Los Franco aceptan dejar “sus bienes” en Meirás por “un precio razonable”

Los herederos de Franco aceptarían dejar sus propiedades en el Pazo de Meirás por el “pago de un precio razonable, aunque sea simbólico”. Esta mañana tuvo lugar la vista sobre las medidas cautelares de la propiedad decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña -el inventario de los bienes y la prohibición de trasladarlos hasta que lo acuerde la jueza-.

La familia se niega al inventario y considera que tiene derecho a retirar sus enseres, pero Antonio Gil Evangelista, letrado de los Franco, ha trasladado que sus clientes estarían abiertos a la posibilidad de permitir que se queden en el inmueble. Consideran que “no es razonable” que les priven de los bienes que alberga el Pazo de Meirás, que tendrán que devolver al Estado el próximo día 10.

De momento no ha habido respuesta ni, claro está, se ha hablado de cantidad alguna. La jueza Marta Canales debe decidir además si mantiene la próxima semana como fecha de entrega de la propiedad.

Los nietos de Franco están “dispuestos, para evitar perjuicios a todos, a dejar el Pazo como estaba con los muebles dentro hasta que la sentencia fuera firme a cambio de una compensación por no poder disponer de ellos. Los muebles son suyos”, señala a LA RAZÓN el también abogado y portavoz de la familia Luis Felipe Utrera-Molina.

El edificio de la antigua Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido con gran expectación mediática la vista sobre las cautelares que prohíben a los Franco mover bienes muebles de la histórica propiedad mientras se inventarían, medidas a las que se oponen los herederos del dictador al alegar que “son improcedentes” y no son “accesorias o instrumentales”.

El jefe de la Abogacía del Estado en Galicia, Javier Suárez, ha defendido el mantenimiento de dichas medidas, a las que ha añadido la constitución de un depósito judicial de los bienes muebles, salvo los personales, asumiendo el Estado la condición de depositario, sobre la base de que, si bien no formaban parte de la demanda de devolución del inmueble, se produjo después de un “debate” ante la obligación de entrega del pazo.

En este contexto, el detonante fue una “noticia que aparece en los periódicos un fin de semana diciendo que el Pazo de Meirás iba a ser completamente vaciado”, ha narrado Suárez. “En unas horas articulamos una reacción ante esa situación” -”antes que cualquier otra cosa hay que analizar lo que hay en el pazo”-, y así, hasta que se entregue provisionalmente, “no salga nada”.

Los árboles, escudos, hórreos son elementos que el abogado del Estado considera parte del inmueble, y los objetos que el Patrimonio Nacional colocó en el pazo también formarían parte del mismo, por vínculo de finalidad, ya que son bienes de uso por el antiguo jefe del Estado para el uso institucional del Pazo de Meirás.

Por su parte, el abogado de los Franco, Antonio Gil, ha advertido que en ningún momento hasta ahora se ha mencionado que haya bienes del Patrimonio Nacional en el interior del inmueble, a lo que Suárez ha indicado que “lo más razonable” hasta que la sentencia sea definitiva -un año, ha calculado- es que “se mantenga la unidad del pazo”, ya que es “difícil mantener el uso del pazo si se vacía”.

“No fueron objeto de la sentencia”, ha replicado la defensa de los Franco, que ha desvinculado los bienes del propio inmueble.“La mayor parte de las cosas las pusieron ellos”, ha dicho sobre la familia Franco, cuya petición de destrucción del inventario, una vez realizado, ha sido rechazada también por las administraciones personadas.

En una vista que se ha prolongado durante algo más de tres horas, ambas partes han expuesto sus argumentos para refrendar sus respectivas peticiones. Así, Gil Evangelista ha rechazado que los bienes y el inmueble se puedan considerar como una “unidad” y ha negado que parte de sus clientes hubiese intención de llevar “50 camiones” para trasladar lo que hay en el interior.

“No es verdad, pero, aunque lo fuera, se me va a decir que la inquietud les surge a partir de lo publicado en prensa”, ha manifestado para rechazar, como ha hecho durante sus distintas intervenciones, que existiese una alarma que justifique la petición del inventario, acordado por el juzgado, y del depósito judicial.

“Y por qué su señoría nos dio 22 días hábiles”, se ha preguntado. “Uno no tarda 22 días hábiles para entregar unas llaves”, ha esgrimido también como argumento para insistir en que los bienes no fueron objeto de la demanda presentada por el Estado para reclamar el Pazo de Meirás.

En su alegato, ha rechazado, asimismo, que puedan asociarse estos bienes muebles a la declaración BIC del pazo, para lo que se ha remitido a la legislación autonómica. En ella, ha manifestado, “no hay una mención a los bienes y a su eventual vinculación al inmueble”.

En una exposición en la que ha apelado a la “buena fe” de sus clientes, por no oponerse a la entrega provisional del pazo -a la espera de que se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña-, ha calificado de “improcedentes” las cuestiones planteadas por los demandados.

“Perder la pista”

El mismo argumento que el abogado del Estado han utilizado las administraciones para rechazar lo planteado por los Franco.

“El inventario abarca la totalidad de los bienes, del exterior y el interior”, ha expuesto el letrado de la Xunta, quien, como el del Estado, se ha remitido a sentencias de distintos órganos judiciales para refrendar su exposición.

“Corremos el riesgo de perder la pista de bienes que deben permanecer en el mismo”, ha afirmado sobre el pazo y su contenido y coincidiendo con el Estado en que debe esperarse a una sentencia definitiva y, de ser favorable a las pretensiones de los demandantes, determinar qué bienes deben ser del patrimonio público, informa Ep.

Tras afear a los herederos del dictador que “sin rubor” digan que el Estado “no tiene derecho a los bienes” que hay en la finca, ha justificado las medidas cautelares ante el “riesgo y alarma” que se corre de que los Franco “destinen a su antojo” lo que se encuentra en el interior del pazo, ya que sus declaraciones evidencian “su intencionalidad y riesgo” para el derecho de propiedad.

“Gran parte de los bienes se encontraban en el pazo”, ha dicho el abogado del Ayuntamiento de Sada (A Coruña), donde se encuentra el inmueble, en referencia a la adquisición del mismo por parte de la Junta Pro Pazo en 1938.

Los argumentos de estas partes han sido respaldados también por el consistorio herculino y la Diputación coruñesa, instando a la jueza a rechazar las peticiones de los Franco y “preservar la integridad” del inmueble y su contenido.

Será ahora la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, la que dicte una resolución al respecto.