Emiliano García Page

García-Page: «La pandemia no se cura por regiones: la estrategia tiene que ser nacional»

«Nos lo jugamos todo la semana que viene para ver si vamos a un escenario más contundente», asegura el presidente de Castilla-La Mancha, que echa en falta “discursos transversales”

Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Junta
Emiliano García-Page, presidente de Castilla La Mancha, en el Palacio de Fuensalida, sede de la JuntaAlberto R. RoldánLa Razón

Desde dentro de la política hace una enmienda a la totalidad a las consignas que dirigen la política nacional en este tiempo de pandemia. Quiere creer que después de la aprobación de los nuevos PGE se pueda abrir una etapa de acuerdos de Estado, a pesar de que ni Gobierno ni PP den signos de vida en esa dirección. Alaba a Cs y critica a Podemos. Pide más España y tacha de «humillación» el indulto a los presos independentistas. «Ningún partido está haciéndolo bien con la Jefatura del Estado, por exceso o por defecto».

-¿Podemos esperar hasta dos semanas más, como pide el ministro de Sanidad, antes de adoptar medidas más restrictivas para frenar la pandemia?

-Creo que es prudente y, sobre todo, coherente, esperar a ver resultados. Salvo que la curva se acelere mucho y haya que tomar medidas de shock porque, evidentemente, no hay que descartar ningún escenario.

-¿Se precipitan el presidente de Asturias y los de otras comunidades que han solicitado que se prepare un nuevo estado de alarma para decretar el confinamiento domiciliario?

-Siempre he visto a todos los presidentes autonómicos actuar con la mejor de las intenciones. Cada uno evalúa su situación y actúa, y en el caso de Asturias, por ejemplo, su postura tiene que ver con la aceleración de los casos en los hospitales.

-Resulta contradictorio, cuanto menos, que el Gobierno hable de cogobernanza y luego no haga caso de las medidas que le piden las comunidades.

-Cogobernanza es un concepto indeterminado. Igual que lo de resiliencia, cuando realmente de lo que se trata es de resistir y recuperarnos. Hay conceptos que deberíamos manejar con más normalidad. Por otra parte, y siendo consciente de la gravedad del momento que atravesamos, también le digo que soy optimista y que en cuanto haya vacuna, creo que el muelle de la economía española se disparará sobre la base del ahorro que se está produciendo durante estos meses y ante la perspectiva de una financiación europea que nunca hemos tenido hasta ahora.

-¿Sobra cogobernanza y falta liderazgo nacional?

-Pasamos de cero a cien en el primer estado de alarma. Tres días antes de que se decretara, las comunidades recibimos el mensaje de que no había que alarmar ni establecer contradicciones, e ir todos a una. Y de la noche a la mañana se pasó de la fase 0 a la 3. Esto tuvo su efecto para frenar el virus, lógicamente. Pero ahora, igual que antes, yo prefiero que el escenario sea global. Esto no se arregla por regiones. Las regiones tenemos que formar parte de la solución, pero la estrategia tiene que ser nacional.

-¿Hace falta que el Gobierno recupere el mando único?

-El mando único está ya vigente: el marco jurídico del estado de alarma lo aprueba el Congreso. Ahora el debate que está encima de la mesa es el de una mayor determinación a nivel ejecutivo del Gobierno. Casi todo el mundo entiende que de tomarse alguna medida más, tiene que ser con carácter homogéneo en el conjunto del país. Y este debate no puede ser eterno porque estamos al borde del precipicio estadístico. Otros países, con cifras más bajas, están adoptando medidas, no digo que más drásticas, pero sí más homogéneas.

-Y aquí, ¿por qué no se hace? ¿Falla la dirección nacional?

-Hay dirección porque hay una coordinación buena con el ministerio de Sanidad. Pero mientras llega la vacuna, la solución no puede ser territorial, sino global. Como le he dicho, nos estamos aproximando poco a poco a una decisión nacional en torno a la pandemia.

-¿A qué decisión se refiere?

-Cada autonomía tiene una geografía, un clima y una sociología. Pero todos tenemos grandes ciudades, ciudades intermedias y pequeñas. El virus no hace este tipo de distingos y no sirve de nada que Castilla-La Mancha vaya mejor si dentro de diez días puede estar peor porque todos nuestros vecinos vayan mal. Si se trata de restringir la movilidad, y si se quieren medidas más contundentes, tienen que ser estatales.

