Los socios dejan solo a Sánchez: le acusan del espionaje a políticos

Nacionalistas, independentistas y Unidas Podemos registran una petición de comisión de investigación en el Congreso. Para frenarla el PSOE necesitará del apoyo de PP y de Vox

Contra las cuerdas y sin que Podemos salga al rescate del presidente. Todos los socios que sustentan su minoría parlamentaria, se han unido para orquestar un duro marcaje en el Congreso al Ejecutivo a causa del supuesto espionaje al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.

Nacionalistas, independentistas y el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, registraron ayer una solicitud de creación de una comisión de investigación «sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales por parte de estructuras públicas del Estado». Una propuesta que tendrá que ser evaluada y calificada por la mesa del Congreso de los Diputados, donde el PSOE solo puede agarrarse a que el PP y Vox le salven con su voto en contra.

Toda una ofensiva contra el Gobierno que llega de sus socios, incluso de los más leales, como el PNV. En la exposición de motivos, ERC, Compromís, Bildu, JxCAT, CUP, BNG, PNV, Más País y Unidas Podemos aseguran que existe un «largo y oscuro historial» de presuntas intromisiones a distintas personalidades por parte de «organismos oficiales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En concreto, remarcan que «debido a una filtración interna de más de más de 400 correos, se hizo público que el Gobierno era cliente –al menos hasta el año 2015– de la competidora italiana de NSO, Hacking Team». Con la comisión quieren conocer «al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas investigaciones e intromisiones ilegales llevadas a cabo sobre líderes políticos, instituciones y otras personas».

Reclaman también “esclarecer los vínculos entre la actuación de las cloacas del estado y su dimensión mediática” para clarificar ante “la opinión pública en qué medida el funcionamiento de estas redes persigue la alteración del proceso democrático y la formación de gobiernos mediante la difamación y el libelo”, este último fin es el perseguido por Unidas Podemos que trata de defenderse de las acusaciones sobre el “caso Dina” con una comisión sobre las llamadas “cloacas de Interior”.

Desde el Gobierno niegan la mayor y aseguran que ni el actual Ejecutivo, ni el anterior socialista tiene nada que ver con el espionaje «Este gobierno no espía a nadie. A los adversarios políticos no se les espía, se les reconoce que están allí, dialogamos con ellos» respaldó Carmen Calvo, esta semana.