La escenificación que ha llevado a cabo hoy el Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de arrogarse el fin de ETA y dar carpetazo con el pasado criminal coincide en el tiempo con la transferencia de prisiones penitenciarias pactada por el Gobierno con el PNV. Un compromiso adquirido al principio de la Legislatura y que se espera ya de manera inminente, para el mes de abril, tal y como ha confirmado hoy el presidente del PNV Andoni Ortuzar.

El traspaso de esta competencia es fundamental para el Ejecutivo con el fin de mantener a su socio vasco en el Congreso. A la par, que lo es para el gobierno vasco, dado que tras obtener el control de la política penitenciaria podrá controlar el régimen de los etarras, así como atender a la reclamación de los etarras de conseguir más beneficios penitenciarios. El lendakari Íñigo Urkullu podrá hacer uso del artículo 100.2 del Código Penal que otorga beneficios del tercer grado a los reos clasificados en segundo grado. En las cárceles vascas se encuentran acercados 30 presos de ETA, por lo que, de cara a la inminente transferencia de competencias, estos podrían obtener, de manera progresiva, del beneficio del tercer grado que implica, que tan solo deben acudir a su celda para dormir. Un paso claro hacia la semilibertad de los presos de ETA que ya han sido trasladados a las cárceles vascas.

El propio líder del PNV, Andoni Ortuzar ha dejado ver esta mañana en una entrevista en TVE. Aunque ha reconocido que la política de acercamientos a cárceles vascas seguirá dependiendo de Instituciones Penitenciarias del Estado, sí ha reconocido que tendrá margen de actuación, “similar” al que tiene Cataluña, que es la única comunidad autónoma que gestiona Prisiones dentro del Estado. De esta manera, Ortuzar no descartaba que pudiese acometer beneficios para los presos vascos. Además, también se ha mostrado partidario de diseñar un modelo penitenciario que no diferencie a los reclusos por la causa de sus penas y que “haga todo lo posible por la reinserción social de estas personas”.

Los ocho presos más peligrosos

Entre la treintena de presos que podrían conseguir su semilibertad tras el traspaso de competencias de prisiones penitenciarias al País Vasco se encuentran hasta ocho reos con delitos de sangre.

Carmelo Laucirica, “Itxina”. La Audiencia Nacional le condenó a 50 años de cárcel por colocar el 6 de diciembre (Día de la Constitución) de 2004 cuatro bombas que explotaron en tres cafeterías de Valladolid, León y Ávila y el aparcamiento del zoológico de Santillana del Mar (Cantabria).

Idoia Martínez García, “Alba”. Condenada a 30 años y 3 meses como autora del asesinato en 1994 del teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera al estallar la bomba lapa que colocaron en su coche cuando conducía por la autovía de Extremadura (A-5) de Madrid.

Balbino Sáez Olarra, también del “comando Madrid”. Se le imputó su participación en el atentado con coche bomba cometido junto al estadio Santiago Bernabéu el 1 de mayo, horas antes del choque en la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Barcelona.

Ignacio Aracama, “Makario”. Perteneció a las células que operaban en la provincia de Álava y después en el de la capital de España: y es autor de varios asesinatos de agentes de las Fuerzas de Seguridad y secuestros. En 1998, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión como autor del asesinato de inspector de Policía Antonio Recio Claver en 1979. También fue sentenciado a 28 años de cárcel en calidad de cooperador necesario en el asesinato de Jesús Ignacio Velasco Zuazola. En 1999, se le condenó a 30 años por el asesinato de Eugenio Lázaro Valle, jefe de la Policía Municipal de Vitoria. En 2003 fue condenado a 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos de los tres motoristas de la Guardia Civil que protegían la Vuelta Ciclista a España a su paso por Salvatierra, (Álava). En 1998 le sentenciaron a 26 años como responsable del atentado que acabó con la vida de Ricardo Tejero Magro. Además, fue condenado a 25 años en 1999 por su participación en el secuestro del financiero Diego Prado y Colón de Carvajal, que se produjo en 1983.

Joseba Arregui, Fiti”. Fue jefe del “aparato de Logística” de la ETA miembro del colectivo “Artapalo” que dirigió la banda en una de las épocas más sanguinarias. Se ocupaba de facilitar armas y explosivos a los “comandos”. Cuando fue detenido, en marzo de 1992, preparaba los atentados contra las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla

Javier Aristrain Gorosabel. La Audiencia Nacional le condenó por pertenecer a ETA y ocultar explosivos en zulos y un trastero del País Vasco. Se integro en el “comando Imanol” y utilizaba un trastero un trastero en el que se hallaron, detrás de una pared falsa, detonadores y material explosivo, así como varios cartuchos de pistolas.

