El Estado reclama el bloqueo judicial de los bienes de Meirás

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña iba a celebrar este viernes una vista ante la oposición de la familia Franco a la medida cautelar que ordena inventariar los bienes del Pazo de Meirás e impide su retirada hasta que la jueza no lo dictamine, medida que es calificada por la defensa de los herederos del dictador como “un disparate”. Sin embargo, la magistrada Marta Canales ha aplazado la cita hasta el próximo día 2, puesto que la Abogacía del Estado ha pedido que se acuerde el depósito judicial de todos los bienes que “en la actualidad” allí “existen, salvo los bienes y enseres de estricto uso personal, designándose depositaria a la Administración General del Estado”.

Tras recibir la solicitud de la Abogacía del Estado, la jueza ha establecido el miércoles de la próxima semana como nueva fecha para abordar esta última medida cautelar reclamada por el Estado y las cuestiones planteadas por la representación de la familia Franco para dejar sin efecto el inventario de los bienes y para que se posponga la fecha de ejecución provisional de la sentencia que los condena a entregar el pazo al patrimonio público.

Una fecha, el 10 de diciembre, que los herederos de Franco querían posponer para disponer de tiempo para la mudanza, y que no haría falta aplazar si se determina el bloqueo judicial de los bienes, como consta en el documento presentado por la Abogacía del Estado.

Una petición de última hora que de ser aprobada por la magistrada impedirá a los nietos del dictador sacar del Pazo de Meirás poco más que “el cepillo de dientes”. “Ya no me sorprende nada”, asegura a LA RAZÓN Luis Felipe Utrera-Molina, su letrado, para quien “estamos ante lo que yo llamo el uso alternativo del Derecho”.

Para este abogado con casi 30 años de profesión, “desde el punto de vista procesal”, la petición “no tiene un pase, y estamos viendo cosas absolutamente increíbles. Sinceramente, me preocupa seriamente”.

“Solo puedo entender que esto lo haga un abogado del Estado porque tenga una instrucción política detrás”, afirma Utrera-Molina. El también albacea de los Franco dice estar “convencido de que saben que no se sostiene, pero lo hacen muy hábilmente, porque el escrito es brillante. No pidieron los bienes muebles durante el procedimiento. ¿Se les ha olvidado o no se dieron cuenta? Ahora lo rectifican como sea. Quieren subsanar por vía cautelar y ejecutiva lo que no hicieron en su momento. Es absolutamente inadmisible desde el punto de vista legal. Yo, como jurista, no he visto una cosa igual, y no me puedo imaginar que esto prospere”.

Respecto al inventario, arrancó en respuesta a una petición realizada por la Abogacía del Estado a la que accedió el juzgado, por lo que técnicos de Patrimonio de la Xunta y del Gobierno, acompañados por la magistrada Marta Canales, la misma que dictó la histórica sentencia que quita a los Franco la propiedad, procedieron a catalogar los bienes –con fotos y vídeos– antes de la entrega del pazo, que se fijó inicialmente para el 10 de diciembre.

La vista de este viernes se establecía por la oposición de los nietos de Franco a estas medidas cautelares, puesto que “el procedimiento se ha limitado a los bienes inmuebles, no al interior”, explica Luis Felipe Utrera-Molina.

Asegura el abogado que “la adopción de las medidas cautelares es absolutamente incorrecta. Primero no se pueden adoptar en fase de ejecución provisional porque así lo prohíbe la ley y, en segundo lugar, no puedes decidir una medida cautelar sobre algo que no se ha discutido en el pleito”.

Insiste Utrera-Molina que [estas medidas] “están previstas por la ley para asegurar la efectividad de la tutela judicial que se ha pedido en el procedimiento; tienen carácter accesorio”, pero “en el procedimiento y en la sentencia solo se habla de la reivindicación de las fincas registrales, nada del contenido”, reitera. “Es que no se menciona, no lo han pedido”, insiste con asombro.

En su opinión, “estamos una vez más ante una decisión absolutamente política que han decidido encajar con calzador en las medidas cautelares cuando jurídicamente es un disparate, una barbaridad. No es de recibo que se haga esto”.

El abogado explica el rechazo al inventario porque “tiene que tener carácter confidencial”, además de que “nos oponemos” a que se lleve a cabo. “¿Para qué se hace un inventario de los bienes muebles, si no han sido objeto del procedimiento?”.

Un proceso judicial cuyo fallo, recuerdan el letrado y su compañero Antonio Gil Evangelista en un escrito de 19 páginas dirigido al juzgado, “se limitó o circunscribió a los bienes inmuebles que de hecho han constituido el objeto exclusivo” del litigio por el Pazo de Meirás, y en el “que no se hizo ninguna referencia o mención a ningún bien mueble de los que haya habido o se encuentren en la actualidad en el interior” de la propiedad.

Consideran además que el hecho de que el Pazo de Meirás sea, desde el año 2008 y por expresa declaración de la Xunta de Galicia, un “Bien de Interés Cultural”, no significa que deba hacerse “extensivo a los bienes muebles objeto de las medidas cautelares”. Explican los abogados que sin haber sido “objeto de una expresa y especial declaración al efecto”, como lo hubo en su día sobre las estatuas del Pórtico de la Gloria atribuidas al Maestro Mateo, no ha lugar a este tratamiento de BIC “por el puro y simple hecho de encontrarse en el interior de un inmueble que ha sido objeto de tal declaración”.

Para los abogados, “los causahabientes de Don Francisco Franco han sido los incontrovertidos poseedores del Pazo de Meirás y, por ende, de todos los bienes muebles que ha habido y hay en su interior desde, como mínimo, el año 1975”.

La nueva vista se celebrará el miércoles día 2 a las 13:00 horas en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Los Franco, tras decidir el juzgado la ejecución provisional de la sentencia que les obliga a devolver al patrimonio público el pazo, no se opusieron a la medida de forma provisional y a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva sobre el recurso que presentaron contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia.

Además, han solicitado al juzgado que se aplace la fecha del 10 de diciembre para la entrega del pazo y “ya” han pedido otro de “al menos dos meses” para la retirada de los bienes. Salvo que prospere el bloqueo judicial de los enseres, es seguro que en la misma sesión se aborde la otra petición de los demandados relativa a la ampliación del plazo para poder hacer la mudanza. “Hay que dejar un tiempo para que se desalojen las pertenencias, porque todo lo que hay dentro es suyo”, finaliza Utrera-Molina.