El 24 de febrero de 2011 era un día como otro cualquiera para varios desactivadores de explosivos del Ejército de Tierra y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada. En el campo de maniobras de la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) brillaba el sol y se disponían a realizar unas prácticas rutinarias previas a su despliegue en Líbano. Tenían casi todo listo y estaban transportando las minas contracarro hasta la zona del ejercicio cuando, sin saber cómo, todo detonó. Fallecieron cinco militares y tres resultaron heridos, dos de ellos de extrema gravedad. Diez años después, la causa judicial aún sigue abierta.

«Al principio no me di cuenta. De repente, perdí la vista y me quedé totalmente a oscuras. Seguía de pie. Noté las quemaduras en el chaleco y me toqué la cara... tenía la parte de la derecha de la cabeza hundida hacia dentro y algo como un trozo de carne colgando por la mandíbula. Era parte de mi cara... Me tumbé en el suelo en posición lateral y esperé a que vinieran a ayudarme». Casi sin inmutarse, el brigada Raúl Alfonso González, uno de los heridos graves, narra a LA RAZÓN cómo fue la explosión.

Un duro relato muy similar al del teniente José Manuel Candón, quien también sufrió importantes lesiones: «Fue como si me atropellara un camión. Caí al suelo. No sabía qué había ocurrido. Empecé a gritar, me dolía todo y la cara me quemaba. Notaba que me faltaban trozos de un dedo, las manos estaban totalmente calcinadas, no oía... Te das cuenta de que te estás muriendo. Moví los dedos de los pies y sentí como si estuvieran inundados en sangre. No sabía que no tenia los ojos, ni un oído ni que me desangraba por las piernas. Me sentí un poco reconfortado cuando sentí el helicóptero del SUMMA y el frescor de las aspas. Ahí perdí el conocimiento».

¿Accidente o negligencia?

Hoy, 3.657 días después y tras un periplo judicial inacabable, continúan sin que la Justicia les diga si fue un accidente fortuito o una negligencia de sus mandos por permitirles hacer prácticas con un explosivo catalogado como inútil. Pero no se rinden y avisan de que irán a donde haga falta «para que se hagan las cosas bien» y que algo así «no vuelva a ocurrir».

Raúl y José Manuel se muestran optimistas pese a todo. En cierto modo, se sienten agradecidos por haber sobrevivido, al igual que el cabo 1º Herminio Álvarez, herido leve.

Una segunda oportunidad que no tuvieron el sargento 1º Sergio Valdepeñas, el sargento Mario Hernández, el cabo Miguel Ángel Díaz, el sargento 1º Víctor Manuel Zamora y el cabo 1º Javier Muñoz, que fallecieron aquel trágico día. Por sus cinco compañeros siguen luchando, para que sus familias, «que se merecen todo», reciban lo que les corresponde y para que, de una vez, alguien reconozca que esas minas «jamás debieron ser entregadas».

Candón se despertó un mes después en el hospital «Gómez Ulla», en el que estuvo ingresado cerca de seis meses. Perdió un ojo, apenas tiene un 20% de visión en el otro, ha perdido audición, tiene metralla por todo el cuerpo... y ha sido operado más de 35 veces. Raúl, por su parte, perdió el ojo derecho y en el izquierdo le queda un 10% visión.

Ambos supervivientes y su abogado, Jesús Blanco, explican a este periódico no sólo cómo fue esa lucha por recuperarse, sino también su otro «calvario», la batalla judicial, la cual definen como un «bagaje en el desierto» en el que únicamente han encontrado «indiferencia, indiferencia, indiferencia y falta de empatía y humanidad con las víctimas».

Todo arrancó ese 24 de febrero de 2011, cuando el Juzgado Militar Territorial nº11 incoó diligencias previas. Sin embargo, dos años después, en febrero de 2013, las archivó. Ese mismo año volvió a abrirse y archivarse la causa, y en 2017 volvieron a intentarlo, también sin éxito. La respuesta que recibían una y otra vez era que se trató de un «accidente fortuito». Así que se centraron en pedir las indemnizaciones correspondientes, pero el entonces ministro Pedro Morenés y el asesor jurídico «se negaron».

«Pero llegó un momento en el que vimos que esto era más de lo que decían. Fuimos viéndolo mientras escarbábamos», apunta el abogado insistiendo en que «la gravedad la vimos durante la tramitación del procedimiento». Se refiere a finales de 2017, cuando un perito se puso en contacto con ellos para, en resumen, confirmarles que el explosivo nunca debió usarse en esas prácticas.

Prohibidas, pero “permitidas”

Rebuscando descubrieron, además, que las minas que detonaron habían sido catalogadas como material inútil en diciembre de 2010; que ya desde 1999 un manual técnico del Ejército prohibía su uso para prácticas o que, pese a que debían ser desmilitarizadas, diversos mandos de unidades permitían que se utilizasen para ejercicios de desactivación. Plasmaron todo ello en un nuevo informe y empezó de nuevo la «batalla judicial», explica Candón.

En enero de 2018 solicitaron la reapertura de la causa, la cual fue admitida en abril de 2018. Cambiaron al juez e inició una serie de diligencias previas, que incluyeron la declaración de las víctimas y los peritos de la Guardia Civil que elaboraron el primer informe del accidente.

