Primer año de Gobierno

Sanchez usará la presidencia europea en 2023 como coartada electoral

España tendrá la presidencia de la UE entre julio y diciembre de 2023 y nunca coincide con elecciones por lo que puede adelantar o retrasar las urnas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante el debate de investidura en en el Congreso de los Diputados MADRID 07/01/2020
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante el debate de investidura en en el Congreso de los Diputados MADRID 07/01/2020Alberto R. RoldanLa Razon

Un año de Gobierno. Tercera ola de la pandemia. Y ahora viene Europa con las condiciones. Y pese a todo esto, en Moncloa ven a Pedro Sánchez fuerte y capaz de agotar la Legislatura sin importar todos los obstáculos que trae el futuro, desde la crisis económica hasta la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones catalanas. La confianza de su entorno puede ser tachada de propaganda.

Pero ya da más que pensar cuando esa misma confianza se escucha por boca de quienes dentro del PSOE no son «sanchistas» y, en algunos casos, ni siquiera se preocupan mucho de disimularlo. La diferencia es que para Moncloa la confianza en que Sánchez agotará el mandato es un halago a su resistencia, mientras que en el partido lo explican en otro aforismo del «sanchismo»: «A Pedro le importan, por este orden, Pedro, luego Sánchez, y luego Pérez Castejón».

Hay una clave, que viene de Europa, y que hasta ahora ha pasado desapercibida en las especulaciones sobre la capacidad de resistir la tormenta por parte de Sánchez. Entre julio y diciembre del 23 hay Presidencia española de la Unión Europea. Una «excusa espectacular» para adelantar o posponer las elecciones, aclaran desde el área diplomática del Gobierno. «Nunca se celebran elecciones en ningún país durante la Presidencia Europea. Es una regla no escrita, pero sagrada», ratifican.

Las últimas elecciones generales se celebraron en noviembre de 2019. La Constitución establece en su artículo 68.4 que el Congreso es elegido por cuatro años y el mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de las Cámaras. Y el 42.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que «en los supuestos de elecciones a Cortes Generales o de Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, en las que el presidente del Gobierno o los respectivos presidentes de los Ejecutivos autonómicos no hagan uso de su facultad de disolución anticipada expresamente prevista en el ordenamiento jurídico, los decretos de convocatoria se expiden el día vigésimo quinto anterior a la expiración del mandato de las respectivas Cámaras y se publican al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Entran en vigor el mismo día de su publicación. Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria». En la lógica del «sanchismo» cuesta cuadrar la idea de que pueda desaprovechar la plataforma mediática de la Presidencia europea para su uso en clave de lucha partidista interna, por mal que encaje el calendario o por reglas sagradas comunitarias.

Moncloa y partido coinciden también en otro punto que es determinante en el futuro de la Legislatura. «Si a Podemos le va mal en Cataluña no les quedará más remedio que agarrarse más al Gobierno, les guste o no les guste». Es un hecho que el análisis de los últimos resultados electorales de los «morados» confirma que el proyecto ha perdido fuerza. Así se ratificó en las municipales, con la caída de alcaldías relevantes como Madrid, La Coruña o Zaragoza, y en las últimas elecciones autonómicas. En las generales, Podemos se dejó más de un millón de votos. El pasado mes de julio desapareció en Galicia y se hundió en el Parlamento vasco. Pero, según las encuestas en Cataluña, también parece que en estas urnas no se va a repetir la debacle de las elecciones gallegas y vascas y que los comunes aguantarán mejor. En cualquier caso, está por calibrar el efecto del desembarco del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la campaña catalana.

Iglesias se ha hecho valer ante los Presupuestos y tuvo que reaccionar ante el batacazo electoral en el País Vasco y Galicia, pero en el PSOE prevén que la desestabilización que ha generado entre noviembre y diciembre respondía a esa doble necesidad, y que, una vez que ya hay Presupuestos, Cataluña puede certificar «que se acaba lo de marcar la agenda y ejercer de macho alfa del Gobierno». Las elecciones catalanas son una encrucijada para todos porque también le pueden salir mal al PSOE, si gana Puigdemont, o al PP, si Vox se convierte en la lista más votada.

En clave nacional, en el Gobierno saben que la mitad de los fondos europeos vienen condicionados, y que la agenda de los próximos meses estará sometida «a aquello de lo que no le gusta hablar a Podemos: del tipo de colaboración público-privada del plan que se envíe a Bruselas y de la evolución del cuadro marco para el próximo trimestre». Sánchez tendrá que gestionar un terremoto, desde la debilidad parlamentaria, pero en su entorno y en el PSOE comparten una confianza casi ciega en que Iglesias no romperá, en ningún caso, el Gobierno porque «no tiene a dónde irse, no le queda ni la Puerta del Sol».

«La duración de la Legislatura juega en contra de Podemos A más duración, peor para Iglesias dentro de las coordenadas actuales». Esta previsión la extienden en el entorno del presidente también a Vox, en una proyección de futuro que apunta a un reforzamiento del bipartidismo. Si bien, barriendo para casa, precisan «que el PP de Pablo Casado está mucho más flojo que el que salió en 2008 con Mariano Rajoy».

Por delante hay un invierno complicado en lo sanitario, y una primavera-verano que hará florecer los daños reales de la pandemia en la economía. Pero el equipo que dirige el marketing político del presidente del Gobierno confía ciegamente en el escudo de las vacunas y de los fondos europeos para surfear el coste de la recesión y de las condiciones impuestas por Europa.

En paralelo, en las comunidades autónomas trabajan mirándose ya unas a otras por el rabillo del ojo en la definición de sus proyectos público-privados para justificar el desembolso de los fondos comunitarios económicos y llegar los primeros a la ventanilla de Bruselas.