El Gobierno concede total impunidad a los piquetes violentos para presionar a los empresarios

El Pleno del Congreso de los Diputados avala despenalizar las acciones violentas de los piquetes. Esta era una de las reivindicaciones con la que los sindicatos han presionado de manera continua a los socialistas y que se produce en un contexto que se espera de gran conflictividad social debido a la situación precaria en la que se encuentra España debido a los efectos económicos derivados del coronavirus. Además, el PSOE ha pedido su tramitación por la vía de urgencia para reducir los plazos legislativos a la mitad con el fin de tener la norma lista para su entrada en vigor el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

Hasta ahora, las coacciones de los piquetes para iniciar o continuar huelga estaban sometidas a penas de prisión, atendiendo al artículo 315.3 del Código Penal. El PSOE presentó a finales de año una proposición de ley para la derogación de este artículo que contempla penas de entre un año y nueve meses hasta tres años de cárcel para quienes “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras presionas a iniciar o continuar una huelga”.

Al tratarse de una proposición de ley que busca modificar una Ley Orgánica -el propio Código Penal-, la Cámara debía aprobarla con mayoría absoluta, por lo que los socialistas necesitaban el voto seguro de sus socios. Para ello contará con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP y el BNG para la despenalización de las coacciones de los piquetes de huelga, una reforma del Código Penal que llegará al Senado sin cambios tras el rechazo de las enmiendas presentadas por el PP, Vox y el PNV, partidarios de mantener esas penas de prisión, con mayor o menor dureza.

Una reforma del artículo 315.3 del Código Penal que llega después del toque de atención de Europa. En febrero, la Comisión Europea vaticinó que, aunque confían en la recuperación del turismo como motor del crecimiento de la economía española, alertan de la oleada de quiebras que sufrirán las pequeñas y medianas empresas. Una amenaza que llegará a materializarse cuando terminen las medidas de soporte actuales para proveer de liquidez.

PP y Cs advierten que la despenalización acabará con penas más duras

En el debate de la iniciativa, la diputada del PSOE Andrea Fernández celebró como día “histórico” la jornada de hoy, pues considera que esta derogación salda “una de las deudas pendientes que como demócratas” tienen “con el sindicalismo”. Desde Unidas Podemos aseguraron que en una huelga, el “piquete más efectivo es el de la patronal”, mientras que cargaron contra las penas de cárcel en activo introducidas por el PP. A su juicio, “va en contra del espíritu de la norma” y “convierte al Código Penal en una ley ‘antihuelga’, que criminaliza la actividad de sindicalistas o de los propios huelguistas”, ha dicho.

Desde PP y Cs han advertido que la despenalización puede acabar con penas más duras para las coacciones de los piquetes, al estar más más castigado el delito de coacciones. El grupo popular, el diputado Jaime Olano defendió la redacción vigente del artículo 315, pues cree que “protege al trabajador en las dos esferas”, y también cargó contra “el trato de favor a encausados o procesados por este delito” que busca la iniciativa, al contemplar la revisión de las sentencias dictadas. “Esto es muy peligroso, mañana lo harán con independentistas condenados por sedición”, ha alertado.

Desde el PNV, el diputado Mikel Legara anticipa un posible “efecto bumerán” con mayores penas por el delito de coacciones, mientras que Juan José Aizcorbe (Vox) ha cargado contra “una bochornosa exposición de motivos impropio de una democracia saludable”, pues cree que con ella se busca “ajustar cuentas, plasmar cuitas políticas o publicitar relatos”. Ciudadanos, que rechazó la propuesta, asegura que habría aceptado una rebaja de las penas pero no una despenalización de un hecho punible, el de las coacciones, recogido en el Código Penal. Además, ha asegurado que no considera “urgente” esta derogación.

Desde ERC, que apoyó la proposición de ley pidió ser “mucho más valientes”. Su diputado jrdi Salvador pidió también la derogación de la “Ley Mordaza” y tachó al bloque de la derecha de tener una postura “de franquismo puro y duro”. “Se puede ser liberal, pero lo de hoy (la postura de los partidos de la derecha) es franquismo puro y duro. Salgan un poco de la caverna”, dijo. Por su parte, Bildu, se lamentó el último intento desesperado de la patronal a través de sus terminales políticas” para frenar la derogación, destacando que la propuesta del PNV pasaba por castigar con penas de cárcel a acciones que pudieran conducir a una huelga. “¿Es eso punible?”, se ha preguntado, subrayando que “nadie hace huelga ni va a la huelga por capricho, se hace por necesidad”.