Sánchez solo podrá mantener el estado de alarma 15 días

El presidente quiere evitar tener que llevar la medida al Congreso, donde no cuenta con los avales suficientes para prorrogarla. Cierra Madrid pese a que es la novena en letalidad, la octava en contagios y la segunda en incidencia de casos y mortalidad

El pulso que el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid mantienen desde hace semanas, a cuenta de la gestión de la emergencia sanitaria en la región, se resolvió ayer con la imposición por parte de Moncloa del estado de alarma para confinar 9 municipios madrileños. El de la excepcionalidad era el último escenario que ambas partes deseaban, pero la falta de acuerdo y la inminencia del puente de El Pilar obligaron a volver a recurrir siete meses después al artículo 116 de la Constitución para tener «una cobertura jurídica inmediata» que impidiera la libertad de movimientos de los ciudadanos.

De esta manera y vía Boletín Oficial del Estado (BOE), no es necesario esperar la ratificación de un juez –como ocurriera con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumbó las últimas medidas en este sentido– ni contar con el respaldo del Congreso de los Diputados, ya que el Gobierno puede aprobar vía decreto los 15 primeros días de excepcionalidad y solo en caso de necesitar una prórroga, debería –entonces– solicitarla a la Cámara.

En Moncloa sostienen que estas dos semanas, más los siete días que llevaban en vigor las mismas restricciones, serán «suficientes para estabilizar la situación». En caso contrario, al Ejecutivo se le plantea un problema importante para mantener el estado de alarma, ya que no cuenta con los apoyos suficientes para prorrogarlo. Ni Ciudadanos –socio del PP en la Comunidad de Madrid– ni el PNV –que ha mostrado su «preocupación» y ha pedido en el País Vasco un informe jurídico sobre esta medida– ven con buenos ojos la intervención. Ambos partidos fueron el soporte del Gobierno para aprobar las últimas prórrogas del estado de alarma en junio, cuando los apoyos de Sánchez comenzaron a flaquear.

Una intervención que, no obstante, no restará competencias a la Comunidad de Madrid, que las mantendrá íntegras, aunque sí será el Gobierno central quien estipule sobre qué municipios se ciernen las restricciones de movilidad, en base a la evolución de sus datos epidemiológicos. En Moncloa se toma la decisión de aplicar el estado de alarma después de lo que consideran una dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid. «La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada», sentenció el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En un tono especialmente duro, el titular de Sanidad cargó contra Ayuso con expresiones como «no hay peor ciego que el que no quiere ver» y planteó la disyuntiva en los siguientes términos: «Podemos cruzarnos de brazos o hacer frente al virus». En este sentido, el ministro defendió la aplicación del estado de alarma porque «no podíamos no actuar». «La situación exigía tomar decisiones. Proteger la salud de los madrileños era indiscutible», sentenció.

La ruptura entre ambos ejecutivos es total. Mientras Ayuso critica que Moncloa se ha negado a negociar, en el Gobierno central aseguran que ha forzado la situación hasta el final. «La paciencia tiene un límite», resumía un vehemente Illa, recordando que se dio un margen a la Comunidad para lograr esquivar el estado de alarma. «Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar hasta aquí», señalan en el Ejecutivo central, deslizando que se ha buscado deliberadamente el varapalo judicial del TSJM para desencadenar este desenlace. Pedro Sánchez llamó personalmente a Ayuso desde Barcelona para comunicarle la aplicación del estado de alarma en su región y aunque esta le pidió «más tiempo», el jefe del Ejecutivo rechazó esta opción.

El Gobierno se ha limitado a volcar en el decreto de estado de alarma en la Comunidad de Madrid las medidas de confinamiento que tumbó el jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica, que es sobre la que mostró su rechazo el citado tribunal. La polémica se ha generado por el tecnicismo legal, pues en Castilla y León y Andalucía, el tribunal homólogo sí ha validado unas medidas similares. «Las medidas son las mismas que ayer, todo sigue igual, pero con otra cobertura jurídica. Nada cambia», confirmó Illa. Sin embargo, sí hay una novedad, Alcalá de Henares se cae de la lista de municipios confinados, al haber mejorado sus datos. El Gobierno será el encargado en el futuro de ir actualizando esta lista de zonas restringidas, que no será inamovible por lo que se podrá dar entrada o salida a otros municipios en función de la evolución de su incidencia acumulada.

Desde Moncloa sostienen que el estado de alarma era la última opción y que la Comunidad podía haberlo sorteado, como autoridad competente en materia sanitaria, dictando una orden al amparo del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. También se dio la posibilidad de que fuera la CAM quien solicitara la excepcionalidad, para declarar y ratificar conjuntamente las medidas con el Gobierno central. Sin embargo, desde la Presidencia de Madrid renegaban del estado de alarma y han abocado a que sea el Gobierno quien lo promueva para imponer la limitación de la movilidad de los madrileños, en vísperas de un festivo. «Hay que evitar que en este puente se difunda el virus sin control», argumentan desde Moncloa.