-¿Le han trasladado esta reclamación a Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud?

-Estas reuniones son de carácter ejecutivo-práctico. En otros ámbitos sí que hablamos unos con otros y coincidimos bastante en que hace falta un planteamiento más contundente en el conjunto del país. Al ritmo al que vamos nos estamos aproximando a ese escenario rápidamente.

-Dicen que el Gobierno se ha puesto de perfil para evitar el desgaste de la gestión de la segunda oleada de la Covid.

-No utilizaría esa expresión «de perfil» porque todos estamos en contacto permanente, y también con el Estado. Otra cosa diferente es que las semanas de verano supusieran un antes y un después porque se permitió que calara un ambiente un tanto caótico. Yo soy de los que piensan que cuanto más Estado, menos alarma, y al revés. Las soluciones están en un marco global nacional, y como le he dicho no descarto que en poco tiempo haya que ir a una respuesta homogénea en todo el país.

-Cuando habla de medidas más contundentes y homogéneas, ¿se refiere al confinamiento domiciliario?

-Hay que intentar evitar el confinamiento integral y hay modelos que no estrangulan tanto la economía, como están haciendo otros países europeos. Pero si hay que dar un golpe en la mesa, hay que darlo en el centro de la mesa, no solo en una esquina. Los colegios están siendo, por ejemplo, una experiencia positiva porque son mucho más seguros de lo que se preveía. Y hay que salvarlos, igual que la actividad económica.

-¿Cuándo prevé que se tenga que dar «ese golpe en la mesa»?

-Nos lo jugamos todo durante la semana que viene. Será determinante para saber si estamos empezando a darle la vuelta a la situación o hay que ir a otro escenario más contundente. Y me parece absurdo discutir si las medidas son por días, minutos, horas o fines de semana. El virus tiene un ritmo de 7 a 14 días y en todas las regiones, cuando alguien se confina, es por diez días mínimo.

-¿Otro tirón de orejas para la señora Ayuso?

-Tengo por norma no interferir en las decisiones de otras comunidades. Pero todos debemos ser conscientes de que no somos islas, que sí pueden afrontarlo de manera más autónoma. Las comunidades somos interdependientes. Y medidas rupturistas las puedo esperar del independentismo, pero cualquier dirigente del PP tendría que reclamar medidas nacionales. Primero, por sentido común, y segundo, también por sentido común, porque tengamos sentido de comunidad nacional. A mí no me encajan las declaraciones de Casado diciendo que en pandemia la competencia es exclusiva del Estado, y, al mismo tiempo, que promueva la tendencia centrífuga del Estado autonómico. Creo que tenemos que tener claro para qué sirven las autonomías, que es para ayudar al concepto de país, no para levantar murallas y muros entre 17 territorios. Hay una dosis inmensa de sectarismo en la política española. El drama de la política española es que cada partido habla para su parroquia, y esto se nota especialmente de la M-30 de Madrid para adentro, y en la del Congreso se nota todavía más. Es como si la clase política hubiera renunciado a grandes mayorías y solo mirara a compartimentos estancos, cada uno habla para los suyos. Yo echo en falta discursos globales, transversales, con los que se puedan identificar las mayorías. Todo está demasiado atomizado y es demasiado sectario.

-¿En la crítica mete también al PSOE?

-A todos, esta enmienda afecta a toda la clase política. Sí veo algún esfuerzo loable, como en Ciudadanos, intentando llegar a consensos, aunque sea dejándose pelos en la gatera. Esa actitud la tendría que tener todo el mundo, también el PSOE. El Gobierno tiene que facilitar el consenso, pero también la oposición debe dejar de bloquearlos. Los climas de consenso se fabrican entre todos.

-¿Son posibles con Podemos dentro del Gobierno?

-Es evidente que una vez que Podemos se dio cuenta de que no podía gobernar como en Grecia con Tsipras, se ha instalado en un frentismo evidente. Podemos es uno de los actores que juega a establecer dos países, dos Españas, y no me gusta. En mi tierra podemos presumir de que no jugamos a que haya dos regiones, sino una sola, con todos los matices, por supuesto, y respetando que cada uno vote lo que quiera. En España se necesita no un centro, sino muchos centros, y los que juegan al frentismo deberían ser señalados. Y creo que estos Presupuestos deben ser una frontera evidente. Si no hay Presupuestos vamos a un escenario de inestabilidad, que puede desembocar en un precipicio electoral. Pero a partir de la aprobación de los Presupuestos se abre un nuevo escenario en el que deberían buscarse, sin duda, los grandes consensos.

