Prisiones reconoce que 146 presos de ETA recibieron beneficios sin el aval de las juntas de tratamiento

El secretario general de Instituciones Penitenciarias destaca que se “modificó el criterio” al no ser coincidente en esos casos

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska
El ministro de Interior, Fernando Grande-MarlaskaJuan Carlos HidalgoEFE

Cuando los diputados preguntan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por qué motiva el acercamiento de cada “viernes de dolores” de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco o por los beneficios penitenciarios siempre repite una consigna: “Se hace siempre acorde a la ley”, negando que forme parte de una deuda con EH Bildu y que las decisiones siempre se hacían acorde a lo que dictan las “las juntas de tratamiento”.

Sin embargo, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha desvelado hoy en la comisión de Interior del Congreso que ronda en torno al 13% las decisiones tomadas sobre presos de ETA por el organismo dependiente del Ministerio del Interior sin coincidir con el criterio de las juntas de tratamiento de las cárceles, una cifra “exactamente” igual que en el resto de condenados con privación de libertad.

Según los cálculos de la AVT se han llevado a cabo hasta ahora, el último el pasado viernes, un total de 212 traslados que corresponden a 176 etarras -algunos de los terroristas han sido trasladados en más de una ocasión-. En concreto, al País Vasco, donde el Gobierno nacionalista pasa a tener las competencias de prisiones o en Navarra se han llevado a cabo un total de 52 de los cuales 12 se han llevado a cabo como consecuencia del tercer grado y 6 por enfermedad. Hay 34 que desde la asociación de víctimas denuncian que se han hecho “porque sí”.

De los etarras que cuentan con delitos de sangre se han efectuado un total de 86 acercamientos que corresponderían a 80 presos y que tienen a sus espaldas 262 víctimas y 187 atentados.

Presión de la oposición

Tanto PP, Vox como Cs han presionado al secretario general de Instituciones Penitenciarias durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para que diera cuenta sobre la política penitenciaria de acercamiento de los presos de ETA desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz de PP en la comisión de Interior, Ana Vázquez no daba crédito: “Acaba de reconocder que tomó decisiones de beneficios penitenciarias en 146 casos en contra de las juntas de tratamiento. No tienen vergüenza”.

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith defenfió que no se pueden aplicar a los etarras los mismos criterios que a los etarras porque “son más que asesinos”. “El asesinato, extorsión es el medio político para lograr sus fines”.

Pero Ortiz ha rechazado que se aplique un trato diferente a los presos de ETA, porque, apuntó, “la ley no permite hacer esta diferenciación por tipo de delito”. También se ha detenido en el papel de las juntas de tratamiento, los órganos colegiados con técnicos del ámbito penitenciario que proponen cuestiones como el traslado de prisiones, algo que es potestad de Instituciones Penitenciarias.

Desde junio de 2018, fecha en la que llegó Sánchez a Moncloa y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, las juntas de tratamiento han resuelto 1.740 propuestas en “materia de condenados por delitos de terrorismo”, de las que 1.050 han requerido resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como centro directivo. Según los datos de Ortiz, de estas 1.050, el 86% (904) se han resuelto por Instituciones Penitenciarias de “manera idéntica” a las juntas de tratamiento, y en aproximadamente un 13% (146) “se ha modificado el criterio” al no ser coincidentes. “Es exactamente el 13% en otro tipo de delitos; estamos aplicando los mismos criterios jurídicos y la misma interpretación que con el resto de delitos”, apuntó.

Además, Ortiz destacó que “no hay ninguna decisión judicial en contra por ninguno de los traslados”, que ha explicado que son los juzgados de lo contencioso-administrativo --y no los jueces de vigilancia penitenciaria-- quienes tendrían que resolver en el caso de recurso sobre la decisión de la administración a la hora de elegir la cárcel, algo que, según ha dicho, cumplen por exigencia del artículo 12 de la ley orgánica penitenciaria.

Víctimas

El secretario general ha recordado que las propias asociaciones de víctimas del terrorismo -una de ellas Covite- han reconocido que Fernando Grande-Marlaska es el primer ministro del Interior que les informa de traslados de presos de ETA y también beneficios penitenciarios como el tercer grado o la libertad condicional, subrayando que es en estos últimos casos donde la ley requiere el arrepentimiento del preso y la colaboración con la Justicia, de ahí que se tengan en cuenta las cartas y escritos de los condenados.

Tras mostrar su “profundo respeto por todas las víctimas” y recordar que tiene una carrera como juez de 44 años, Ortiz ha respondido a las críticas del PP, que ha hablado de “pacto ignominioso” de Sánchez con sus socios de Gobierno. Lo ha hecho citando a etarras como Domingo Troitiño, Iñaki Arakama o Iñaki Bilbao, todos ellos acercados de prisión por gobiernos del PP. “La diferencia entre lo que hacían ustedes y ahora es que entonces no informaban a la opinión pública ni a las víctimas, nosotros sí, con luz y taquígrafos”.

A petición de Ciudadanos, Ortiz se ha mostrado partidario de abrir la justicia restaurativo a víctimas de ETA, pero advirtiendo que estos encuentros con los presos son voluntarios y hay que abordarlos con “delicadeza”. “Nunca haremos excepciones en esta materia”, informa Ep.