Ignacio Astarloa, nuevo miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Denunció el abuso de gobernar mediante decretos-leyes, reivindicó el papel de la Ley y no ser “negligente con los fundamentos del Estado de Derecho”

Ignacio Astarloa, tras tomar posesión como miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Ignacio Astarloa, tras tomar posesión como miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y LegislaciónLa RazónLa Razón

Ignacio Astarloa entró hoy a formar parte como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España para ocupar la vacante producida tras el fallecimiento en 2018 de Aurelio Menéndez Su discurso de apertura versó sobre “La vocación de nuestro tiempo por la legislación y los retos para el legislador”, donde reivindicó la ley aprobada por el Parlamento como instrumento central de la convivencia y la trascendencia que para ello tiene que que se realicen de forma correcta. Astarloa ha sido Letrado de las Cortes, Profesor de Derecho Constitucional, antiguo Secretario General del Congreso, Letrado Mayor de las Cortes, Subsecretario de Justicia y Secretario de Estado de Seguridad y diputado.

En su intervención, hizo un recorrido de los problemas que tienen hoy las leyes y el conjunto del ordenamiento, acentuados por las medidas urgentes adoptadas durante la pandemia. Criticando especialmente el abuso de los decretos-leyes. Así, no dudó en tildar de “desastre si paliativos” la producción normativa de nuestro país constituye un desastre sin paliativos y que lo sucede en la actualidad en nuestro ordenamiento, por razón de las medidas para combatir la pandemia, “está multiplicando las alarmas”.

En este punto, hizo alusión a tres “desdichas particularmente graves”. La primera, la aceptación de que normas y decisiones de los ejecutivos estatal y autonómicos de rango ínfimo “estén restringiendo derechos fundamentales”. La segunda, el “insufrible abuso gubernamental de los decretos-leyes” y lo que ello conlleva; y, en en tercer lugar, el hecho de que, en su opinión “se está comprometiendo hasta el extremo la calidad de las normas, afectadas por urgencias inevitables, y por rectificaciones constantes”.

Por ello, añadió Astarloa al respecto, la tramitación parlamentaria de las leyes, “o por mejor decir la conversión de los decretos-leyes en leyes, que es lo que hoy hacen principalmente las Cortes”, está generando una situación “difícilmente gobernable, al superponerse la conversión en leyes de decretos de hace ya meses, con decretos posteriores que a su vez también están siendo convertidos, con nuevos decretos leyes que cada día añaden medidas ante las nuevas necesidades. En estas condiciones, “las leyes se están llenando de obsolescencias y contradicciones, generando una muy compleja inseguridad jurídica”

Por otro lado, abogó por limitar la “profusión de leyes modificativas y la variedad de leyes temporales, efímeras, o propagandísticas”. En este punto, defendió que las modificaciones, “que tanto afectan a la certeza del Derecho”, se reduzcan a los casos verdaderamente justificados, y además “extremando el cuidado sobre su articulación formal, dada la frecuencia con que generan una maraña de disposiciones que convierten el ordenamiento en un rompecabezas”.

Por otro, y en relación con el Parlamento, Astarloa propuso la reforma integral del procedimiento legislativo, desarrollando las líneas rectoras de la reforma y desarrollando con todo detalle las numerosas medidas concretas que deberían adoptarse. Aquí señaló que la reforma es jurídicamente posible -aunque no sea fácil- y que se dispone del instrumento adecuado para traducirla normativamente, como son los Reglamentos parlamentarios.  Sobre todo, añadió,  porque requiere la voluntad de los políticos, en un tiempo en el que los partidos y los Gobiernos dan preferencia a las urgencias y a sus prioridades políticas, antes que a la reflexión y el debate parlamentario y a la corrección técnica de las leyes.

En concreto, aludió al “desinterés del propio Parlamento por revitalizar un procedimiento legislativo que se ha ido degradando y que hoy no contribuye a prestigiar la ley y menos aún a impulsar una renovada caracterización exigente de la misma”; un “desinterés” que, recalcó, es “de todosde las mayorías, porque su prioridad ha sido que sus textos se aprueben cuanto antes y con los menores obstáculos; y de las oposiciones, porque se han preocupado más por el rédito del discurso político sobre las leyes que del rigor de su contenido.

Por ello, concluyó con un llamamiento al Parlamento para que asuma su responsabilidad para que la ley pueda consolidarse como el gran instrumento de la convivencia que debe ser en este siglo XXI. " Si las Cortes no cambian la dinámica actual, la ley se irá devaluando como un instrumento pobre, deslegitimado y secundario, con lo que ello puede significar para el Estado de Derecho, para las Cortes como institución y para la democracia parlamentaria”.