Iglesias presiona a Sánchez para reactivar la reforma dura del CGPJ sin el PP

El pulso de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición no da tregua. A los frentes abiertos en el seno del Consejo de Ministros a cuenta del decreto de los desahucios, el corte de suministros a colectivos vulnerables, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se suman otros en el ámbito parlamentario. El tratamiento a la Monarquía no es la única estrategia en la que difieren los socios, también en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez llamó ayer a Pablo Casado para testar su disposición a desbloquear el pacto para el órgano de gobierno de los jueces. Una llamada casi de trámite, ante el rifirrafe parlamentario previsto para esta mañana, en la que ambos se reafirmaron en sus posiciones. El PP mantiene públicamente la condición de aislar a Podemos de esta negociación y los morados presionan, a su vez, internamente para que el que resulte relegado sea el PP.

La formación del vicepresidente segundo no esconde que quiere buscar una alternativa con los socios de la investidura (ERC y EH Bildu) para avanzar en la renovación de los órganos constitucionales que veta el principal partido de la oposición. Y el debate que hoy se ha celebrado en el Congreso les hace reafirmarse en esta posición. El líder del PP, Pablo Casado, ha roto todos los puentes e Iglesias ha aprovechado esta actitud para redoblar el pulso al PSOE. “Lo que acaba de decir Casado sobre el CGPJ deja dos opciones: 1. Asumir que el CGPJ no se va a renovar hasta que la derecha gane unas elecciones y tenga mayoría en el Parlamento 2. Cumplir el mandato constitucional y adaptar la ley al presente para cumplir la Constitución”, ha señalado el líder de Podemos en su cuenta de Twitter.

De este modo, y solo un día después de que el Congreso diera luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar el poder del CGPJ “en funciones” para que no pueda realizar nombramientos de altas instancias judiciales con el mandato caducado, desde Podemos lanzan una nueva ofensiva para reactivar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé la rebaja de las mayorías para elegir, por el Congreso, a los vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces. Esto permitiría salvar el veto del PP y alumbrar la renovación con ERC y Bildu.

Sin embargo, los socialistas no están de acuerdo con esto y prefieren esperar al PP. No se espera que el pacto esté cerrado hasta después de las elecciones catalanas, ya que el partido de Casado necesita “margen” para no quedar debilitado en estos comicios por Vox. El PSOE logró, no sin esfuerzos, que Podemos aceptara el paso intermedio de limitar solo por el momento las atribuciones del CGPJ en funciones, pero los morados se revuelven ya contra estas medias tintas y quieren ser más ambiciosos, ante la actitud obstruccionista del PP de Casado.

Los morados llevan presionando al Gobierno desde hace varias semanas para que active la reforma de la LOPJ, ante el veto de los populares a incluir en la negociación al partido del vicepresidente del Gobierno. En los últimos días, Pablo Iglesias avisó de que se le estaba “agotando la paciencia” y adujo que, si los populares seguían manteniendo la exclusión de Unidas Podemos, no quedaría más remedio que activar la reforma para la renovación del CGPJ por mayoría absoluta en segunda votación. En este asunto ha ahondado hoy el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en el debate sobre el estado de alarma. A su juicio, “tras el enésimo portazo del PP” -en referencia a la conversación sin avances entre Sánchez y Casado- “no nos va a quedar otra que renovar el método de elección del CGPJ”.

La reforma de la LOPJ prevé rebajar el sistema de contrapesos, de una mayoría de 3/5, esto es, 210 diputados, que obligaría a contar con el PP; a una mayoría absoluta (176 diputados) que se lograría con los socios de la investidura y sin la connivencia del principal partido de la oposición. Esta reforma cuenta con una oposición casi total, incluso por parte de los socios del Ejecutivo, que advirtieron que abriría la puerta a un control total del Gobierno, también cuando estuviera liderado por la derecha y la ultraderecha. Tampoco las asociaciones judiciales ni los partidos de la oposición la aprueban, pero es la censura de la Comisión Europea lo que obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás.