Moncloa espera a que haya Govern para desplegar la “agenda catalana”

La victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas supuso un espaldarazo a la estrategia de diálogo del Gobierno con Cataluña. Desde que llegara a La Moncloa, Pedro Sánchez no solo ha reconstruido los puentes con la Generalitat, sino que ha estrechado las relaciones, convirtiendo –por necesidad y debilidad parlamentaria– a ERC en uno de sus socios prioritarios de legislatura. La certificación de esa entente quedó de manifiesto no solo en la investidura, sino un año después en la aprobación de los Presupuestos, en la que los republicanos votaron a favor de las cuentas. «Se abre una nueva era», celebraron entonces los independentistas, que han hecho valer su interlocución directa con el Estado como cartel electoral. Las urnas también han avalado esta estrategia, al quedar ERC por delante de Junts en las elecciones del 14 de febrero.

El pasado viernes Sánchez compareció en los jardines de La Moncloa y los periodistas allí convocados recordaban como esos prunos en flor habían sido testigos justo un año antes del paseo que las delegaciones de Gobierno y Generalitat dedicaron a los medios gráficos. El 26 de febrero de 2020 fue la primera y única –hasta ahora– reunión de la mesa de diálogo entre el Estado y Cataluña, después de que Sánchez y Torra pactaran su convocatoria periódica en una cita anterior en Barcelona. La pandemia obligó a recalcular toda hoja de ruta y, en este caso, a dejar aparcada en un cajón la «Agenda del reencuentro» que el presidente del Gobierno presentó entonces. La inestabilidad política de Cataluña tampoco ha allanado el camino para retomarla.

Los comicios del pasado 14-F fueron una primera meta volante para restablecer la relación y ponderar el equilibrio de fuerzas. En Moncloa esperan a que se resuelva el sudoku de la gobernabilidad antes de poner en marcha cualquier maniobra. Cómo se reordenen las piezas, tanto dentro como fuera del Govern, permitirá fortalecer la alianza con ERC en Madrid y Barcelona. El próximo 12 de marzo vence el plazo para elegir a un presidente del Parlament y esa elección indicará el camino a seguir en la Generalitat. La Presidencia parece ya decantada para Pere Aragonés, pero en qué apoyos se sustente será clave para dar los siguientes pasos y reunir la mesa de diálogo. Los contactos entre Moncloa y los republicanos no han cesado.

Fuentes gubernamentales se felicitan de que al frente del Ejecutivo catalán vaya a estar ERC, porque eso facilita el entendimiento, aunque son conscientes de que si son Junts y la CUP los que marcan la agenda, el pragmatismo republicano virará hacia postulados maximalistas de amnistía y autodeterminación. En la agenda de Moncloa hay dos hitos claves en su relación con Cataluña: la reforma del Código Penal que rebaje las penas de los delitos de sedición y la resolución de los indultos. Los gestos irán en esta dirección. Ambas iniciativas sostienen la estrategia de distensión que el Gobierno lleva meses preparando. El propio presidente del Gobierno llamó recientemente a superar «tiempos aciagos que nos sonrojan a todos» y apostó abiertamente por «el reencuentro y la reconciliación». En la misma línea, este fin de semana, el ministro encargado de la interlocución con Cataluña, Miquel Iceta, minimizaba el «coste político» que podrían llegar a tener los indultos para el Ejecutivo de coalición.

Trámite “lento”

Sin embargo, el horizonte de los indultos está todavía lejano. En Moncloa son muy cuidadosos con este asunto y miden al milímetro los tiempos para apretar el botón. Además del calendario de conveniencia está el de los plazos que marcan los informes que el Consejo de Ministros debe recibir y valorar, y que aún va «lento». Hasta ahora esta dilación es a la que se acoge el Ejecutivo para evitar dar una respuesta cuando se les pregunta por la resolución de la medida de gracia.

Tras el informe de la Fiscalía, que fue muy duro en su negativa a concederla, se debe pronunciar la Abogacía del Estado que –dependiente del Ministerio de Justicia– permitirá a través de sus juicios ver cómo respira el Gobierno. Después deberá significarse la Sala del Supremo, cuyo dictamen tampoco se espera que sea favorable, por lo que antes de dos meses no se anticipa que puedan quedar resueltos los trámites que atañen a estas instancias. Una vez sean remitidos a Justicia, pasarán al Consejo de Ministros que deberá tomar una decisión. Tentativamente se mira al mes de junio. Desde Podemos dan por hecho que se concederán; en la parte socialista lanzan gestos, pero son más cautos y quieren jugar la baza que suponen.

Sin embargo, antes que la resolución de los indultos, del Consejo de Ministros saldrá la reforma del Código Penal que prevé la rebaja de las penas de los delitos de sedición. Una apuesta estrella del propio presidente Sánchez, que supondrá un cambio global de la normativa que permita salvar las reticencias de algunos grupos. En él se aprovecharía para modificar los delitos de expresión por los que ha sido encarcelado el rapero Hasel o el blindaje del consentimiento («Solo sí es sí»). Pero más allá de cómo se vista la reforma legal o la concesión de los indultos, lo que puede facilitar o bloquearlo todo es la conformación del Govern. Parada obligatoria: despejar la incógnita de la Generalitat.