Una acusación pide que se impute a la “ministrable” Ione Belarra por avalar sobresueldos irregulares

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas ha pedido al juez que investiga la supuesta financiación ilegal de la formación morada que impute por administración desleal a Ione Belarra, la actual secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido -a quien Pablo Iglesias quiere al frente del Ministerio de Derechos Sociales- por avalar el reparto de sobresueldos supuestamente irregulares entre algunos de sus dirigentes.

En el escrito remitido al juez Juan José Escalonilla, la abogada, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, reclama asimismo la imputación del tesorero, Daniel de Frutos, y del responsable financiero, Denis Thomas Maguire, “y del resto de miembros del Consejo de Coordinación por su complicidad y encubrimiento en la aprobación de los complementos salariales no contemplados en las tablas salariales, al margen de las normas estatutarias y sin existir partida presupuestaria aprobada para su implementación”.

“El asunto es de extrema gravedad, porque estamos ante una corrupción de toda la cúpula del partido, no de unos individuos aislados”, subraya. “El partido se ha convertido en una propiedad privada de la Ejecutiva, que no respeta los estatutos y validad actos de disposición patrimonial de sus miembros porque son ellos mismos quienes los cometen, porque la gerente y el tesorero son miembros de la Ejecutiva”.

“Es evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilícitos que se están investigando, porque son quienes dirigen el partido, que es el perjudicado”, llama la atención. Por eso muestra su extrañeza por el hecho de que la personación de Podemos en la causa esté suponiendo “una defensa a ultranza de los dirigentes, apartándose de la objetividad y no velando por los intereses y fines de Podemos”.

De Maguire dice que función de sus atribuciones debía “participar en la elaboración de los presupuestos y en la realización de los informes sobre la ejecución presupuestaria”. Unos informes aportados por Podemos al juez en los que, denuncia la recurrente, “se oculta deliberadamente un hecho tan significativo como es la subida salarial de algunos trabajadores mediante la creación de nuevos complementos salariales”.

Dos certificaciones de 2017

En cuanto a Belarra, la acusación hace referencia a dos certificados firmados en abril de 17 y 24 de abril de 2017 por la secretaria de Coordinación Ejecutiva del Secretariado de Podemos en los que avala las “categorías de escala salarial que se propone desde Gerencia para contrataciones del partido” y ratifica que cuando ese protocolo de contratación interna esté definido se aplicará “junto con la escala salarial aprobada”.

La abogada recurre así la resolución en la que el instructor acordó el sobreseimiento de la investigación por administración desleal contra la gerente del Podemos, Rocío Val, en relación a esos complementos salariales que en 2019 percibieron tanto ella como el tesorero Daniel de Frutos.

Cánovas insiste que con esos sobresueldos se incumplieron las tablas salariales vigentes y las normas internas de Podemos, pues la gerente “carece de potestad para modificar unilateralmente” esas tablas aprobadas por el Consejo de Coordinación en 2017, recalca en su escrito.

Los dos certificados firmados por Belarre -señala la ex senadora- “demuestran que la tabla salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación el 17 de abril de 2017, no por la Gerencia sino a propuesta de la Gerencia”.

Subidas de sueldo bajo sospecha

Pero Cánovas da un paso más y apunta a un posible uso irregular de los fondos para el personal contratado por Podemos. “Sospechamos, a la vista de las circunstancias que concurren en este asunto y de las nóminas aportadas por el partido, que algunos responsables de Podemos han podido estar utilizando los importes que corresponderían a puestos de trabajo no cubiertos de forma efectiva pero presupuestados previamente, para subir el sueldo al resto del personal del equipo mediante complementos creados al margen de las tablas salariales, aprovechando estos importes ahorrados”, sostiene.

La ex política morada subraya que el presupuesto del primer cuatrimestre de 2019 “no contempla el incremento de salarios a determinados empleados acordado por la gerente”. Y tampoco el órgano competente para aprobar esa modificación salarial, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, modificó las tablas retributivas de 2017 para ese ejercicio, por lo que en 2019 esos conceptos salariales estaban “plenamente vigentes” y eran “de obligado cumplimiento”. Val, afirma, “se atribuyó unas competencias que no le correspondían” y en su declaración ante el juez “faltó a la verdad” al afirmar que estaba facultada para tomar esa decisión tanto por el reglamento interno del partido como por el techo de gasto salarial recogido en los presupuestos morados.

Cánovas considera que la documentación aportada al juez por Podemos y la propia declaración judicial de Val “demuestran que la gerente decidió crear unilateralmente en 2019 no solo los dos complementos salariales a los que se refería la denuncia” del ex abogado de la formación José Manuel Calvente, “sino también otros complementos no contemplados en las tablas salariales”.

Entre ellos, un plus de coordinación productiva de 210 euros, otro de implementación de imagen corporativa (300 euros), uno de coordinación informática (210), otro de coordinación de redes (210) y varios más de coordinación audiovisuales (157) y responsabilidad comunicación (300), entre otros. Todos, subraya, “totalmente arbitrarios” y ajenos a esas tablas retributivas en vigor.

“Es inaceptable”

La decisión de Val de “subir notablemente los salarios de algunos empleados de su entorno por encima de los límites y conceptos establecidos por la tabla salarial vigente”, asegura la recurrente, “es totalmente contraria a los principios de prudencia y de contención presupuestaria a la vista de que los sondeos para las elecciones del 28 de abril de 2019 no auguraban un buen resultado para el partido Podemos, como así fue”.

De ahí que considere que su actuación, “en coordinación con el tesorero Daniel de Frutos, ambos beneficiados por esa subida salarial irregular”, encaja en el tipo penal de la administración desleal del patrimonio del partido.

“Es inaceptable que la gerente y el tesorero convaliden sus propios actos ilícitos alegando que las cuentas han sido aprobadas por ellos mismos”, hace hincapié la acusación particular. “Una prueba de la arbitrariedad de la gerente”, añade, es que la entonces abogada de Podemos Mónica Carmona (que también fue despedida junto con Calvente cuando investigaban supuestas irregularidades contables) “no cobraba dicho complemento a pesar de ser la Responsable de Cumplimiento Normativo del partido”.

Para la letrada, además, “la imputación deberá extenderse a aquellas personas que hayan intentado autorizar la subida salarial” aprobando la ejecución presupuestaria.

Para Cánovas ni la Gerencia ni el Consejo de Coordinación tenían competencias estatutarias para acordar la modificación de los importes y conceptos salariales aprobados en 2017, que permanecían vigentes en 2019, “porque las subidas salariales forman parte de las partidas presupuestarias que debe aprobar el Consejo Ciudadano Estatal”.