Urko Labeaga. Fue detenido tras resultar herido al explotarle una bomba que pensaba colocar en el edificio de la compañía telefónica.

Oskarbi Jáuregui. La a Audiencia Nacional le condenó a 23 años de prisión por el envío de un libro-bomba en 2001 al periodista Gorka Landaburu, quien, a causa de la explosión, sufrió la amputación del dedo pulgar y heridas en la cara. Formaba parte del comando “Buruntza”.

Garikoitz García Arrieta. La Audiencia Nacional le condenó a 37 años de cárcel, por intentar establecer en 2010 una base de la banda terrorista en Portugal. Este individuo fue el que conducía la furgoneta con armas, explosivos y documentos falsos desde Francia. Una pareja de la Guardia Civil le dio el alto en Bermillo de Sayazo (Zamora). Logró huir en un primer momento pero fue arrestado con posterioridad en territorio luso.

El acto de «propaganda» de esta mañana es así una continuación de la política penitenciaria de la que hace gala el Gobierno de Pedro Sánchez, con la que ya ha beneficiado a más del 80 por ciento de los presos de ETA. El ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha dado el visto bueno a la histórica reclamación de los etarras de conseguir del Ejecutivo su aproximación a cárceles más cercanas. A día de hoy, de los 188 presos encarcelados en España, 151 de ellos –según la AVT– ya se han beneficiado de la política penitenciaria del Gobierno, que facilita ya el trabajo al lendakari Íñigo Urkullu de cara al inminente control de la competencia de prisiones. Esto significa que el 80% de los etarras han sido ya acercados. El número de aproximaciones, sin embargo, es mayor, puesto que algunos presos han sido trasladados de prisión en varias ocasiones, por lo que asciende a 176 acercamientos. Son solo 37 reos los que no han obtenido ningún favor del Gobierno de Pedro Sánchez.

El 50% están en cárceles vascas, navarras o cercanas

En la actualidad a 75 presos se les ha concedido el segundo grado, esto es el 39% de los presos y a nueve el tercero, el 4,6%. Dado que en las cárceles vascas se encuentran ya 30 presos trasladados, de cara a la inminente transferencia de competencias, estos podrían obtener, de manera progresiva, del beneficio del tercer grado que implica, que tan solo deben acudir a su celda para dormir.

Así, el plan de acercamientos, con la protesta permanente de algunas de las asociaciones de víctimas, se cumple de forma inexorable. De hecho, otra cifra significativa es que, del total de presos de ETA, el 50 % se encuentra ya o bien en cárceles vascas o navarras o en prisiones situadas a menos de 260 kilómetros, como pasos intermedios a un nuevo traslado que les aproxime todavía más a sus domicilios. 40 de ellos se encuentran ya en cárceles de País Vasco y Navarra. Por otro lado, hasta 54 presos se encuentran ya en cárceles a poco más de dos horas en coche de su tierra natal. Se trata de las cárceles de Soria, (siete reclusos); Zuera (Zaragoza), 12; El Dueso (Cantabria), 11; Logroño, 13; y Burgos, 11. En total 93 presos cerca de sus domicilios.

63 presos con delitos de sangre

Uno de los asuntos que más duele a las víctimas es el acercamiento de los terroristas que han obtenido beneficios pese a estar condenados por delitos de sangre. Son 68 en total, correspondientes a 63 presos con 163 víctimas. Del total de presos de ETA, 18 han obtenido ya el tercer grado. Cinco de estos cuentan con delitos de sangre en sus expedientes criminales, y otros seis han obtenido la libertad condicional.

Frente a la preocupación e indignación de las víctimas está la alegría de los familiares de los presos ETA, que están exultantes con la política penitenciaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fruto de sus acuerdos con Bildu. Tal y como publicó LA RAZÓN, celebran que “se está manteniendo el traslado de presos y presas a prisiones aledañas-periféricas a Euskal Herria. El cambio está bien. Las familias están mejor, es un alivio no tener que viajar tan lejos”.

Sin embargo, recordaban al jefe del Ejecutivo que no era “suficiente”. Lo que quieren (los reclusos) es lo que llaman el “kilómetro 0”. “Es lo que demandamos”, refrendan. Se jactaban que ya se habían vaciado de presos terroristas varias cárceles españolas lo que venía a culminar el final de la política de dispersión.