Todo dio un giro inesperado en marzo de 2019, cuando, durante el careo con los agentes, estos reconocieron que su primer informe se hizo partiendo de la premisa de que la munición era útil. Fue ese día cuando «se dieron cuenta, en sede judicial, de que era inútil desde diciembre de 2010». «No supimos hasta años después que el material estaba inútil, que era un material que por la peligrosidad que entrañaba se prohibía su uso».

“Orfandad judicial”

Por ello, solicitaron nuevas actuaciones, como que la causa se elevara a sumario, nuevas testificales o la imputación de los mandos que entregaron el material para las prácticas o el que lo custodió. Hasta ahí, porque desde entonces el Juzgado dejó de dar señales de vida y pese a los cuatro escritos remitidos por parte del abogado, la magistrada togada no les da respuesta. El último, el pasado día 8, en el que criticaban los diez años de «ralentización y paralización de la causa» y la «evidente orfandad» judicial que sienten.

«Con el tiempo transcurrido y con todo lo que tiene el juez encima de la mesa, tenía que haberse dictado una resolución hace mucho y señalar, porque está claro, a las personas responsables», explica el letrado, quien tiene claro que «hay evidencias palmarias» de «incumplimientos por parte de la Administración, por entregar un material inútil» o «engañar a las personas que iban a trabajar con ese material, porque desconocían su estado».

Según señala, «hay una sucesión de irregularidades en el procedimiento como para escribir un libro». Y tiene más que claro que «estas dilaciones desmesuradas benefician a la parte infractora y perjudican gravemente a las víctimas».

“Esto cansa”

Tanto, que Candón se ha planteado en más de una ocasión «arrojar la toalla». «Son 10 años muy largos. Me ocurrió con 34 años, tengo 44... Mi hija tenía seis meses y ya ha hecho la comunión. Mi hijo tenía 8 años y este año se va a la universidad. Y no paran de escuchar todo el día lo mismo. Esto cansa», afirma enfadado mientras critica que «una de las tónicas habituales de la Justicia Militar es la dilatación de los procedimientos porque hay temor. La Justicia Militar es temerosa y subordinada», remarca tajante. En el caso ha visto pasar ya «tres generales jurídicos togados, dos jueces, dos o tres fiscales, cuatro ministros...».

No confía mucho en una rápida respuesta ni en una sentencia a su favor, al igual que su compañero Raúl: «No tengo demasiadas esperanzas. Queda lucha para largo», dice para insistir en que «no lo hacemos por una indemnización, sino para que las cosas se hagan bien y que no vuelva a ocurrir». Candón, por su parte, señala: «No le veo fin. Esto no va a avanzar hasta que ellos no quieran que avance. Y ahora no quieren».

Sobre todo, critica «las buenas palabras» de las autoridades cuando estaban en el hospital o en los funerales, «pero cuando llega el momento de dar la cara...». «Después de diez años estoy cansado de que me pasen la mano por el lomo. Queremos descansar, acabar con esto ya», sentencia remarcando que, «diez años después, no quiero que metan a nadie en la cárcel. El daño está hecho, lo que queremos es que no se vuelva a producir».

Raúl, que ahora tiene 46 años, es algo menos crítico y reconoce que «no tengo nada en contra de la institución, todo lo contrario, sigo comprometido porque juré dar hasta la última gota de mi sangre. Pero cuando las cosas se hacen mal hay que intentar ponerles solución y reconocer que se han hecho cosas mal». Él sigue ligado a la Armada: «Soy el único retirado de España que sigue yendo al cuartel o de maniobras», dice. Y explica que colabora en temas de desactivación de explosivos, en el centro de control que gestiona los equipos, «pero no toco explosivos», señala.

“Se han seguido usando”

Al mismo tiempo, reconoce que compañeros del Ejército de Tierra le han confirmado que los explosivos catalogados como inútiles «se han seguido usando hasta hace muy poco», pese a que desde 2019 se publicó un manual nuevo con un completo reglamento sobre manipulación, tratamiento y desmilitarización. «Todo por lo que habíamos protestado», señala Candón.

Al menos, su lucha ha conseguido que se cumplan los procedimientos o que se modifiquen las cuantías que reciben los heridos o los familiares de los fallecidos del seguro colectivo. Así, de 22.500 euros que recibieron las viudas han logrado que desde 2018 esa cantidad sea de unos 140.000.

Pero «la paciencia tiene un límite», señala el abogado. «Ya hemos puesto un escrito a su señoría diciéndole que hace tanto tiempo se le pidió una serie de cosas y que todo está silente. Si esto no sale, lo siguiente será, por un lado, pedir amparo al CGPJ o a quien competa. Por otro, irse a la jurisdicción social, porque aquí hay un claro incumplimiento de la seguridad en el trabajo».

No descartan llegar hasta Europa

Y avisa: «Se pueden pasar los Pirineos para buscar Justicia. No descartamos ir a Europa, porque si las garantías de un Estado, que deberían funcionar, no funcionan, habrá que recabar la tutela de los estados soberanos donde estamos integrados».

Todo, insiste el letrado, para «ver la luz al final del túnel de esta historia macabra. Que las familias de los fallecidos sepan que ya no están por una mala praxis de algunas personas de la Administración» y que, en el caso de los heridos, puedan decir que «se quedaron así porque algo se hizo mal. Para que otros que vengan detrás no se queden igual».