La Fiscalía ve interés directo de Cospedal en espiar a Bárcenas

Anticorrupción sostiene que la información “comprometedora” del ex tesorero afectaba tanto a la ex secretaria general del PP como a otros dirigentes del partido

La Fiscalía Anticorrupción apunta a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el supuesto espionaje a Luis Bárcenas. En el escrito de más de medio centenar de páginas en el que pide su imputación en la pieza Kitchen del «caso Villarejo», el Ministerio Público señala que la ex dirigente popular tendría «interés personal» en esa operación, según confirman fuentes jurídicas. Por un lado, corroboran esas mismas fuentes, Cospedal estaría interesada en que la documentación de la que dispondría el ex tesorero del PP al resultar «comprometedora» para ella y, dado su cargo de secretaria general, también para otros dirigentes de la formación liderada entonces por Mariano Rajoy.

El instructor de la causa, Manuel García Castellón, debe pronunciarse ahora sobre la petición de imputación de Cospedal, una medida que la Fiscalía reclama también para su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y para el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La investigación judicial arrancó en noviembre de 2018 a instancias de Anticorrupción, después de que un informe policial apuntase la existencia de hechos de apariencia delictiva diferenciados a los que se instruyen en otras piezas del «caso Tándem».

El instructor asegura en la resolución en la que ha acordado levantar el secreto de las actuaciones que el punto de mira se sitúa en «un operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores» o responsables de la Administración General del Estado, un proyecto que se habría encomendado, al menos entre 2013 y 2015, al ex comisario José Manuel Villarejo y al entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional (UCAO) Enrique García Castaño, ambos imputados.

García Castellón trata de esclarecer la supuesta «captación» y «manipulación como colaborador-informante» de la Policía de Sergio Ríos, en esas fechas chófer de la esposa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, con el objetivo «aparentemente» de obtener de él –una persona «de la máxima confianza del matrimonio», recalca– información sobre «el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial» en la investigación de esta pieza.

El instructor asegura que la decisión se acordó en su día para que no se ocultaran «elementos probatorios a medida que fueran conocidos los avances de la investigación», razón por la cual el secreto de las actuaciones se prolongó hasta el pasado 7 de agosto. Ahora, añade, ese obstáculo ha desaparecido pues el acceso de los investigados a los pormenores de la instrucción «ya no puede perturbar el buen fin de la investigación».

Antes de dar traslado a las partes de las actuaciones, García Castellón ordena suprimir de los documentos de García Castaño denominados «Pago de operaciones», de 10 de diciembre de 2013, dos referencias «al pago de 2.700.00 euros» y a «1600,00 euros gastos de localización». Aunque ambas están contenidas en un informe policial de diciembre de 2018, el magistrado no considera estos extremos comprendidos «en el acuerdo de desclasificación» de información reservada.