un importante paso. Pero desde entonces, los dos expedientes han quedado atrapados en un laberinto de difícil salida. El artículo 7 puede desembocar en última instancia en la pérdida del derecho de voto en el Consejo, lo que supone una congelación de facto en la membresía dentro del club. Para poder llegar a este último estadio, se necesita la unanimidad de las cancillerías europeas. Una posibilidad remota en estos momentos debido a la alianza entre Varsovia y Budapest y que amenazaría con agravar aún más la brecha entre Este y Oeste del club comunitario, tras las heridas ocasionadas por la crisis de refugiados.

Ante la imposibilidad de avanzar hacía alguna dirección, el ejecutivo comunitario ha decidido utilizar al poder del Tribunal de Justicia de la UE como el mejor antídoto para evitar la profundización de esta deriva autoritaria, con la petición incluso de medidas cautelares para frenar ciertas contrarreformas contra la independencia judicial. En aras de tender puentes y de no estigmatizar a estos países, la presidenta del ejecutivo comunitario, Úrsula von de Leyen ha prometido presentar durante su mandato un nuevo mecanismo de vigilancia del Estado de Derecho que emitiría informe periódicos sobre todos los países europeos y no únicamente sobre los expedientados.

En la misma línea de intentar buscar otras soluciones, la Comisión Europea ha propuesto supeditar el desembolso de los fondos regionales- de los que los países del Este son grandes beneficiados- al cumplimiento del Estado de Derecho dentro de la propuesta del nuevo marco presupuestario 2021-27. Una iniciativa que está siendo negociada por las capitales europeas y que irá aparejada al nuevo fondo de Reconstrucción que tiene como objetivo paliar los devastadores efectos de la pandemia. Ante la necesidad de encontrar un acuerdo lo antes posible en la cumbre que se celebrará la semana que viene, todo indica que este apartado puede ser dulcificado en aras de conseguir la luz verde de los Países del Este.

Mientras tanto, la pertenencia de Fidesz (el partido de Orban) a la familia del Partido Popular Europeo sigue siendo un quebradero de cabeza de difícil solución. De momento, su membresía ha sido suspendida después de la campaña emprendida contra el anterior presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, lo que supone que no puede participar de las reuniones ni votar ninguna decisión. Tras este paso tomado en marzo de 2019, el partido sigue dividido sobre la posibilidad de expulsar a Fidesz de manera definitiva, a pesar de que Orban no ha dado muestras de propósito de enmienda.