El Congreso tramita la ley de PSOE y Podemos para limitar los nombramientos del CGPJ

El Congreso ha aceptado la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que busca que cuando la cúpula del Consejo General del Poder Judicial termine su mandato vea limitadas sus funciones, de manera que no pueda, por ejemplo, nombrar a miembros en los altos tribunales, como el Supremo.

Los dos partidos del Gobierno de coalición, con el apoyo de sus socios de investidura han dado luz verde a que el Congreso de los Diputados comience a trabajar en la norma que tiene por objetivo aislar al Partido Popular para desbloquear la renovación del CGPJ ante su negativa a que Unidas Podemos, partido minoritario del Gobierno, forme parte de las conversaciones entre el PSOE y el PP.

La iniciativa de Ley para limitar las funciones del CGPJ busca una tramitación exprés en el Congreso, con su aprobación definitiva en febrero. De este modo, PSOE y Unidas Podemos prevén que sirva como mecanismo de freno para que se eviten nuevos nombramientos en el órgano judicial mientras que PSOE y PP mantengan la negociación en ciernes o mientras que se tramite la reforma del CGPJ, a propuesta del Gobierno de coalición. En ninguno de los casos, la proposición de ley decaería, en el caso de que prospere un pacto con el PP para desbloquear la renovación.

Podemos acusa al PP de “bunkerizar” el CGPJ

En la Cámara Baja, tanto el PSOE como Unidas Podemos han defendido la necesidad de limitar las competencias del CGPJ al haberse cumplido su mandato hace dos años. El diputado del PSOE Francisco Aranda Vargas ha sido el primero en subir a la tribuna para defender que en la actualidad existe un “vacío normativo” en cuanto a este asunto y es por ello que resulta necesario resolver esta “anomalía institucional”. Ha comparado la situación con el poder legislativo y Ejecutivo donde si hay “una norma tasada”, para acudir cuando exista un bloqueo. Según ha defendido el portavoz socialista, la negativa del PP a negociar la renovación de la cúpula del órgano judicial corresponde a “intereses políticos coyunturales” y supone “desprestigiar y politizar el CGPJ”.

En representación de Unidas Podemos, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, acusó al PP de querer convertir el Consejo “en un búnker inexpugnable para seguir corrompiendo, para seguir colonizando y controlando los puestos clave de la judicatura, el Tribunal Supremo, incluso el Tribunal Constitucional”. Y acusó al PP de “tener secuestrada la cúpula judicial”. Cargó contra los populares, a los que llamó “derecha predemocrática” y censuró por “sobrarle la mitad del país”. Aseguró que “se atrincheran en el Poder Judicial”, cuando “pierden elecciones”. Para el diputado catalán, el partido de Pablo Casado quiere usar la Justicia y la Monarquía como “ariete” contra el Gobierno.

Desde el PP, su diputado Luis Santamaría, acusó al Gobierno de querer “poner coto” a la libertad del CGPJ y de buscar un “cambio de régimen” político en España con la ayuda de ERC y Bildu. Recordó al PSOE el comunicado de la magistratura en el que admiten que les produce “sonrojo” el desconocimiento básico de nociones jurídicas y aseguró que el PP no bloqueaba la renovación del CGPJ porque “en la Cámara no hay ningún grupo que tenga mayoría de escaños para ello”, dijo.

Para los populares, el trámite parlamentario es un intento del Gobierno para tener argumentos para modificar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, en alusión a la otra propuesta lanzada por PSOE y Unidas Podemos en octubre para pasar de tres quintos a una mayoría absoluta. Muy crítico con la segunda propuesta, Santamaría adujo que si la segunda propuesta prosperase “significaría que el Poder Judicial habría caído, y con él buena parte de nuestra libertad y nuestra democracia”.

El diputado popular acusó al partido del vicepresidente de no ser un “interlocutor válido” porque a su juicio, Pablo Iglesias “no acepta que los jueces deben ser imparciales e independientes”. Cargó contra los morados, acusándoles de querer controlar el CGPJ para protegerse de las investigaciones judiciales a las que el partido se enfrenta.

Vox recurrirá la medida ante el TC

Desde Vox, la diputada Macarena Olona anunció que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la medida si finalmente es aprobada. La diputada advirtió que con esta “infame ley” se inicia “el doloroso camino de la degradación para convertir al Poder Judicial en un mecanismo de represión y persecución” que ha comparado con el uso que se hace del mismo en lo que ha denominado la “bioesfera del castro-chavismo” de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba.

Desde Cs, su portavoz Edmundo Bal calificó la proposición de ley como un “insulto” y desgranó las supuestas intenciones del Gobierno. “Debilitar al Poder Judicial para presionar al PP para renovar a los doce vocales (procedentes del turno judicial) y para nombrar a su gente en los puestos de dirección del Poder Judicial e influir en sus sentencias”.

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