-Podemos se ha atribuido el mérito de todas las conquistas sociales de estos nuevos Presupuestos.

-Tengo suficiente bagaje como para distinguir lo que son concesiones estéticas de lo que son concesiones de fondo. Por supuesto que como socialista me molestan las exigencias estéticas y retóricas de Podemos, pero me molestan mucho más las exigencias de fondo. Todos sabemos que la supervivencia política pasa muchas veces por hacer gestos que no se compadecen con lo que uno piensa, pero lo que aprecio en estas cuentas es demasiada retórica y escenificación de Podemos y la miga es lo importante. Y el nuevo Presupuesto es de corte totalmente socialdemócrata, muy coherente con las exigencias europeas, digan lo que digan algunos. Hay muchos políticos que han dejado de poner los pies en el suelo y que están conectados con la realidad por vía satélite.

-¿Se refiere a Pablo Iglesias?

-A todos los partidos porque es muy cómodo no tocar el suelo. Ésta es la gran diferencia entre la política autonómica y buena parte de la clase política nacional, que puede permitirse el lujo de perder el tiempo y de alimentar debates estériles. Mientras los demás estamos en la trinchera, otros no salen de la tertulia política.

-¿Sobra, como dicen compañeros suyos, política a lo Iván Redondo y falta PSOE?

-Los dirigentes de Ferraz están cumpliendo muy bien con su trabajo. La vida de los partidos está en «stand by» y todo el centro de gravedad se desplaza al Gobierno por el peso de la crisis. Un estado de alarma implica precisamente eso, concentrar el poder.

-Se lo pregunto de otra manera, ¿le parece sano políticamente que la figura del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno acumule tanto poder en la sombra?

-No soy de los expertos en Moncloa y, de hecho, no me consultan casi nada. Sobre lo que me pregunta, no distingo la leyenda de la autoleyenda.

-¿Qué le parece que un Gobierno del PSOE acepte la exigencia de ERC de incluir en la nueva Ley de Educación que el castellano deje de ser lengua vehicular en Cataluña?

-La Ley de Educación será sometida a una enorme lupa constitucional y la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. La Constitución recoge la oficialidad del castellano en toda España, y la cooficialidad y el amparo legal a otros idiomas como el catalán, el vasco y el gallego. Hay límites fronterizos que pueden llevar a interpretaciones constitucionales. El Gobierno que presido, si aprecia que se vulneran los derechos de sus ciudadanos como españoles en cualquier territorio del país, pedirá amparo constitucional. Pero hay que esperar a conocer la ley y también la gestión que se hace de la ley. Yo puedo entender la lógica independentista de querer que se hable en su idioma, pero no puedo entender la posición retrógrada de poner trabas a un idioma en expansión como el español y que, después del inglés, es el más útil en todo el mundo.

-Interpreto que recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba la enmienda de ERC que margina aún más el castellano en las aulas catalanas.

-Como le he dicho, no vamos a permitir que los derechos idiomáticos se cercenen en ningún sitio de España, y esto es compatible con que el catalán lo hablen en toda Cataluña y sea un idioma cooficial, como ampara la Constitución española.

-Decía que puede entender la lógica independentista. Pero, ¿puede entender que sea un Gobierno socialista el que facilite que se dé este nuevo paso de marginación del castellano?

-La verdad es que, en los últimos años, tanto con el PP como con el PSOE unos votos independentistas han sido capaces de imponer más su voluntad que la de millones de votos de otros partidos. ¿Qué partido suprimió los gobernadores civiles a petición nacionalista? ¿O con qué partido los carteles en castellano fueron sustituidos en buena parte de la infraestructura del Estado en Cataluña? ¿O cuándo se colocaron los carteles en catalán de los aeropuertos en Cataluña? En materia de concesiones a los nacionalistas ningún partido nacional puede esconder la mano y tirar la piedra.

-¿Entiende que hayan empezado a tramitarse los indultos a los presos independentistas?

