El juzgado ordena a los Franco devolver el Pazo de Meirás al Estado el 10 de diciembre

El próximo 10 de diciembre a las 11:00, los nietos de Franco no podrán volver a cruzar los muros del Pazo de Meirás. Al menos hasta que se dirima el litigio judicial en curso sobre la propiedad.El Juzgado de Primera Instancia número uno de La Coruña ha acordado, a instancias del Estado, la ejecución provisional de la sentencia que declara que el inmueble que durante casi cuarenta años su abuelo convirtió en residencia estival debe volver al patrimonio público.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada ha fijado la entrega voluntaria del inmueble por parte de los herederos de Franco. “Por motivos de seguridad, y con el fin de preservar su integridad, la entrega será verificada por la comisión judicial en el propio pazo”, precisa.

Al respecto, recuerda que los demandados se han mostrado conformes con la ejecución provisional de la sentencia, según trasladaron en un escrito remitido esta misma semana al juzgado y a la espera de que la Audiencia de La Coruña se pronuncie sobre su recurso de apelación.

No obstante, la jueza advierte que, si no realizan la entrega en el día y hora señalados, “se procederá en el mismo acto al inmediato desalojo”.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña estimó el pasado 2 de septiembre la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del Pazo de Meirás, por lo que condenó a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirmaba haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada, el de La Coruña y la Diputación -dirigidos por formaciones de izquierda (Sadamaioría, PSdeG-PSOE y BNG)- defendieron también la postura de la Abogacía del Estado coruñesa, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

La magistrada declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”.

Al entender que la propiedad del inmueble corresponde al Estado, la jueza declaró también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con la finca, así como la donación que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.

Los Franco habían aceptado entregar “provisionalmente” el Pazo de Meirás al Estado mientras no se resolviera el recurso que habían presentado.

Los herederos recurrieron la sentencia ante la Audiencia Provincial de La Coruña al considerar que es “notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa” y que el fallo no tuvo en cuenta sus argumentos en el juicio, actuando “como si nosotros no hubiéramos comparecido”.

El proceso judicial del Pazo de Meirás es el primero que obliga a los Franco a devolver bienes con los que la familia se hizo durante la dictadura. La demanda para recuperar las dos estatuas del Pórtico de la Gloria fue desestimada y está pendiente de recurso.

El Ayuntamiento de La Coruña está dispuesto a resolver también en los tribunales la propiedad de la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII emplazado en el casco viejo de la ciudad que pasó a manos de los Franco por una subasta puesta bajo sospecha.

La finca donde se ubica el pazo tiene 93.711 metros cuadrados de superficie, en los que se encuentra el inmueble, con 2.115 metros cuadrados. En el año 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Diez años después, los Martínez-Bordiú Franco pusieron a la venta el Pazo de Meirás por 8 millones de euros tras el fallecimiento de su madre, Carmen Franco Polo. Un juzgado paralizó una posible transacción por el comienzo de la reclamación emprendida por el Estado. Décadas después de tenerlo en propiedad se ven obligados a irse, probablemente para siempre.

El Gobierno aún no ha informado de qué piensa hacer con la histórica propiedad. “Lo importante es que el Estado recobra el control del Pazo de Meirás y, por tanto, vuelve a manos de la ciudadanía”, dijo la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras saber que los Franco aceptaban una entrega “provisional”.