«¿Se va a respetar la Santa Cruz del Valle de los Caídos?»

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) se defiende presentando batalla. La entidad que preserva la memoria del «Caudillo» ha dirigido una batería de preguntas al Gobierno aprovechando el trámite de consulta pública a la ciudadanía que abrió el Ejecutivo como parte de la preparación de un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica. A pesar de que la consulta pública previa a la elaboración de proyectos de ley tiene por objetivo que la sociedad civil pueda sugerir aportaciones a las normas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, ha registrado toda una serie de preguntas, más que ideas o propuestas, antes de que el día 11 acabara el plazo dado por el Gobierno. «Otros han hecho lo mismo», afirma respecto a la Fundación Andreu Nin, en las antípodas de sus planteamientos.

En la mayoría de los casos, las preguntas de la FNFF versan sobre si el Ejecutivo tiene intención de que la nueva ley se acuerde también de las víctimas que provocó el bando republicano, no solo de aquellas que causaron los sublevados contra el Frente Popular, la coalición de izquierdas que ganó las elecciones generales de 1936 previas al estallido de la Guerra Civil. «Ya que se habla de víctimas, que sea de todas, no una parte nada más», apunta a LA RAZÓN el general Chicharro, para quien el nuevo texto legal causa «enfrentamiento y división, falseando la Historia, en lugar de reconciliación».

Se trata de 118 cuestiones planteadas, en palabras de Chicharro, «con la inocencia de que alguien las contemple», consciente de que la entidad que preside está en el punto de mira del Gobierno de coaliciónentre el PSOE y Unidas Podemos para su ilegalización.

A primeros de año, los socialistas anunciaron su intención de incluir en la reforma del Código Penal un nuevo delito sobre apología del franquismo. De ahí que la Fundación Franco se pregunte ahora si el Ejecutivo tiene intención de considerar también como una infracción grave los actos de exaltación en lugares públicos de la «ideología comunista o de regímenes de izquierdas donde se violan o se han violado los derechos humanos y se practica o se ha practicado violencia política».

Según Chicharro, «el texto de la Ley adolece de cuestiones importantes que es necesario resaltar, como la ausencia de responsabilidad del PSOE en la II República y la Guerra Civil».

Afirma el presidente de la FNFF que «no se puede comprender ni aceptar la limitación temporal que el proyecto de Ley señala», desde el 18 de julio de 1936 hasta 1975, «pues persecución y violencia por sus ideas se padeció en España durante todo el siglo XIX y parte del XX, y muy especialmente en el periodo comprendido entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, con miles de asesinatos y un golpe de Estado».

Uno de los objetivos que persigue el Gobierno de Pedro Sánchez con la nueva Ley de Memoria Histórica es impulsar las exhumaciones de los miles de desaparecidos bajo las cunetas. Chicharro pregunta al Ejecutivo si «se van a buscar también a los desaparecidos en manos del bando republicano, o en manos de milicias políticas del Frente Popular». En este sentido, una de las preguntas dice así: «Los mapas de localización de desaparecidos, ¿se llevarán a cabo en las zonas donde triunfó el Frente Popular?».

También se cuestiona la FNFF si «van a contar con especialistas que no se encuentren ideológicamente vinculados a la izquierda o con el Gobierno social-comunista».

Otra de las pretensiones del Gobierno es crear un banco público de ADN que ayude a identificar los restos óseos que se recuperen con las exhumaciones. Sobre este particular, Chicharro pregunta si esta base de datos estará disponible para «las víctimas de todos los desaparecidos, asesinados y víctimas de cualquier bando», también para aquellas personas que murieron a manos de los guerrilleros denominados «maquis» o de las bandas terroristas ETA y FRAP.

La Fundación Franco quiere saber si en ese censo se incluirán «menores de edad asesinados y represaliados por las milicias socialistas» o «fusilamientos, torturas y violaciones contra miembros de la Iglesia Católica o militares retirados o en la reserva», haciendo hincapié en la «persecución religiosa sin precedentes llevada a cabo por la II República».

Pregunta Juan Chicharro en nombre de la entidad acerca de si el nuevo marco legal recogerá el listado de campos de concentración y los condenados a trabajos forzados, «muchos de ellos asesinados, torturados y represaliados». Otras cuestiones inciden en «medidas en materia de educación y género», para saber, por ejemplo, si se van a impartir conocimientos sobre la represión contra la mujer por parte de PSOE, POUM, PC o CNT, o las checas creadas «a imitación de los gulag soviéticos», que se reclaman como «lugares de memoria» con placas o rótulos.

Inquiere el general Chicharro al Ejecutivo «en base a qué considera la legalidad republicana como democrática y sus defensores únicos legitimados para disponer de símbolos, placas, escudos, reconocimientos y conmemoraciones».

«¿Se va a respetar la Santa Cruz del Valle de los Caídos como monumento erigido a todos los caídos en la Guerra Civil española, sin importar el bando ni la ideología?», pregunta también la FNFF en su largo listado de interrogantes.

Uno de los epígrafes se refiere al «general Francisco Franco» acerca de la «dignidad y respeto cuando no se respeta la decisión de los familiares en un asunto de intimidad familiar» e inquieren desde la Fundación que preserva su legado si se acatarán las «decisiones judiciales que pudieran dar la razón a la familia» sobre «la voluntad de inhumarlo» donde decidan.