-Confío en que no haya indultos. De entrada, estamos hablando de que el indulto, en vez de someterse a consideraciones judiciales o legales, se está planteando en términos de chantaje político. Y antes de nada hay que exigir que pidan perdón y que se comprometan a no volver a hacer lo mismo porque si no, sería claramente inconstitucional. Puede ser legal, pero sentaría un precedente peligrosísimo y, además, sería tanto como una humillación. Cuando los dirigentes de ERC dicen que no quieren el indulto, que quieren otra solución, es porque saben que presupone la aceptación de la culpa y el perdón.

-¿No deberían tramitarse?

-El indulto no es el camino. Los grandes partidos nacionales deben ponerse de acuerdo en cómo tipificar lo que sucedió en Cataluña en 2017 mediante un eventual cambio constitucional o en el Código Penal. A los grandes partidos nacionales no les debería costar mucho llegar a un acuerdo sobre la base de que la deslealtad constitucional tiene que tener una fuerte sanción, una grave sanción legal e incluso penal. A los líderes independentistas se les han aplicado tipos como la rebelión y la sedición y se ha debatido mucho sobre ello, pero, visto lo visto, hay que echarle un candado a la deslealtad desde el punto de vista constitucional y en esto sí que se tienen que poner de acuerdo PSOE Y PP.

-¿Pero cómo se van a poner de acuerdo cuando un sector del Gobierno lo que está proponiendo es, precisamente, lo contrario, cuando lo que quieren es eliminar la pena de cárcel en el delito de sedición?

-Este debate hay que tenerlo, y deben protagonizarlo los grandes partidos nacionales. Ahora bien, si se trata de hacer un traje a medida en la legislación penal española, y que, además, en esa legislación participen como afectados los propios diputados del partido encausado, me parece incomprensible. No puede ser, no tiene sentido. Estamos viendo cómo partidos que quieren romper España están más preocupados de mandar en Madrid que en su territorio, donde están sumidos en el caos y van ya por no sé cuántos partidos creados nuevos y refundados. Su fuerza está hoy en Madrid.

-Gracias a Pedro Sánchez.

-Como le dije, todos los partidos nacionales, cuando han necesitado apoyos en Madrid, han cometido errores parecidos. Pero ahora los grandes partidos deben asumir su responsabilidad para conseguir que los graves hechos ocurridos en Cataluña den lugar a una legislación nítida y contundente frente al independentismo irredento. Quizás el camino puede ser un nuevo delito como la deslealtad constitucional o el quebranto constitucional.

-¿Cómo ve usted a la Corona?

-Francamente, creo que casi nadie en la política española está haciéndolo bien respecto a la Jefatura del Estado. Sólo está haciéndolo bien el Rey, que está manteniendo una posición de templanza y firmeza, desde una elogiable discreción. La situación es dura, por los problemas políticos y familiares, y yo me hago cargo de lo que debe estar pasando. Y, sin embargo, está manteniendo una entereza que es admirable. Dicho esto, unos por exceso y otros, por defecto, están instrumentalizando la figura del jefe del estado, y eso es lo que más daño le está haciendo ahora mismo.

-¿El Gobierno, por defecto?

-Creo que el Gobierno tiene muy claro que no se puede poner en cuestión la realidad institucional del país ni la Constitución, más allá de que se acepte el debate democrático sobre noticias que no son agradables para nadie. Por las distintas conversaciones que he tenido a un muy alto nivel en el Gobierno, esto lo tiene todo el mundo muy claro.

-Quitando, al menos, la parte de Podemos.

-La Constitución española quedó, no digo atada, que sería un concepto franquista, pero sí sometida a un sistema de cremallera. Hay ordenamientos jurídicos en el mundo, como el de EE UU, que representan un modelo abotonado y en los que se hacen modificaciones sin cambiar el traje. Éste no es el caso de la Constitución española, que se ajusta a un modelo mucho más seguro: es flexible por dentro, cabe casi todo, pero, ahora bien, el modelo es de cremallera y ya sabemos lo que pasa. A diferencia de los botones, si se rompe un poco la cremallera, deja de valer. Por lo tanto, el que piense que no pudiéndose cargar la Constitución del todo, se la puede cargar por partes, se está equivocando. Aquí mover un ladrillo significa mover el edificio.